El ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, asegura que el subsidio que el Gobierno planea dar a las empresas autobuseras para evitar la subida de tarifas debido al incremento en el costo de los combustibles tendrá un plazo máximo de dos años.
“Estamos en un momento donde el subsidio va a ser necesario”, declaró Amador durante un conversatorio en el marco del Congreso de Movilidad Eléctrica realizado este viernes 1.° de julio, en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), y organizado por la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove).
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció días atrás la intención del Gobierno de subsidiar el pasaje de los autobuses, en medio de un aumento galopante de los combustibles, por medio de un préstamo de $200 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entidad que aprobó el financiamiento a inicios de junio.
La subvención se entregaría de forma proporcional a cada empresa, con base en el número de pasajeros que utiliza cada ruta, aunque se puso como condición la implementación del pago electrónico para conocer con certeza esa cantidad de usuarios por ruta.
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Sin embargo, la presidenta de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), Silvia Bolaños, afirmó en el mismo conversatorio que el tema del subsidio “llegó para quedarse” más allá de la subida en los combustibles, pues las empresas autobuseras están en proceso de transición hacia unidades eléctricas más costosas.
“No hemos pensado hacia dónde vamos como transporte público. El actual contrato de concesión obliga a hacer una serie de inversiones que podrían ser un disparador de la tarifa”, comentó Bolaños, consultada por La Nación, durante el foro.
La última renovación de concesiones autobuseras, que se hizo en setiembre del 2021, incluyó en los contratos nuevas cláusulas. Entre estas están que las empresas se comprometan a cambiar, al menos, el 40% de sus unidades a autobuses eléctricos o cero emisiones en las rutas urbanas, a un ritmo de 5% de la flota cada dos años. Ese primer escalón del 5% debería cumplirse para setiembre del 2023. La implementación del pago electrónico es otra de las condiciones.
Por esa razón, Canatrans pide que el subsidio estatal se prolongue por más tiempo, o sea, incluso de forma permanente.
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Un bus de combustión tiene un costo aproximado de $120.000, mientras uno eléctrico ronda los $280.000, según se mencionó durante el panel, en el que también estaban representados la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y la Cámara Nacional de Autobuseros (Canabús).
“El escenario país está en el mejor momento para tener esta discusión (sobre el subsidio)”, manifestó Bolaños, quien reiteró el compromiso del sector con la transición pero enfatizó en que el Estado debe dar un aporte.
El ministro Amador comentó que Costa Rica nunca ha tenido un subsidio para el transporte público, como sí lo hacen otros países.
Transformaciones en el transporte público
A lo largo del Congreso participaron también otros expositores del sector privado, sociedad civil e instituciones estatales, como el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), representado por su presidente, Mario Arce. El jerarca expuso algunas de las propuestas que el actual Gobierno quiere impulsar en materia de transporte ferroviario.
Sobre el tren eléctrico de la Gran Área Metropolitana (GAM), aseguró que ha iniciado la revisión del proyecto que heredaron de la anterior administración y que, junto con el Gobierno, se definirá la ruta a seguir, que puede ser continuar con la misma propuesta, pausarla o reformarla; incluso dejó ver que podrían optar por reforzar la operación con los trenes actuales.
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Aún así, Arce dijo ser “un fiel creyente” pues, en su opinión, el tren “es un catalizador de un nuevo modelo de ciudad”.
El jerarca del MOPT expresó horas antes durante su panel que tienen la intención de buscar más recursos para llevar el tren eléctrico todavía más al oeste, hasta Atenas o Turrúcares. La propuesta original tiene su última estación en Ciruelas.
No obstante, días atrás Amador externó algunas dudas en torno al tren metropolitano, específicamente acerca de su baja velocidad y el hecho de que va a interrumpir el tránsito en algunos cruces, como lo hace el tren actual, para lo cual se requerirá mantener el sistema de agujas que existe hoy.
Pero hay otros dos proyectos igualmente ambiciosos que el Ejecutivo quiere sacar adelante.
Uno de ellos es el Tren Eléctrico Limonense de Carga (Telca), que también ha tenido un largo viaje en el papel. Este tendría 250 kilómetros (km) de extensión, de los cuales 80 km serían nuevos, y conectará la Zona Norte con el Valle La Estrella, en Limón. También se prevé un ramal turístico que podría transportar hasta 50.000 pasajeros a lo largo del Atlántico.
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Actualmente, se está definiendo el modelo de negocio del proyecto, el cual no será una concesión necesariamente, pero sí se contempla un financiamiento.
“El modelo que se plantea es de alianza estratégica, un tipo de asociación público privada, que podría ser uno de los proyectos pioneros con este enfoque”, expuso Arce. La expectativa es iniciar la construcción en el 2025.
Por el otro lado, el Gobierno proyecta revivir el tren hacia la costa del Pacífico. Este es un proyecto que apenas va a iniciar el estudio de factibilidad, para el cual ya hay financiamiento y se espera tener contratado en el primer semestre del 2023.
El jerarca del Incofer también mencionó que visualizan avanzar hasta la fase de construcción en esta administración.
En materia de buses, Amador confirmó el avance del plan de sectorización que significará una reorganización de las rutas del Área Metropolitana de San José, aunque dijo no compartir el nombre de “sectorización”, sino que debería ser “intermodalidad”.
Tanto el Incofer como el MOPT quieren reforzar precisamente la intermodalidad, es decir, la conexión del tren con rutas de autobuses y otros servicios de transporte. Para ello se hará un primer plan piloto en Paraíso, donde un autobús conectará el centro de esa localidad con la estación de tren más cercana.