La captura del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, las investigaciones contra expresidentes de la República y los escándalos del cemento chino y el caso Cochinilla son algunos de los episodios que han marcado la historia del Ministerio Público de Costa Rica.
Desde 1975, 10 personas han ocupado la jefatura de esta institución, encargada de dirigir las investigaciones penales del país. Sus gestiones han estado marcadas por cambios en la justicia, investigaciones de alto perfil y, en algunos casos, fuertes controversias políticas.
De esos diez jerarcas, solo dos han conseguido la reelección para un segundo período consecutivo: Francisco Dall’Anese Ruiz y Jorge Chavarría Guzmán.
Ahora, Carlo Díaz se convirtió en el tercero. 21 magistrados de la Corte Suprema de Justicia le concedieron por unanimidad la continuidad en el cargo este lunes 19 de octubre.
A continuación, presentamos un recorrido por las personas que han dirigido el Ministerio Público durante las últimas cinco décadas, a partir de antecedentes publicados por La Nación y de la información histórica disponible en el apartado “Jefaturas anteriores” del sitio web oficial de la institución.
José Francisco Chaverri Rodríguez (1975-1977)
Fue el primer jefe del Ministerio Público de Costa Rica. Antes había sido procurador general de la República (1966-1968) y ministro de Trabajo (1969).
Le correspondió dirigir la institución durante la entrada en vigor del Código de Procedimientos Penales de 1975, la reorganización de los tribunales y los primeros años de coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Falleció el 17 de diciembre de 1977 mientras ejercía el cargo.
Jorge Rojas Espinoza (1977-1982)
Fue diputado de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución Política de 1949. También ocupó cargos como magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de la Corte Suprema de Justicia.
Posteriormente, asumió la jefatura del Ministerio Público y participó en la elaboración del anteproyecto de su Ley Orgánica.
Fernando Cruz Castro (1983-1986)
Su gestión estuvo marcada por la lucha contra el narcotráfico internacional. Uno de los episodios más conocidos ocurrió el 4 de abril de 1985, cuando las autoridades capturaron en una mansión de Alajuela al narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero.
También impulsó la creación de una Unidad Especializada contra la Corrupción, que investigó casos relacionados con el Fondo Nacional de Emergencias y el Hospital Iberoamericano, entre otros. Además, promovió una mayor coordinación entre fiscales y policías.
En 2004 fue nombrado magistrado de la Sala Constitucional.
Eduardo Araya Vega (1986-1989)
Durante su gestión, el combate al narcotráfico adquirió especial importancia. Araya creó la Unidad Especializada de Narcotráfico y colaboró con las comisiones legislativas que investigaban la penetración del crimen organizado en el país.
También trabajó en el OIJ y ejerció como juez. Después de dejar el Ministerio Público, se dedicó al derecho penal privado y participó en la defensa del expresidente Miguel Ángel Rodríguez.
Falleció en abril de 2021, a los 69 años.
José María Tijerino (1990-1995)
Impulsó la independencia del Ministerio Público y la persecución de delitos de alto impacto social. Durante su gestión se crearon la Fiscalía Agraria y Ambiental, la Unidad de Casación Penal y un programa de formación para fiscales.
También le correspondió investigar los secuestros ocurridos en la Embajada de Nicaragua y en la Corte Suprema de Justicia, ambos en 1993. Además, participó en las actuaciones que llevaron a la expulsión de una banda de asaltantes venezolanos que operó en el país entre 1994 y 1995.
Renunció el 2 de abril de 1995 para trabajar como consultor internacional en sistemas de justicia penal.
Carlos Arias Núñez (1996-2003)
Le correspondió dirigir uno de los cambios más importantes en la historia del Ministerio Público: la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal, en 1998, que transformó la manera de investigar los delitos y fortaleció el papel de los fiscales en la dirección de las investigaciones.
La transición no fue sencilla. Hubo roces con el OIJ, cuyos investigadores debieron adaptarse a recibir instrucciones de los fiscales.
“Pasó de ser inquisitorio a uno acusatorio. Hubo mucha resistencia; policías con muchos años de carrera que no aceptaban las directrices de fiscales jóvenes o de mujeres”, recordó Arias a La Nación en 2010.
