La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) retomó este viernes 13 de noviembre sus sesiones ordinarias, después de varias semanas sin reunirse. La reanudación ocurrió tras la prórroga del nombramiento de Roger Rivera Mora como representante sindical pro tempore, pese a que la Sala Constitucional anuló anteriormente su designación temporal.
El Consejo de Gobierno aprobó la prórroga el 11 de noviembre, con fundamento en una reforma reglamentaria publicada dos días antes en La Gaceta. La decisión permite que Rivera permanezca provisionalmente en el cargo mientras se tramita el nombramiento de la persona elegida por el movimiento sindical.
El decreto fue firmado por Francisco Gamboa, primer vicepresidente de la República, y Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia y de Hacienda.
Desde el pasado 9 de junio, Rocío Alfaro Molina, exdiputada del Frente Amplio (FA), fue elegida por los sindicatos como su representante ante la Junta Directiva de la CCSS. Sin embargo, el Consejo de Gobierno aún no la juramenta.
El acuerdo consta en la certificación PR-SCG-CERT-0227-2026, emitida por la Secretaría del Consejo de Gobierno. El documento establece que la medida finalizará cuando se formalice el nombramiento y la juramentación del nuevo representante sindical.
El pasado 24 de setiembre, la Sala Constitucional anuló esa designación temporal y ordenó tramitar la de Alfaro. Aquí la sentencia de la Sala IV:
Directivos plantearon dudas sobre la legalidad de la medida
Durante la sesión ordinaria número 9615, el director jurídico institucional de la CCSS, Gilbert Alfaro, explicó que el Ejecutivo utilizó las facultades del nuevo artículo 6 bis del reglamento para extender un nombramiento anterior.
La explicación generó inquietudes sobre la constitucionalidad de la reforma y sus posibles consecuencias para las decisiones adoptadas por la Junta Directiva.
Una directiva consultó si una eventual declaratoria de inconstitucionalidad podría provocar la nulidad de los acuerdos aprobados durante las sesiones.
El director respondió que la normativa está vigente y que las actuaciones de la Junta Directiva se sustentan en el ordenamiento jurídico actual. A su criterio, una eventual anulación del reglamento no necesariamente invalidaría los acuerdos, aunque sus efectos dependerían de lo que resolviera la Sala Constitucional.
Durante la sesión también señalaron que abordarían asuntos de carácter confidencial, por lo que parte de la discusión se realizaría de manera reservada.
Conflicto por representación sindical llegó a la Sala Constitucional
El conflicto comenzó el 9 de junio de 2026, cuando el Movimiento Sindical Costarricense eligió a la exdiputada del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro Molina, como representante titular y a Martha Rodríguez González como suplente.
El Consejo de Gobierno rechazó ambas designaciones el 24 de junio, tras cuestionar el cumplimiento de requisitos relacionados con la honorabilidad, la competencia en materias económico-sociales y posibles conflictos de interés.
Posteriormente, la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, planteó la posibilidad de solicitar un nombramiento temporal ante la falta de representación sindical.
El Consejo de Gobierno nombró a Roger Rivera Mora como representante sindical pro tempore el 12 de agosto de 2026. La designación permitió su participación en la sesión de la Junta Directiva de la CCSS del 18 de agosto, pese a que la Sala Constitucional anuló días antes el acuerdo mediante el cual el Ejecutivo rechazó el nombramiento de Rocío Alfaro Molina.
A finales de setiembre, en la resolución n.° 2026036620, la Sala Constitucional acogió parcialmente un recurso de amparo a favor de Rocío Alfaro. Anuló el nombramiento pro tempore de Roger Rivera Mora y ordenó al Consejo de Gobierno tramitar, en un plazo máximo de ocho días, la designación sindical de Alfaro. El tribunal consideró que el Ejecutivo no puede objetar las designaciones de los sectores laboral y patronal, conforme al artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS.
Reforma permitió extender nombramientos vencidos
Más de un mes después de la orden de la Sala Constitucional, el 9 de noviembre, en el diario oficial La Gaceta, el Gobierno modificó las reglas de integración de la Junta Directiva mediante el decreto ejecutivo N.° 45985-MP.
La normativa permite extender provisionalmente el nombramiento del último representante titular válido cuando un sector carezca de representación titular y suplente.
El procedimiento establece que la Secretaría del Consejo de Gobierno debe consultar primero al anterior representante titular. Si acepta continuar, el Ejecutivo formaliza la prórroga. En caso contrario, se consulta al último suplente.
Si ninguno acepta, el Gobierno puede aplicar un mecanismo excepcional de nombramiento provisional, con participación del sector correspondiente.