La Fiscalía General de la República abrió una causa penal en contra del ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, por el presunto delito de tráfico de influencias, en relación con la intervención realizada para que la comunidad de Turrúcares avale la instalación de un relleno sanitario en ese distrito del cantón central de Alajuela.
En respuesta a este diario, la Fiscalía General indicó que “a raíz de las informaciones divulgadas y de una denuncia recibida, abrió una causa contra el ministro Chaves, dentro del expediente 26-000116-0033-PE, por el presunto delito de tráfico de influencias”.
Agregaron que el expediente se encuentra en etapa de investigación por lo que no es posible brindar mayores detalles, ya que dicha fase es privada.
El pasado 4 de noviembre, Rodrigo Chaves, acompañado de varios jerarcas del Gobierno, se presentó ante los vecinos de Turrúcares para defender la instalación del relleno sanitario a cargo de la empresa EBI, al que denominaron “parque de tecnología ambiental”.
Durante ese evento, Chaves presentó una serie de obras que incluían desde un colegio técnico, arreglos y ampliaciones en dos rutas nacionales, mejoras en puentes e inversiones para centros de cuido infantil y de adultos mayores por un monto cercano a los ¢6.000 millones.
El exmandatario incluso giró órdenes a jerarcas de Educación, Leonardo Sánchez y de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, a quienes les pidió determinar plazos para la ejecución de los proyectos ofrecidos.
Chaves indicó durante ese acto y tras anunciar las obras que “la oferta” vencía “pronto”, en relación al plazo que tenían los regidores de Alajuela de retirar los procesos de lesividad, que suspendieron los usos de suelo otorgados a EBI.
“Yo vine aquí a ofrecer (...) Esta es una oferta que se vence pronto: porque en el momento que el ministro de Hacienda (él) tenga que depositar ¢2.000 millones para ir a defender un litigio internacional producto de chorizo, estupidez o lo que sea, en ese momento la oferta se retira de la mesa.
“Ya saben, en el momento que el Ministerio de Hacienda tenga que girar ¢2.000 millones... antes del 2 de diciembre que ya empieza la convocatoria (del litigio); o sea, esto (la oferta) dura 15 días, 22 días”, insistió Chaves.
En esa sesión, el jerarca dijo que EBI se comprometió a retirar un arbitraje en contra del Estado en el momento que la Municipalidad de Alajuela desista los procesos de lesividad.
Los ofrecimientos condicionados por el Gobierno a la aceptación del relleno sanitario generaron molestia entre los vecinos del cantón.
El terreno donde se ubicaría el relleno sanitario se ubica a unos 6 kilómetros del centro de Turrúcares en la localidad de San Miguel, aunque Chaves prometió que los camiones de basura no atravesarían el distrito, la empresa confirmó a este diario que aún no ha definido la ruta que seguirían para el traslado de los residuos, ni tampoco ha adquirido terrenos para una eventual solución vial.
