Su caso desencadenó una ola de manifestaciones, que incluyó la instalación de un campamento de activistas en la plaza del Puerta del Sol.
Al amanecer, un bulldozer y otras maquinarias trabajaban en la turística plaza para terminar de desmontar las tiendas de campaña, mientras personas vestidas con monos (overoles) blancos se afanaban en limpiar la plaza, en gran parte cerrada por las fuerzas de seguridad, constató un periodista de la AFP.
La Delegación del Gobierno en Madrid afirmó en un comunicado que la operación “se ha desarrollado sin disturbios ni episodios de violencia”, y concluyó “con 334 personas desalojadas y dos detenciones” por “desobediencia y resistencia” a la autoridad.
No obstante, los organizadores de la protesta denunciaron en un mensaje de Telegram que se trató de “una intervención policial violenta”, que habría dejado varios heridos “como consecuencia de los golpes y del uso de gas pimienta”.
“A las 3 de la mañana entraron como 200 (policías) antidisturbios a porrazos. Nos han sacado, nos han golpeado, no nos han dejado sacar nada” de las tiendas, aseguró Flor, una mujer sin hogar de 43 años que vivía en el campamento “desde el día 26 de septiembre, desde el día del inicio” de la protesta.
“Toda mi documentación, mi teléfono, todo estaba ahí. No tengo nada”, dijo a la AFP con lágrimas en los ojos, frente a la plaza acordonada por la policía. “Me da mucha pena”, agregó.
Misión casi imposible
Como Flor, muchas personas sin techo habían encontrado refugio en las últimas semanas en la Puerta del Sol, junto a manifestantes y activistas por el derecho a la vivienda, en varios centenares de tiendas de campaña dentro de un asentamiento dotado de su propio comedor, una biblioteca e incluso una enfermería.
El operativo que desalojó la plaza incluyó 220 agentes de la Policía Nacional y 180 agentes de la Policía Municipal de Madrid, así como bomberos y miembros de los servicios sociales, según la Delegación del Gobierno.
Incapaz de lograr que el Parlamento aprobara dos proyectos de ley destinados a enfrentar la profunda crisis del acceso a la vivienda, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, convocó elecciones legislativas anticipadas para el 29 de noviembre, con la esperanza de poder capitalizar el descontento.
Para los hogares modestos, alojarse en las grandes ciudades se ha convertido en pocos años en una misión casi imposible, especialmente en Madrid, designada en 2025 y 2026 por la red Barnes como la ciudad más codiciada del mundo para el mercado inmobiliario de lujo.
Alquilar un piso de 50 m2 en la capital española costaba de media unos 1.170 euros al mes en octubre, según el portal Idealista, es decir, prácticamente la mitad del salario bruto medio.
Frente a los defensores del derecho a la vivienda, los propietarios reclaman, por su parte, más garantías jurídicas y lamentan que el desalojo de los inquilinos que dejan de pagar el alquiler pueda tardar meses, e incluso años.
En los últimos años, la inmigración sostenida y el auge de los alquileres turísticos, entre otras razones, han disparado la demanda, mientras que la escasez de mano de obra, aparte de otros factores, frena la construcción de nuevas viviendas.
Según el Banco de España, el país, que cuenta con unos 50 millones de habitantes, registra un déficit de 700.000 viviendas.
