Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público aprobaron una moción para convocar al expresidente Luis Guillermo Solís Rivera a rendir cuentas por el acuerdo conciliatorio de 2015 entre el Estado y Autopistas del Sol, concesionaria de la ruta 27, hoy Globalvía.
Los legisladores investigan dentro de esa comisión los efectos que dicha operación tuvo para la hacienda pública y que según explicó este jueves el economista experto en infraestructura Federico Villalobos, podría representar un pago para el país de alrededor de $470 millones al término del contrato de concesión vigente en el 2033.
La moción aprobada por los legisladores incluye además la convocatoria de la contralora Marta Acosta. En caso de que ella no pueda asistir (Acosta se encuentra incapacitada), deberá hacerlo el subcontralor Bernal Aragón.
La representación de la Contraloría, deberá brindar detalles de las actuaciones de ese órgano en el refrendo de las adendas al contrato de concesión que surgieron tras el acuerdo, además explicar a los diputados las observaciones y advertencias que habría formulado la División de la Contratación Administrativa al Consejo Nacional de Concesiones durante el proceso.
“Precisar cuáles fueron comunicados al entonces ministro de Obras Públicas y Transportes y explicar las actuaciones realizadas para verificar su atención. Deberá indicar además si se identificaron posibles incumplimientos, ilegalidades o responsabilidades y qué acciones de fiscalización o procedimientos se promovieron al respecto”, agrega la moción.
En el caso del expresidente Solís, los legisladores expusieron que deberá explicar las actuaciones y decisiones del Poder Ejecutivo en especial los antecedentes, la justificación y los alcances del acuerdo conciliatorio suscrito en el 2015.
Junto a Solís también deberá comparecer el exsecretario de Concesiones Jorge Mora, quien estuvo al frente de ese consejo durante el período en que se suscribió el acuerdo.
En la moción aprobada este jueves no se incluyó al exministro Carlos Segnini, que era el jerarca al frente del MOPT al momento de la aprobación de las adendas.
Tras conocer la convocatoria, Solís aseguró que acudirá tal y como lo ha hecho en otras ocasiones.
“Acataré respetuosamente esta obligación de rendición de cuentas. Esa debe ser, en mi opinión, la actitud de todo funcionario público cuando es requerido para que explique sus actos en el ejercicio de su cargo”, manifestó.
¿Que ocasionó la adenda?
El acuerdo conciliatorio que forma parte de los eventos que investigan los diputados, se suscribió en el 2015 para evitar un arbitraje producto de un reclamo de la concesionaria por obras adicionales ejecutadas tras la puesta en servicio de la carretera.
El reclamo original de la concesionaria era por $90 millones pero tras la conciliación se acordó un pago de $43 millones.
Sin embargo, según explicó Villalobos, ese monto se sumó al contrato original de la concesión, por lo que el costo total del proyecto pasó de $258 millones a $301,4 millones, que deberían descontarse según las fórmulas iniciales para el cálculo del pago a la concesionaria, expresado en valores del año 2000, que fue cuando se firmó el contrato inicial.
Aunque para 2026 la concesionaria habrá recaudado unos $1.200 millones, la fórmula aplicada reconoce únicamente $260 millones como amortización. Sin la adenda, el país habría terminado de pagar este año los $258 millones del contrato original.
Sin embargo, según los cálculos del economista, al sumar los $43 millones y aplicar las fórmulas del acuerdo original para calcular el valor presente de los ingresos, el país acumularía una deuda de $470 millones en 2033, cuando vence la concesión.
Villalobos explicó que además ese monto tiene la particularidad de que son recursos garantizados, lo que significa que bajo la circunstancia que ocurra, el Estado debería pagarlo al vencer el contrato.
Al ser consultado por los legisladores sobre si las condiciones en las que se negoció dicho acuerdo podrían haber sido abusivas, Villalobos sostuvo que el rendimiento negociado podría estar “por encima” de lo que usualmente se espera en este tipo de mecanismos de obra pública, debido al riesgo que finalmente se está asumiendo.
“A partir del 2027 hasta el 2033 ya entramos en el terreno donde el riesgo de demanda es inexistente, porque está garantizado, entonces, si a mi me dicen que vamos a hacer una concesión o una APP, donde pagamos un rendimiento mayor, pero no se transfiere el riesgo, yo diría que financieramente no es un buen buen negocio para las finanzas públicas, porque estoy pagando un rendimiento mayor, pero no estoy transfiriendo un riesgo”, explicó.
La próxima audiencia sobre este tema, a la que debería asistir el expresidente y demás comparecientes estaría convocada para el próximo jueves 12 de noviembre.