Durante su gestión también se crearon la Unidad de Trámite Rápido, la Oficina de Atención a la Víctima, la Inspección Fiscal y la Fiscalía Penal Juvenil.
Francisco Dall’Anese Ruiz (2003-2010)
Fue uno de los fiscales generales que consiguieron la reelección para un segundo periodo consecutivo.
Durante su gestión impulsó la Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado, la Oficina de Atención y Protección a la Víctima y la Fiscalía de Asuntos Indígenas, entre otras dependencias.
También estuvieron bajo investigación los casos ICE-Alcatel y CCSS-Fischel, que llevaron ante los tribunales a los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón Fournier, respectivamente.
Dejó el cargo en julio de 2010, antes de concluir su segundo periodo, para asumir como comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Jorge Chavarría Guzmán (2010-2017)
Asumió la Fiscalía General en octubre de 2010 y consiguió la reelección en 2014. Durante su gestión impulsó fiscalías especializadas en legitimación de capitales, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
Su reelección generó controversia. Un grupo de 17 diputados del PAC, PUSC y Frente Amplio pidió a la Corte Plena reconsiderar el nombramiento y lo acusó de favorecer a figuras del Partido Liberación Nacional (PLN).
Chavarría rechazó los señalamientos y denunció una persecución política. “No voy a ir a la Asamblea Legislativa a dar cuentas de ningún caso porque mi papel es de fiscal general, es independiente y no depende de ningún político”, afirmó en octubre de 2014.
Su gestión terminó anticipadamente en diciembre de 2017, cuando se jubiló después de que la Corte Plena lo suspendiera por tres meses, en medio de investigaciones relacionadas con el manejo de causas vinculadas al caso del cemento chino.
Emilia Navas Aparicio (2017-2021)
Asumió la Fiscalía General de manera interina en octubre de 2017 y fue elegida por unanimidad de los 22 magistrados de la Corte Plena en marzo de 2018.
Su gestión terminó anticipadamente en junio de 2021, en medio de cuestionamientos por haberse apartado de nueve investigaciones judiciales debido a posibles conflictos de interés.
Entre ellas figuraban el Caso Cochinilla, relacionado con presunta corrupción en obras públicas, y el caso Aldesa. En siete de los nueve expedientes, su esposo, el abogado Francisco Campos, representaba a alguna de las partes investigadas.
Navas defendió su actuación y afirmó que decidió jubilarse para no debilitar al Ministerio Público. Posteriormente, la Fiscalía abrió una investigación en su contra por presunto incumplimiento de deberes, debido a cuestionamientos sobre su informe final de gestión.
Carlo Díaz (2022-actualidad)
Asumió la Fiscalía General el 31 de octubre de 2022 y solicitó su reelección para permanecer cuatro años más en el cargo.
Su gestión ha estado marcada por la confrontación con el gobierno del expresidente Rodrigo Chaves, quien participó en una marcha en marzo de 2025 para exigir su renuncia. Bajo su dirección, el Ministerio Público investigó el presunto financiamiento paralelo de la campaña presidencial de 2022 y presentó una acusación contra Chaves por presunta concusión en el caso BCIE-Cariñitos.
Las tensiones también han continuado durante la administración de Laura Fernández.
En materia de crimen organizado, durante su gestión se realizaron operativos que permitieron la captura de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, y Jonathan Pérez Méndez, alias Tan.
Además, durante su gestión entró en vigor la reforma constitucional que permite la extradición de costarricenses por delitos de narcotráfico y terrorismo. Esta modificación abrió paso a casos como los del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, quienes fueron extraditados a Estados Unidos.
Su gestión también enfrentó cuestionamientos por los nombramientos de su pareja, la fiscala Arelys Mora Gamboa. La Nación informó en noviembre de 2024 que Díaz participó en al menos cuatro gestiones para nombrarla como fiscal auxiliar, una de ellas, cuando ya mantenían una relación sentimental.
Los registros del Ministerio Público contradijeron su versión inicial de que nunca había propuesto su nombre para un cargo. En ese momento, el fiscal general enfrentaba cinco investigaciones preliminares en la Inspección Judicial, relacionadas con estos y otros asuntos.