La instalación de un botadero de basura en el distrito de Turrúcares de Alajuela impactaría la operación de los vuelos que pasan por el Aeropuerto Juan Santamaría.
El riesgo en ese punto ha venido siendo analizado desde hace varios años y ya había sido advertido por la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería y por el mismo gestor de la terminal aérea el año anterior.
Según expertos de ambas dependencias, la eventual instalación del relleno sanitario que operaría la empresa EBI en la finca de Bajo Pita, en San Miguel de Turrúcares, podría atraer aves de gran tamaño hacia sectores cercanos a las rutas de vuelo.
En diciembre anterior, durante una comparecencia ante la Comisión de Alajuela, Marvin Sojo Brenes, coordinador de fauna del Juan Santamaría, explicó que Aeris analizó la ubicación del terreno tras recibir una consulta de la Cámara.
Según indicó entonces, la propiedad se encuentra en los límites del radio de 13 kilómetros alrededor del aeropuerto que el operador vigila para identificar posibles fuentes de atracción de fauna. Añadió que estar fuera de esa distancia no elimina el riesgo.
Al mostrar una carta aeronáutica de aproximación a la pista 07, Sojo señaló que existen rutas de vuelo que pasan por las cercanías de Turrúcares y del sitio donde se plantea el proyecto.
“Entonces, sí hay un riesgo importante de atracción de fauna en ese sector si tenemos un relleno sanitario”, manifestó.
Su advertencia se centró en la presencia de aves carroñeras que se verían atraídas por las instalaciones de residuos y su capacidad de elevarse mediante corrientes térmicas.
“Un relleno sanitario evidentemente va a afectar la seguridad operacional y poner en riesgo las operaciones de las aeronaves”, concluyó en esa oportunidad.
Un año después y luego de que se avivara la discusión debido a la presión del Gobierno para que la Municipalidad de Alajuela retire los procesos de lesividad que impiden a EBI avanzar con el proceso para instalar el botadero, Aeris cambió el criterio.
En el nuevo pronunciamiento, firmado por el director ejecutivo de Aeris, Ricardo Hernández, aseguró que cuando se dio la comparecencia ante los diputados, Aeris no contaba con “información técnica detallada sobre el proyecto”, incluyendo aspectos como el diseño, tecnología, modelo de operación, tratamiento y cobertura de residuos, medidas ambientales o sistemas de prevención y control de fauna.
“La evaluación realizada tuvo un carácter estrictamente preventivo. El ejercicio consistió en identificar los peligros que podrían presentarse en instalaciones de esta naturaleza bajo condiciones inadecuadas de diseño, operación o control, y no en evaluar técnicamente el proyecto específico ni determinar su compatibilidad con la actividad aeroportuaria”, aseguró el director de Aeris.
En ese documento, Hernández dijo que, tal como lo indicó el representante del gestor ante los diputados, remitieron un oficio en el que pedían el criterio ante la Dirección General de Aviación Civil; un año después, esa solicitud no ha sido atendida.
El director de Aeris reconoció que, desde la perspectiva operacional, uno de los principales aspectos a gestionar en los sitios para el manejo de residuos es la posible atracción de aves de gran tamaño, que pueden constituir un peligro para las aeronaves.
Sin embargo, alegó que ese riesgo depende de cómo este sea diseñado, construido, operado, mantenido y supervisado.
“La posición de Aeris es, y ha sido desde el inicio, estrictamente técnica, preventiva y circunscrita a nuestra responsabilidad en materia de seguridad operacional”, dijo.
Hernández insistió en que la evaluación realizada el año anterior no constituye una oposición a la construcción del relleno.
“Tampoco constituye una valoración específica del proyecto Parque Industrial Bajo Pita, cuyas características técnicas detalladas no estaban disponibles para Aeris al momento de realizar aquel análisis”, agregó.
Riesgo debe estudiarse antes
Un criterio elaborado por un experto en aeronáutica que solicitó no ser citado, al que este medio tuvo acceso, explica que la propiedad de Bajo Pita se ubica al lado sur de la aproximación final para la pista 07, que es la que se utiliza cuando los aviones vienen de oeste a este, desde el Pacífico hacia Alajuela.
