Con pacientes que esperan durante días en emergencias y quirófanos que no pueden aprovecharse plenamente por falta de anestesiólogos, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) evalúa contratar servicios privados para ampliar su capacidad de atención.
El análisis de la institución ocurre en un contexto en el que hay crisis de especialistas, listas de espera con cerca de 1,5 millones de casos y además, sobreocupación en los servicios de emergencias de hospitales nacionales y regionales donde muchos pacientes esperan sentados, incluso por días, por un internamiento o una intervención.
Mónica Taylor Hernández, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, se refirió a esta posibilidad como parte de las medidas que implementa la institución para atender la situación que se vive en los centros médicos costarricenses.
Además de esto, indicó que se trabaja en la derivación de pacientes a otros centros médicos y la implementación de nodos, que son estrategias organizativas y redes de articulación que conectan a varios centros de salud. No obstante, la dirección médica de un hospital nacional indicó que estas acciones hasta ahora no han impactado la saturación que se vive en los hospitales.
“Vamos a tener que optar por la contratación de estos servicios a terceros”, afirmó Taylor. La aseveración ocurrió luego de que la presidenta ejecutiva señalara que el tema de listas de espera y saturación ha persistido durante años.
Jerarcas de hospitales han relatado a La Nación que, debido a la cantidad de emergencias que reciben, las personas que están en listas de espera tienen que aguardar más. Al mismo tiempo, se genera un listado paralelo cuando pacientes que requieren pronta atención interponen recursos de amparo ante la Sala Constitucional.
Anteriormente, autoridades hospitalarias afirmaron que los pacientes se están muriendo muriendo y que se está llegando a un punto crítico por la saturación.
Los pacientes permanecen durante días en los servicios de emergencias de hospitales nacionales y regionales, debido a las dificultades para trasladarlos oportunamente a hospitalización o someterlos a una cirugía.
Según han relatado directores médicos, pacientes y familiares, entre las principales causas de estos atrasos figuran la falta de especialistas, el aumento de la demanda, las limitaciones de infraestructura y las condiciones de pago de las jornadas extraordinarias, que dificultan atraer personal.
Mónica Taylor comentó que se están revisando las tablas de la modalidad de pago para esas jornadas.
Refuerzo en el INS y el sector privado
Mónica Taylor también prometió que habrá un cambio importante con la priorización clínica en vez de la lista de antigüedad.
El Ministerio de Salud creó un reglamento para gestionar las listas de espera y priorizar la atención de los pacientes según su condición clínica, en lugar de hacerlo únicamente por el orden que ocupan en la lista. La disposición abarca a quienes esperan una consulta, un diagnóstico, un tratamiento o una cirugía.
En agosto, Salud informó de que los prestadores de servicios de salud, tanto públicos como privados, disponían de seis meses para elaborar, aprobar y comenzar a ejecutar un plan institucional de gestión de listas de espera.
Ante la saturación de los servicios de salud y las dificultades para priorizar la atención de los pacientes, Taylor reiteró que una de las alternativas es recurrir al Instituto Nacional de Seguros (INS) o al sector privado. “Ahí sería también ver la posibilidad que tenemos nosotros de reforzar a través del Instituto Nacional de Seguros (INS) o a través del sector privado”, comentó.
La presidenta ejecutiva agregó que otra opción que contemplan es reunirse con la Universidad de Costa Rica (UCR) y con el Colegio de Médicos y Cirujanos para que les autoricen permisos temporales a médicos y así poder ampliar la oferta de doctores para no tener que escoger entre una lista y otra.
Para la Unión Médica Nacional, esto se trataría de brindar permisos a médicos extranjeros. En su criterio, a ellos no se les pueden exigir menos requisitos que a los doctores costarricenses. Según Randall Cabrera, presidente de ese sindicato, esto “sería ilegal”.
La Nación envió consultas al respecto a la UCR y al Colegio de Médicos, sin embargo, no se obtuvo respuesta al cierre de edición. También se solicitó una reacción del INS para conocer cómo podrían apoyar a la CCSS y cuánto costaría, no obstante, no se obtuvo respuesta.

Medida podría traer resistencia en médicos
Para la dirección médica de un hospital nacional, que solicitó el resguardo de su identidad, contratar servicios privados podría acarrear una resistencia interna severa por parte del personal de la Caja, sobre todo si el servicio tercerizado se paga a un mayor precio.
La fuente afirmó que desde su posición de autoridad se adaptaría a las opciones porque lo importante es resolverles a los pacientes. No obstante, reconoció que podría haber incluso renuncias de los trabajadores actuales.
