El Poder Ejecutivo modificó el reglamento para elegir y nombrar a los representantes de los sectores laboral y patronal ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La reforma establece nuevas exigencias documentales, delimita las facultades del Consejo de Gobierno para revisar las designaciones sindicales y crea un mecanismo para prorrogar provisionalmente nombramientos anteriores.
Los cambios están contenidos en el Decreto Ejecutivo N.° 45985-MP, publicado el lunes 9 de noviembre de 2026 en el Alcance N.° 148 a La Gaceta N.° 212. La disposición modifica el artículo 6 y agrega el artículo 6 bis al reglamento original, establecido mediante el Decreto Ejecutivo N.° 44639-MP, publicado el 10 de setiembre de 2024.
¿Qué decía el reglamento anterior y qué establece el nuevo?
1. De comunicar un nombre al presentar un expediente certificado
El artículo 6 del reglamento de 2024 establecía que una vez realizada la asamblea de elección, el sector correspondiente debía comunicar al Consejo de Gobierno el nombre de la persona designada en un plazo máximo de tres días naturales.
La reforma mantiene ese plazo, pero amplía los documentos que deben remitirse.
Ahora, además del nombre, las organizaciones deberán presentar una copia íntegra y certificada del expediente de designación.
Este expediente deberá contener las pruebas y los atestados que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 6, 7 y 11 de la Ley Constitutiva de la CCSS.
También deberá incorporar las actas completas de las asambleas, las mociones presentadas, los acuerdos adoptados y los informes o estudios que sustentaron la elección.
Entre esos documentos se incluyen los relacionados con la valoración de la honorabilidad y las competencias económico-sociales de la persona designada.
El nuevo reglamento exige, además, una explicación detallada del procedimiento de valoración. Esta deberá identificar los criterios aplicados, las personas que intervinieron, sus cargos y el grado de participación que tuvieron en el proceso.
La documentación escrita deberá contar con certificación de un notario público, con vista de los documentos originales.
La explicación de la valoración también tendrá que estar firmada por las personas responsables del procedimiento.
2. El Gobierno tendrá límites para revisar los nombramientos sindicales
Otra modificación del artículo 6 establece una distinción entre los requisitos que puede verificar el Consejo de Gobierno y aquellos cuya valoración corresponde al movimiento sindical.
El reglamento original contemplaba una revisión general del cumplimiento de los requisitos legales y de gobierno corporativo de las personas designadas.
La reforma delimita expresamente esa facultad cuando se trata de representantes del movimiento sindical.
En estos casos, el Consejo de Gobierno únicamente podrá verificar requisitos objetivos y formales de mera constatación, como prohibiciones, incompatibilidades e impedimentos establecidos por ley.
Por el contrario, no podrá valorar conceptos jurídicos indeterminados o subjetivos, entre ellos la “máxima honorabilidad” y las “competencias económico-sociales”.
La valoración de esas condiciones corresponderá exclusivamente a las organizaciones sindicales responsables de la designación.
El decreto también establece que las organizaciones proponentes y sus responsables asumirán de pleno derecho las responsabilidades civiles, administrativas o penales derivadas de esa valoración, según corresponda.
3. El expediente será obligatorio antes de formalizar el nombramiento
La reforma introduce otra condición en el procedimiento de nombramiento.
El artículo 6 reformado establece que el Consejo de Gobierno no formalizará la designación hasta recibir el expediente con la valoración completa de los requisitos correspondientes.
La documentación deberá incorporarse al expediente administrativo que sirve de fundamento para el acto formal de nombramiento.
En el reglamento anterior se contemplaba la verificación de los requisitos legales y de gobierno corporativo, pero no existía una disposición equivalente que condicionara expresamente la formalización a la entrega de un expediente certificado con el contenido ahora exigido.
4. Nuevas condiciones para llamar a los representantes suplentes
El reglamento original establecía que, cuando se presentaran las circunstancias previstas en el artículo 9 de la Ley Constitutiva de la CCSS (entre ellas, ausencias prolongadas, inasistencia injustificada a seis sesiones consecutivas, infracciones a la ley, incapacidad, renuncia o fallecimiento), el Consejo de Gobierno podía llamar y nombrar de forma interina a la persona suplente elegida por la asamblea.
La reforma agrega un trámite previo a esa juramentación.
Ahora, el Consejo de Gobierno deberá solicitar al sector correspondiente un documento formal que certifique que la persona suplente mantiene las condiciones de elegibilidad y tiene disponibilidad inmediata para asumir el cargo.
El sector tendrá un plazo de tres días hábiles para entregar esa certificación.
Si no se cumplen las condiciones previstas, el procedimiento remite a las disposiciones del nuevo artículo 6 bis.
5. Se crea una prórroga provisional para representantes anteriores
La incorporación del artículo 6 bis constituye otro de los cambios del reglamento.
El decreto de 2024 no establecía un procedimiento específico para los casos en los que una representación sectorial quedara sin titular y sin suplente que pudiera asumir el cargo.
La reforma introduce la posibilidad de prorrogar provisionalmente el nombramiento inmediato anterior que haya sido válido y eficaz, mientras se completa el procedimiento ordinario de elección y juramentación.
El nuevo artículo establece un orden de consulta.
Primero, el Consejo de Gobierno deberá consultar por escrito a la persona que ocupó anteriormente el puesto de titular para determinar si acepta continuar de manera temporal.
Si esta rechaza la posibilidad, deberá consultar a la persona que ocupó la suplencia inmediata anterior.
Cuando ambas personas declinen o no exista una suplencia disponible, el Consejo de Gobierno podrá tramitar un nombramiento provisional de carácter excepcional, mediante consulta directa al sector correspondiente.
La disposición establece que la prórroga terminará cuando se elija y juramente formalmente a la nueva persona titular por el procedimiento ordinario.