La marcha de educadores del miércoles 11 de noviembre provocó la suspensión de clases y afectó servicios en centros educativos públicos de Costa Rica. El Ministerio de Educación Pública (MEP) reportó 36.994 ausencias de funcionarios, según el corte realizado a las 11:00 a. m. de este jueves 12 de noviembre.
La institución también registró 175 comedores escolares que no abrieron, problemas de limpieza y seguridad en más de 800 centros educativos y afectaciones en la atención de 438 estudiantes con discapacidad.
De acuerdo con el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, las ausencias representan entre el 30% y el 35% del personal del MEP. Sin embargo, el jerarca señaló que no todos los funcionarios ausentes necesariamente participaron en la marcha realizada en San José.
El movimiento reunió a docentes, estudiantes y organizaciones sindicales, quienes exigieron mayor presupuesto para la educación pública, el pago de deudas estatales y ajustes en salarios y pensiones.
La marcha comenzó a las 9:00 a. m. en el parque La Merced y avanzó hasta la plaza de la Democracia, frente a la Asamblea Legislativa.
MEP solicita determinar legalidad de la huelga
Ante las afectaciones reportadas, el ministro de Educación trasladó un informe a la Procuraduría General de la República durante la noche del miércoles 11 de noviembre.
El documento reúne información sobre las ausencias y las interrupciones de servicios educativos. Su propósito es respaldar el procedimiento judicial para determinar la legalidad o ilegalidad del movimiento.
Según explicó Sánchez, la normativa establece obligaciones para los sindicatos y las autoridades educativas antes, durante y después de una huelga.
La institución espera que la Procuraduría remita la documentación al Juzgado de Trabajo este jueves 12 de noviembre, para que esa instancia valore los elementos presentados y resuelva sobre la legalidad del movimiento.
Presidenta Laura Fernández anunció rebajos salariales
La protesta también generó una reacción del Poder Ejecutivo.
Durante la conferencia de prensa de ayer miércoles en Casa Presidencial, la presidenta Laura Fernández anunció rebajos salariales para los funcionarios que participaron en la huelga.
La mandataria cuestionó los motivos de la movilización y criticó a los dirigentes sindicales.
