La ampliación de la ruta 27 entre San José y Puerto Caldera, podría iniciar en el segundo semestre del próximo año y las obras se extenderían hasta inicios del 2030, según las proyecciones brindadas por la concesionaria a cargo de la ruta al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
El jerarca de ese ministerio, Efraím Zeledón, aseguró que las negociaciones con los representantes de Globalvía continúan avanzando, y hasta ahora la empresa ya ha entregado datos clave como el costo de las obras, el cual rondaría los $313 millones, así como el alcance de la ampliación que comprendería desde La Sabana hasta el intercambio de Atenas, en el km 32 de la carretera.
De acuerdo con el ministro, actualmente los costos presentados están siendo revisados por el Consejo Nacional de Concesiones, mientras en paralelo se trabaja en la búsqueda de recursos, los cuales, según dijo, ya han sido identificados a nivel interno.
“Con esto lo que buscaríamos es que no sea el concesionario el que ponga los recursos, sino que los ponga el Gobierno y con eso poder hacer esta obra sin que necesariamente signifique un incremento fuerte en las tarifas de peaje”, afirmó.
El ministro agregó que una vez que se complete la revisión y se defina el tema de los recursos, deberán acudir a la Contraloría para tramitar la adenda al contrato con Globalvía, por lo que estima que la orden de inicio podría llegar en el segundo semestre del próximo año.
Además, debido a que la ampliación de la carretera estaba contemplada en el contrato inicial, tampoco implicaría una extensión en la actual concesión que vence en el 2033.
El jerarca explicó que si bien la ampliación se gestionará por medio de la concesionaria, esta debería hacer una licitación privada para contratar una empresa que ejecute las obras. El plazo estimado por la empresa se debe a que los trabajos se deberían ejecutar mientras se mantiene la ruta abierta al tránsito.
A inicios de este año, el MOPT confirmó que la ampliación de la carretera solo se ejecutaría hasta la mitad en esta primera fase, a fin de atender el trayecto más crítico y reducir el costo de los trabajos de modo que pudieran ser cubiertos por el Estado.
El ministro aseguró que en una segunda etapa se intervendría la sección entre Atenas y Caldera, aunque no detalló el plazo en el que podría iniciar esa obra.
La propuesta original presentada por la concesionaria para ampliar la carretera contemplaba adicionar un carril en cada uno de los tramos desde La Sabana hasta Caldera.
La intención de ese plan entregado en el 2021 era desarrollar la ampliación por etapas e ir aumentando las tarifas de peaje en cada una de las secciones conforme se iban ampliando.
El proyecto contemplaba los pasos a desnivel en los principales intercambios, soluciones geotécnicas en el tramo entre Siquiares y Orotina y la duplicación de todos los puentes.
El costo de esas obras se estimó en $600 millones; para ello, se requería que las tarifas de peaje se incrementaran como máximo un 35%.
Multas y reclamos quedarían fuera
El proceso de negociación entre el MOPT y Gobalvía para ejecutar la ampliación de la carretera, se da en medio de una serie de reclamos y posibles arbitrajes entre el Estado y la empresa.
El año anterior, el MOPT anunció que planeaba cobrar alrededor de ¢33.000 millones en multas generadas por incumplimientos en el mantenimiento de la vía y que datan del período entre el 2018 y 2023.
Adicionalmente, en mayo anterior se anunció el cobro de una sanción de $50.000 diarios por el tiempo que la ruta se vio afectada a causa del colapso en la calzada cerca de Coyolar en Orotina.
En tanto, la empresa presentó un arbitraje para que se le reconozcan cerca de $18 millones invertidos en la construcción del puente que se colocó en el hundimiento que afectaba el paso en el km 44 de la carretera.
El jerarca de Obras Públicas aseguró que todos los temas asociados a las multas y reclamos se manejan aparte de la negociación que se lleva adelante con la empresa para la ampliación.
“El que se logre la ampliación de ninguna manera significa que no se va a cobrar las multas o que no se va a seguir el proceso con las multas. Es algo completamente aparte que sigue su debido proceso”, dijo.
Zeledón, además, evitó referirse al eventual pago que el Estado debería realizar una vez que finalice la concesión correspondiente al acuerdo conciliatorio firmado en el 2015 y que según expertos podría rondar los $470 millones.
Ese tema es actualmente investigado en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.