El alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, cuestionó la posibilidad de que Costa Rica enfrente un arbitraje internacional por $154 millones relacionado con el proyecto de relleno sanitario de EBI en Turrúcares. Según su interpretación, el plazo legal para presentar ese reclamo estaría vencido.
Thompson afirmó a La Nación que el acuerdo de protección de inversiones entre Costa Rica y Canadá, vigente desde 1998, establece un plazo de tres años para someter una controversia a arbitraje internacional.
El alcalde citó que, en el 2016, la Municipalidad declaró nulos y contrarios al plan regulador los usos de suelo que la empresa obtuvo en el 2011. Por esa razón, considera que transcurrió el plazo para presentar una reclamación internacional.
“Lo cierto del caso es que han transcurrido cerca de 10 años desde ese momento y nosotros interpretamos, en la Municipalidad, que el plazo para interponer el arbitraje internacional se encuentra de sobra vencido. Eso significa que la empresa no tendría derecho a plantear ese arbitraje y que, por el contrario, el Estado costarricense podría alegar la prescripción de ese derecho”, mencionó Thompson.
El tema del arbitraje surgió después de que el 4 de noviembre Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda y Presidencia, advirtiera el litigio internacional durante una reunión con vecinos de Turrúcares, el miércoles anterior. El regidor de Alajuela Bernal Soto Saborío también se refirió al tema.
Ese día, Chaves les dijo a los vecinos que podrían recibir una inversión comunal si el Concejo Municipal retira los procesos de lesividad contra los usos de suelo. Alegó que la oferta vence el 2 de diciembre porque, si no hay un cambio antes de que expire esa fecha, el Ministerio de Hacienda tendrá que depositar ¢2.000 millones para costear la defensa del Estado.
No obstante, Thompson sostiene que el Estado costarricense cuenta con argumentos jurídicos para defenderse ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Mencionó el caso de Industrias Infinito, relacionado con el proyecto minero Crucitas. Según explicó, el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) utilizó argumentos sobre el vencimiento de plazos en ese proceso.
Por ello, solicitó que el Comex aclare públicamente si el plazo de tres años resulta aplicable al caso de EBI.
Alcalde solicita reunión con embajadora de Canadá
Thompson también solicitó este lunes 9 de noviembre una audiencia oficial con Ioanna Sahas Martin, embajadora de Canadá en Costa Rica, para explicar las actuaciones municipales relacionadas con el proyecto.
Mediante una carta oficial, el alcalde manifestó su intención de presentar a la diplomática los antecedentes del conflicto entre la Municipalidad de Alajuela y la empresa de capital canadiense EBI.
Pretende entregarle un informe detallado con documentación sobre las actuaciones administrativas y judiciales, así como los fundamentos que respaldan las decisiones municipales.
La solicitud busca que el Gobierno canadiense conozca directamente la posición de la Municipalidad en esta controversia. La reunión todavía no tiene fecha confirmada.
Thompson también afirmó que no recibió ningún acercamiento del Gobierno después de la reunión del miércoles anterior en Turrúcares.
Gobierno condicionó inversión de ¢6.000 millones
Durante ese encuentro, Chaves defendió el relleno sanitario de EBI y condicionó una eventual inversión comunal cercana a ¢6.000 millones a que el proyecto pudiera entrar en funcionamiento.
Además, solicitó que el Concejo Municipal de Alajuela retirara, antes del 2 de diciembre, un proceso judicial de lesividad relacionado con permisos otorgados anteriormente al proyecto.
Thompson aclaró que esa decisión corresponde al Concejo Municipal y reiteró su oposición a la construcción del relleno sanitario.
Municipalidad confirma que no existen permisos de construcción
Mediante una constancia administrativa del 3 de noviembre del 2026, la Municipalidad de Alajuela confirmó que no otorgó permisos de construcción, licencias constructivas ni autorizaciones para movimientos de tierra o excavaciones relacionadas con rellenos sanitarios o plantas procesadoras de residuos en Turrúcares.
El documento también establece que no existen trámites pendientes para desarrollar, habilitar o construir un relleno sanitario o botadero de basura en ese distrito.
La constancia fue firmada por Roy Delgado Alpízar, director de Planeamiento y Construcción de Infraestructura de la Municipalidad de Alajuela.
