La Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) abrió una investigación en torno a la compra de miles de terminales de fibra óptica de la marca china Huawei a un solo oferente, un consorcio donde figura la empresa brasileña SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A., la misma que le vendió 40 ambulancias al Cuerpo de Bomberos aunque nunca antes había vendido ese tipo de equipos en Costa Rica. En la pesquisa, se exigen cuentas sobre la razonabilidad de precios y sobre el procedimiento utilizado.
La auditora general, Sofía Machuca Flores, confirmó que actualmente existen dos estudios de control interno en curso y que se analiza una denuncia. Ella no precisó quién cuestionó el intento del ICE por adjudicar el contrato, que solo en el primer año ascendería a $7,45 millones en favor del consorcio Grupo PBS/SGSV.
Esa compra se tramita mediante una contratación directa de excepción. Por ello, el ICE no invitó a ninguna otra empresa a ofertar.
El contrato es por demanda, de manera que el monto a pagar dependerá de la cantidad de terminales que el ICE adquiera. Después del primer año, podría haber una prórroga de cinco años más. Así consta en el expediente N.° 2026XE-000714-0000400001.
La apertura de la oferta se hizo el 7 de octubre pasado y aún no ha sido adjudicada, según precisó este viernes el ICE en un comunicado de prensa.
Desde el 23 de octubre anterior, Machuca Flores pidió a la administración del Instituto unas serie de documentos que sustentaron la contratación de esa forma. En el oficio N.° 20-176-2026 solicitó:
—Respaldo técnico y económico de la adquisición.
—Razonabilidad de sus precios.
—Condiciones de participación.
—Justificación del porqué se optó por un procedimiento excepcional.
—Detalle de las modificaciones del pliego.
—Requisitos de experiencia y referencias.
—Trazabilidad de las decisiones
—Alternativas consideradas para efectuar la adquisición, incluida la posibilidad de un concurso abierto.
En busca de información relevante
Las gestiones buscan determinar, entre otras cosas, si existen documentos o criterios relevantes que no estén publicados en el Sicop, explicó Machuca Flores ante consultas de este diario.
Según su respuesta, la información seguía pendiente de entrega y la dependencia responsable solicitó una prórroga hasta este viernes 6 de noviembre.
Los equipos son de marca Huawei, pero los ofrece el consorcio Grupo PBS/SGSV, no la subsidiaria de la fabricante china. El grupo está integrado por Productive Business Solutions (Costa Rica) S. A. y SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A.
Esta última compañía está vinculada con otro consorcio al que el Cuerpo de Bomberos adjudicó la compra directa de 40 ambulancias por $13,8 millones, según reveló La Nación.
Huawei dijo que solo su subsidiaria vendía los equipos
En su oferta, el consorcio PBS/SGSV adujo que posee autorización del fabricante chino para distribuir, vender y dar soporte a los equipos propuestos. Como respaldo, dijo que remitió un anexo denominado “autorización del fabricante V2”.
Este diario revisó el expediente y no encontró el contenido de ese anexo en la plataforma de Sicop. Sí encontró el antecedente de una carta de Huawei Technologies Co. Ltd., del 25 de abril del 2025, suscrita en Shenzhen, China.
En ella, la casa matriz certificó que su subsidiaria costarricense era la única empresa autorizada para comercializar equipos activos de las redes de fibra óptica del ICE.
La carta incluyó las terminales ONT entre los equipos comprendidos en esa autorización exclusiva.
Machuca confirmó que la contratación actual es parte del Programa de Red de Acceso Fijo (PRAF), el mismo al que se refirió Huawei en esa certificación.
“La contratación objeto de su consulta es parte del Programa de Red de Acceso Fijo (PRAF), el cual sí ha sido objeto de procesos de fiscalización permanentes dentro de nuestro plan de trabajo”, respondió ante consultas de este diario.
La auditora insistió en que la Gerencia de Telecomunicaciones y sus divisiones deben explicar y documentar sus actuaciones.
“La administración debe respaldar sus decisiones con evidencia y rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos. En nuestro caso, nos corresponde verificar su sustento con independencia y mantener la reserva de los resultados que aún no se han oficializado”, concluyó.