El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto confirmó que Costa Rica mantendrá su compromiso con la Corte Penal Internacional (CPI) y descartó cualquier posibilidad de retirarse del tribunal, pese a las presiones de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La respuesta se produjo después de una sentencia de la Sala Constitucional, la cual acogió parcialmente un recurso de amparo interpuesto por La Nación. La Sala condenó a la Cancillería luego que esta institución no brindara respuesta a cinco de seis preguntas planteadas por este medio sobre la posición del país ante los llamados de Washington para abandonar la CPI.
Los magistrados ordenaron al entonces canciller interino, Alexander Antonio Peñaranda Zárate, o a quien ejerza ese cargo, brindar los datos solicitados por La Nación tras determinar que lo requerido “corresponde a información pública”.
Espaldarazo a la CPI
En atención a la sentencia dictada el 8 de octubre, la canciller, Ana Elena Pinto Lizano, suscribió el 19 de octubre el oficio DM-DGPE-2519-2026, en el que expuso la posición oficial del Gobierno. La jerarca asumió el cargo el pasado 15 de octubre, tras el cese de Manuel Tovar.
Pinto afirmó que Costa Rica “mantiene el firme compromiso” con el Estatuto de Roma y con la CPI. Argumentó que, para un país cuya política exterior descansa en el derecho internacional, ese tribunal “constituye una institución fundamental para la lucha contra la impunidad y para la determinación de la responsabilidad penal individual respecto de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional”.
La canciller también calificó a la CPI como un “componente esencial del sistema multilateral basado en normas”.
Pinto definió de esta forma la postura del Estado costarricense respecto al llamado hecho por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el 12 de setiembre, para que los países que forman parte del Americas Counter-Cartel Coalition (ACCC), también conocido como Escudo de las Américas, se retiren de la Corte Penal Internacional.
“Recomiendo encarecidamente a todos los miembros de la ACCC que abandonen la CPI y rechacen sus intentos de despojar a sus gobiernos y tribunales de su soberanía”, dijo Hegseth durante un foro de la coalición en Ciudad de Panamá.
Compromiso con reforzar al tribunal internacional
Consultada sobre si Costa Rica considera que su pertenencia a la Corte afecta la soberanía nacional, como sostuvo Hegseth, Pinto respondió que el país considera su participación en ese tribunal “una decisión soberana”, acorde con el ordenamiento jurídico interno y los compromisos internacionales libremente asumidos.
“La pertenencia a la CPI no implica afectación a la soberanía nacional”, agregó.
Pinto explicó que el Estado costarricense cree en el derecho penal internacional y, por ello, en la necesidad de contar con una Corte “que cumpla su mandato de una forma independiente, imparcial y en estricto apego al Estatuto de Roma”.
“El compromiso de Costa Rica es apoyar la Corte Penal Internacional y reforzar su marco funcional y normativo, dentro del marco del principio de complementariedad que rige su jurisdicción”, añadió.
La ministra también descartó que exista alguna iniciativa, propuesta o proceso institucional dirigido a retirar a Costa Rica del Estatuto de Roma o de la CPI.
“Todas las discusiones internas han girado en torno a cómo reafirmar nuestro compromiso con la CPI”, destacó.
Ataques desde Washington contra la CPI
Estados Unidos ha impuesto sanciones contra responsables de la CPI, en respuesta a la orden de detención emitida contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aliado de Washington y acusado de crímenes de guerra.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, prometió desmantelar “ladrillo a ladrillo” la CPI, que juzga a responsables de los crímenes más graves de trascendencia internacional. Rubio también calificó al tribunal de “amenaza intolerable para la soberanía estadounidense”.
El 9 de octubre, la administración Trump anunció nuevas sanciones contra la CPI y prometió paralizar sus actividades. El anuncio se produjo horas después de que se otorgara el Premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay, exjueza de ese tribunal.
Costa Rica forma parte del Estatuto de Roma desde 2001, instrumento mediante el cual reconoció la jurisdicción de la CPI. En 2020, el jurista y exembajador costarricense Sergio Ugalde Godínez fue elegido juez de ese tribunal para el periodo 2021-2030.
¿Existe un pedido formal de Estados Unidos?
Asimismo, la jerarca aseguró que el gobierno costarricense no ha recibido ninguna comunicación oficial “escrita” de Washington en la que se solicite abandonar la Corte o reconsiderar la condición del país como Estado parte del Estatuto de Roma.
“Se tiene conocimiento de que, en espacios internacionales, se han sostenido intercambios generales sobre la Corte Penal Internacional. Sin perjuicio de ello, Costa Rica ha mantenido de manera consistente y clara su posición de continuar siendo Estado Parte del Estatuto de Roma y de apoyar el trabajo de la Corte Penal Internacional”, expresó.
Costa Rica forma parte del Escudo de las Américas desde la administración del expresidente Rodrigo Chaves, y su participación en esa iniciativa se ha mantenido durante el mandato de Laura Fernández.
El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, también participó en una reunión de la ACCC el 11 de agosto, según una fotografía publicada en la página de Facebook del Comando Sur de Estados Unidos.
La participación de Tovar en un encuentro del Escudo de las Américas celebrado en Nueva York el 22 de setiembre, en el marco del debate general de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), fue, según Fernández, el detonante de su salida de Cancillería.
La presidenta alegó que despidió a Tovar porque no le informó que el mandatario estadounidense asistiría a esa reunión. Sin embargo, el presidente argentino, Javier Milei, quien también participó en el encuentro, declaró en una entrevista con La Nación de Argentina que la presencia de Trump no estaba prevista.