El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) impulsó la contratación de un servicio de consulta en línea capaz de detallar información personal y patrimonial de los costarricenses —como ingresos, referencias crediticias y procesos judiciales en curso—, bajo el alegato de preservar la seguridad de la institución ante “eventos provocados por el hombre”.
El proceso de compra se gestionó en marzo del 2026 desde el Centro Coordinador de Operaciones de Emergencia Corporativa (CCOEC), que responde directamente a la Presidencia Ejecutiva del ICE.
Correos electrónicos internos, en poder de este diario, revelan los alcances de la contratación lanzada desde una dependencia, cuya finalidad es prever y evitar ciberataques.
En específico, se buscó adquirir una membresía en un sistema, donde usuarios autorizados por el CCOEC pudieran hacer al menos 150 consultas por mes para acceder a “datos personales y familiares”, “estimaciones de ingresos”, “fotografía reciente”, “referencias crediticias” y “procesos judiciales”.
Documentación interna
Así se consignó en un correo electrónico que la coordinadora administrativa de la División Estrategia y Gestión Corporativa del ICE, Verónica Pizarro Hernández, remitió el 9 de marzo anterior.
Un documento con las especificaciones técnicas, fechado el 19 de marzo del 2026 e incluido en intercambios entre funcionarios, amplió aún más este alcance.
Ese texto requería que el servicio de consulta arrojara el nombre del cónyuge, la dirección electoral, y referencias de procesos penales tanto de la persona consultada como de su “núcleo cercano”.
Incluso, la contratación fue cuestionada por la Mesa Técnica de Compras del ICE, que en el acta de aprobación de iniciativas 2026_48, del 29 de abril anterior, advirtió expresamente que la institución sería “responsable del tratamiento del dato (o corresponsable)”, y sugirió valorar la solicitud de un criterio a la División Jurídica.
La Nación envió este lunes consultas al área de prensa del ICE, así como directamente al director del CCOEC, Juan de la Cruz Brenes Solera, para que explicara la base legal que faculta a la dependencia para requerir datos personales y patrimoniales de ciudadanos, o si se atendió la sugerencia de la Mesa Técnica de Compras.
Sin embargo, al momento de esta publicación, ni la institución ni el funcionario emitieron una respuesta. Tampoco han aclarado si el trámite para acceder a esa plataforma de datos personales se concretó o si el proceso fue detenido en etapas posteriores. De igual forma, se desconoce quién iba a ser el proveedor de ese servicio.
De momento, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción tramita una denuncia de la Asociación Sindical Costarricense de Telecomunicaciones y Electricidad (Acotel) que, desde julio, solicitó investigar la presunta adquisición de ese servicio de consulta. La causa se tramita bajo el expediente N.° 26-000224-1218-PE.
‘Eventos provocados por el hombre’
Para dar fundamento al trámite, en otro correo electrónico del 8 de marzo del 2026, Pizarro Hernández adujo ante la Mesa Técnica de Compras del ICE que el acceso era un insumo estratégico para proteger los activos frente a “eventos provocados por el hombre” y situaciones que involucraran el “uso ilegal de tecnologías”.
Dos días después, el 10 de marzo, poco antes del mediodía, Karla Aguilera, del área administrativa del CCOEC, solicitó por correo “el visto bueno de la Dirección” para continuar el proceso de compra de esa suscripción.
Casi una hora después, a las 12:56 p. m., el director del CCOEC, Juan de la Cruz Brenes Solera, emitió su autorización por correo electrónico: “Buenas tardes, se autoriza”.
Unos días antes, el 26 de febrero, Vanessa Leal Gamboa, coordinadora de presupuesto de la División Estrategia y Gestión Corporativa, ya había emitido una certificación por ¢1,5 millones anuales para financiar esa compra, bajo la modalidad de contratación directa de escasa cuantía según demanda y prorrogable cinco años más.
Sindicato pide destitución y recuerda condena del 2011
La gestión del CCOEC provocó la reacción de la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones (Anttec), que exigió “la separación inmediata del coordinador de la unidad ante la gestión de una base de datos de ciudadanos”, según un comunicado de prensa divulgado la semana anterior.
La agrupación sindical calificó la situación como de “especial gravedad”, recordando que recabar información debe responder a finalidades “determinadas, legítimas y claramente definidas, respetando las garantías establecidas para la protección de sus titulares”, en apego a la Ley N.º 8968, Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales.
El pronunciamiento sindical trajo a colación un antecedente que pesa sobre el actual director de esa dependencia. En el 2011, la Sala Constitucional condenó al ICE (resolución N.° 2011-006571) por actos de seguimiento y vigilancia contra el entonces dirigente sindical Jorge Arguedas, al concluir que la entidad irrumpió arbitrariamente en la esfera privada del ciudadano arrogándose facultades policiales.
En esa ocasión, el tribunal le advirtió directamente a Juan de la Cruz Brenes Solera abstenerse de repetir dicha actuación ilegítima.
“Ese antecedente obliga hoy a actuar con muchísima mayor rigurosidad, transparencia y responsabilidad”, recalcó Anttec.