El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (Colper) y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) se pronunciaron este jueves tras la amenaza de la presidenta Laura Fernández de demandar al periodista de La Nación responsable de los reportajes sobre la compra de Bomberos de 40 ambulancias por ¢6.500 millones.
Las organizaciones defendieron el derecho de la prensa a fiscalizar la gestión gubernamental y recordaron que las autoridades tienen la obligación de responder las consultas sobre contrataciones públicas y el uso de recursos del Estado.
El pronunciamiento surgió después de un intercambio entre Fernández y el periodista Cristian Mora, de este medio de comunicación pero quien no es el autor de las investigaciones, durante la conferencia de prensa del miércoles 11 de noviembre, en Casa Presidencial.
Mora preguntó a la mandataria si estaba de acuerdo con que el Cuerpo de Bomberos invitara a un único oferente para la compra de 40 ambulancias, adjudicada a un consorcio tico-brasileño vinculado con dos financistas de su campaña presidencial.
Fernández no respondió directamente la consulta. En cambio, manifestó que consideraba demandar al periodista responsable de las publicaciones sobre esa contratación.
La mandataria defendió su reputación y sostuvo que el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Cuerpo de Bomberos son instituciones autónomas. También afirmó que no le corresponde conocer los mecanismos utilizados por esas entidades para realizar sus compras.
Durante la intervención presidencial, Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia y de Hacienda, gritó: “¡Prensa canalla!”. Posteriormente, varios ministros aplaudieron.
Colper recuerda fallo constitucional sobre ataques a periodistas
El Colper señaló que formular preguntas y repreguntas sobre asuntos de interés público es parte esencial del ejercicio periodístico. Por esa razón, pidió a las autoridades garantizar conferencias de prensa sin intimidaciones ni descalificaciones.
“Las conferencias de prensa deben facilitar ese ejercicio. La investidura pública no debe utilizarse para intimidar, desacreditar o promover el hostigamiento contra las personas trabajadoras de la prensa. Una pregunta incómoda no justifica una descalificación ni releva a las autoridades de su responsabilidad de rendir cuentas”, señala el comunicado del Colegio Profesional.
La organización respaldó su posición en la resolución N.º 2023-012085 de la Sala Constitucional, del 23 de mayo de 2023. En ese fallo, los magistrados establecieron que el uso de lenguaje irrespetuoso y ofensivo contra periodistas constituye una lesión a la libertad de prensa.
El Colegio recordó que los funcionarios tienen derecho a defender sus actuaciones y responder críticas. Sin embargo, deben hacerlo sin promover hostigamiento contra quienes fiscalizan la gestión pública.
También citó el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege el derecho a buscar, recibir y difundir información, así como el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Colper solicitó que las instituciones públicas respondan con información clara y verificable. Además, pidió facilitar el acceso a documentos oficiales y justificar legalmente cualquier restricción de información.
Entre sus solicitudes, el Colegio enfatizó la necesidad de evitar el uso de cargos públicos y espacios oficiales como mecanismos de presión contra la prensa, debido al riesgo de desalentar el ejercicio periodístico y propiciar la autocensura.
Iplex denuncia patrón de hostigamiento contra la prensa
El Iplex expresó su rechazo a las amenazas judiciales y las manifestaciones de hostilidad contra periodistas por investigaciones relacionadas con fondos públicos.
Según el instituto, las amenazas de demandas y las descalificaciones públicas pueden generar un efecto intimidatorio sobre el periodismo de investigación y debilitar la rendición de cuentas.
La organización sostuvo que estos episodios no son aislados. Desde 2022 documenta agresiones contra la prensa y advierte sobre dos prácticas: el hostigamiento mediante canales digitales oficiales y los discursos públicos destinados a desacreditar a periodistas.
El instituto también recordó que explicar los procedimientos de contratación del Estado constituye una obligación de los funcionarios públicos, especialmente cuando existen cuestionamientos sobre el destino de los recursos.
Como parte de su pronunciamiento, citó datos de la cuarta Encuesta sobre libertad de expresión y confianza en medios de comunicación de Costa Rica, elaborada por Proledi, Cicom y el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR).
El estudio reveló que un 58,1% de la población considera peligroso ejercer el periodismo en Costa Rica, el porcentaje más alto registrado desde 2023. Además, un 54,7% percibe que la libertad de expresión está en peligro en el país.
“Informar no puede convertirse en un ejercicio de riesgo. Cuando el Poder intimida a quien investiga, no solo ataca al periodista o al medio de comunicación, sino que atenta directamente contra el derecho de toda la ciudadanía a conocer la verdad sobre la gestión pública. El periodismo cumple una función social que ninguna red social, algoritmo o canal oficial puede sustituir: investigar, verificar, contrastar fuentes y fiscalizar al poder”, menciona el Instituto.
Ante estos resultados, el Iplex pidió al Poder Ejecutivo cesar las amenazas judiciales, el hostigamiento digital y los discursos de desprestigio contra periodistas.
Asimismo, solicitó garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo y responder con información verificable las consultas relacionadas con contrataciones estatales.