“Sé que eso va a debilitar más nuestros procesos, no sé si tienen contempladas las complicaciones de los internamientos, insumos de contrataciones específicas como las de ortopedia por consignación, los controles de todo esto. Es probable que los cirujanos se sindicalicen si los ponen a resolver complicaciones (ocurridas en el sector privado y que les lleguen a la CCSS)”
— Dirección de hospital nacional
La Unión Médica Nacional afirmó que nunca apoyará lo que califican como la privatización de servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Randall Cabrera, presidente de ese sindicato médico, indicó que la institución cuenta con el personal para atender las listas de espera.
Cabrera citó la modalidad CUMCAS-PIB con la que los profesionales trabajaron en el pasado: ganaban un poco más de dinero y, según inidicó, iban sacando adelante estos listados. Autoridades de la Caja han argumentado que los funcionarios se resisten a trabajar en jornadas extraordinarias porque consideran insuficiente la remuneración.
Cabrera, por su parte, firmó que los médicos “siempre están anuentes a ponerse la camiseta”.
“Le puedo asegurar que muchas de esas contrataciones privadas van a terminar siendo más caras a la institución que hacer los programas que ya tenía la institución en el pasado. Y eso porque obviamente implica no solo el pago, sino el atraso o las complicaciones que los pacientes pueden tener”.
— Randall Cabrera, Unión Médica Nacional
Una fuente con conocimiento de la gestión de los servicios de salud agregó que la situación que se vive en los centros médicos exige revisar las estrategias institucionales para evitar que las limitaciones de capacidad resolutiva terminen “favoreciendo una mayor dependencia de los servicios privados”, lo que terminaría con un impacto económico en el sistema.
¿Qué servicios podría contratar la Caja?
Entre las alternativas que analiza la institución está la contratación de procedimientos ambulatorios y servicios de lectura de ultrasonidos, según explicó Taylor durante una conferencia de prensa. La Nación envió nuevas consultas para ampliar esta información. Sin embargo, al cierre de edición no se recibió respuesta.
La presidenta ejecutiva señaló que la Junta Directiva está valorando esta posibilidad y que espera poder implementar algunas de estas modalidades antes de que finalice el año. Reconoció que hay pacientes que deben esperar dos o tres meses para obtener la lectura de un ultrasonido.

“Difícilmente puede responder al total de la lista de espera”
Massimo Manzi, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud, aseguró que el sector privado está dispuesto a apoyar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para mejorar el acceso de la población a los servicios de salud, como lo hizo durante la pandemia de covid-19 y la protesta de médicos especialistas.
Explicó que los centros privados tienen capacidad para ofrecer consultas, cirugías, procedimientos diagnósticos y exámenes de laboratorio, aunque señaló que corresponde a la CCSS definir las condiciones económicas de una eventual contratación.
Manzi reconoció que, si bien el sector privado dispone de capacidad instalada que actualmente no utiliza y que podría poner a disposición de la Caja, esta “difícilmente puede responder al total de las listas de espera”.
“Sin embargo, creemos que el sector privado sí puede ayudar a disminuir de manera significativa esta problemática”, comentó.
La CCSS todavía no ha precisado cuáles servicios evalúa contratar ni qué pacientes podrían beneficiarse. La Nación solicitó esos detalles a la presidenta ejecutiva de la institución, pero al cierre de edición no había recibido respuesta.
¿Cuál sería la solución según dirección de hospital y sindicato?
La dirección médica de un hospital nacional señaló que una alternativa para reducir las listas de espera es aprovechar los quirófanos con los que ya cuenta la CCSS. Sin embargo, advirtió de que, aunque disponen de cirujanos, la falta de anestesiólogos impide utilizar plenamente esa infraestructura.
Ante esta limitación, consideró necesario recurrir a la contratación de servicios privados que incluyan quirófanos y especialistas para atender a los pacientes pendientes de una cirugía.
“Si yo destinara un quirófano fijo día y tarde, en seis meses dejo en cero la lista por especialidad”, explicó la autoridad hospitalaria.
También insistió en la necesidad de incorporar más anestesiólogos a la Caja, pues estos profesionales son indispensables para distintos procedimientos médicos.
“Los necesitamos para cirugía, gastroenterología, electrofisiología. Los cirujanos quieren operar, pero hay una lucha entre anestesia y el resto del país: desde el 2023 cuando se fueron a huelga”, afirmó.
Por su parte, la Unión Médica Nacional planteó que la solución pasa por aprovechar el personal con el que ya cuenta la CCSS, pero ofreciéndole condiciones laborales que incentiven su participación en la atención de las listas de espera.
Listas de espera de la CCSS
Para el 31 de agosto, los datos más recientes disponibles, la espera quirúrgica llegó a 213.402 casos, con un plazo promedio de atención de 447 días. La lista de consulta externa fue de 384.940 casos, con una espera media de 564 días.
A esto se suman los 873.572 casos de procedimientos pendientes, según datos de marzo, pues en la actualización de agosto no se contemplan. Entre todos ascienden a 1.471.914 casos en lista de espera.