Además, se ubica al oeste del despegue de la pista 25, que es la misma pista, pero usada en sentido contrario, cuando los aviones despegan hacia el Pacífico.
“El relleno sanitario quedaría a 2,6 kilómetros al sur de la trayectoria de aproximación y a unos 6 km al oeste de la trayectoria de despegue y a 16,3 km del punto de referencia de la pista”, agrega.
Según ese detalle, un avión en aproximación final para la 07 vuela entre unos 8.000 pies y 6.000 pies, en tanto un avión despegando por la pista 25 vuela entre 5.000 y 6.000 pies.
A esto se suman los aviones pequeños que vienen del paso de Parrita y helicópteros que suben por el Pacífico, cruzan Parrita, Turrúcares y entran al Valle Central por el oeste.
“Un choque con un zopilote no es como un choque con un zanate. Puede romper un parabrisas, dañar un motor y obligar a un aterrizaje de emergencia”, agrega el informe.
Además, señaló que si el riesgo aumenta, el aeropuerto tendrá que hacer más inspecciones, más dispersión de aves y, en casos extremos, cerrar pista o desviar vuelos.
El experto concluye que, si bien el relleno es requerido debido a la crisis de tratamiento de residuos que enfrenta el país, se requiere realizar los estudios para evaluar los procedimientos de aproximación y despegue, además de un estudio de peligro aviario.
La seguridad aérea no se puede improvisar después de que pase un accidente. Se previene antes (...) La pregunta no es si Costa Rica necesita un relleno sanitario, claro que lo necesita; la pregunta es si un relleno sanitario puede estar en el corredor aéreo del principal aeropuerto del país sin haber evaluado antes, uno por uno, los procedimientos de vuelo que pasan por ahí, y la respuesta es no”, concluyó.
Cámara pide no otorgar permiso
La Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Agricultura de Alajuela pidió a la Municipalidad de Alajuela no reactivar los permisos relacionados con el proyecto hasta contar con criterios técnicos de las autoridades aeronáuticas respecto a la eventual afectación aérea.
En un oficio dirigido al Concejo Municipal y al alcalde Roberto Thompson, la organización planteó que los posibles riesgos deben analizarse independientemente de la modalidad que se utilice para el tratamiento de los residuos.
En su análisis, la Cámara señala que el botadero de basura se podría llevar a cabo en tres escenarios: un relleno sanitario tradicional, una planta de incineración o coincineración industrial y un parque ambiental, y en todos los casos persistiría el riesgo.
Para el caso de un relleno sanitario, advierte sobre la posible atracción de aves carroñeras de gran tamaño, particularmente zopilotes negros, debido a la disponibilidad de residuos orgánicos.
En cuanto a una eventual planta de incineración o coincineración, señala que las emisiones de las chimeneas podrían generar corrientes térmicas ascendentes. Según la organización, estas podrían alterar las condiciones atmosféricas locales y favorecer la concentración y elevación de aves planeadoras.
Agregan que la denominación de parque ambiental no descarta por sí sola el peligro aviario, pues este tipo de instalaciones puede incluir actividades de separación, tratamiento y disposición final de residuos, incluso mediante rellenos sanitarios.
El oficio también pide considerar la cercanía del Corredor Biológico Garcimuñoz y determinar si existe conectividad ecológica o desplazamiento de especies que pueda incidir en la presencia de aves en las cercanías del aeropuerto.
Ante esas preocupaciones, la organización solicitó a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) verificar oficialmente la ubicación del terreno, su relación con las trayectorias de aproximación y salida de aeronaves y los posibles riesgos para la seguridad operacional.
También pidió que se mantengan las acciones de lesividad y las medidas preventivas relacionadas con el uso de suelo, así como suspender cualquier patente o permiso municipal vinculado con la gestión de residuos hasta contar con pronunciamientos de la DGAC y el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC).
La Nación consultó a la DGAC para conocer si respondió a la solicitud planteada por Aeris hace un año y si emitieron algún criterio sobre el impacto que podría representar para la operación aérea la operación de ese relleno sanitario.
También se le preguntó si esa dirección ha realizado algún estudio o valoración propia técnica o relacionada con la normativa existente para determinar si existe dicha afectación. Al cierre de esta publicación no se había recibido respuesta.