Madrid, España. La diputación permanente del Congreso español, que asume las funciones del Parlamento tras su disolución antes de las elecciones del 29 de noviembre, aprobó este jueves medidas para proteger el derecho a la vivienda, al día siguiente de una huelga general con manifestaciones multitudinarias.
El texto, que la derecha prometió derogar si llega al poder, suspende hasta el 2030 los desalojos de personas vulnerables y establece medidas contra los llamados fondos “buitre”.
Los llamados fondos buitre son fondos de inversión privada o de capital riesgo que compran deudas no pagadas, empresas en quiebra o activos inmobiliarios a precios muy rebajados durante épocas de crisis para obtener una alta rentabilidad posterior.
El decreto-ley había sido rechazado a principios de octubre por los diputados, lo que precipitó la convocatoria de elecciones anticipadas por parte del presidente del gobierno Pedro Sánchez.
Otro texto, que incluía la renovación automática de los contratos de alquiler, fue sin embargo rechazado, como ya ocurrió en su primer examen.
En total, 35 diputados votaron a favor del primer texto frente a 34 en contra, dentro de este órgano especial compuesto por 69 miembros.
El resultado resultó inverso para el segundo decreto-ley, muy criticado por los propietarios, que fue rechazado por 35 votos frente a 34.
Estas votaciones se celebraron un día después de la primera huelga general en España desde el 2012, convocada precisamente para defender el acceso a la vivienda y el poder adquisitivo.
Miles de personas marcharon pacíficamente por todo el país, en unas protestas que en Madrid reunieron a 120.000 manifestantes y a 55.000 en Barcelona, con algunos incidentes en la parte final en ambas ciudades.
El acceso a la vivienda sigue siendo la principal preocupación de los españoles, que ven en muchas ocasiones cómo la mayor parte de sus ingresos queda absorbida por el alquiler o por su proyecto de compra, con una inflación que alcanzó el 4,9% en octubre, según cifras oficiales.
La huelga convocada por los sindicatos siguió la estela del movimiento de protesta nacido a finales de setiembre tras el desalojo del apartamento donde vivía desde hacía siete décadas Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años que falleció pocos días después.
Considerado favorito en las encuestas para ganar las elecciones del 29 de noviembre, el Partido Popular (derecha) se comprometió a derogar estas últimas medidas sobre vivienda si consigue regresar al poder tras ocho años de gobierno de izquierdas de Sánchez.