El Gobierno de la República recibió financiamiento neto de organismos internacionales por un total de $1.468 millones durante el 2024, mediante el desembolso de créditos externos de apoyo presupuestario y para proyectos de infraestructura e inversión social.
Los préstamos provienen de cinco acreedores, los cuales gestionan seis proyectos de infraestructura y gasto social, y dos acuerdos de apoyo presupuestario, según información con corte al mes de diciembre, publicada por el Ministerio de Hacienda.
Aunque el gobierno recibió un total de $1.472,8 tuvo que hacer la devolución de $4,8 millones al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), debido al cierre del contrato BIRF 90500-CR, que estaba destinado a financiar el Programa de Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica. La ley que aprobó este contrato es del 2021.
Al menos $1.284,2 millones (un 87,5% del total) corresponden a desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por el acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) y del servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS). Estos representaron un ingreso de $547,2 millones y $737 millones respectivamente. A mediados del 2024, Nogui Acosta, ministro de Hacienda, explicó que el 90% de los $1.284 millones del FMI se usaría en la amortización de títulos de deuda de largo plazo que el gobierno debe cancelar a los distintos inversionistas.
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Daniel Ortiz, economista y director de la firma Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa), comentó que los créditos con el FMI pueden servir para distintos usos, como el pago del servicio de la deuda o para fortalecer el presupuesto de la República, mientras que los relacionados con proyectos de infraestructura son exclusivos para ese fin y se van desembolsando conforme se avanza con el desarrollo de la obra.
El Banco de Exportación e Importación de China (Eximbank) hizo cuatro aportes durante este año: el 18 de enero, el 20 de febrero, el 8 de abril y el 25 de octubre, que suman un total de $17,3 millones. Este crédito es parte del proyecto de rehabilitación y ampliación de 107 kilómetros de la ruta 32.
En tanto, el BIRF trasladó $5,6 millones para la ejecución de Hacienda Digital. Además, entre el 29 de abril y el 21 de noviembre, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desembolsó otros $83 millones para el Programa Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia del Ministerio de Justicia y Paz y para el Programa de Infraestructura de Transporte.
La otra entidad es el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que desembolsó $74,7 millones el 17 de junio y $8 millones el 12 de diciembre para el Programa de Emergencia, Reconstrucción e Infraestructura y para el Programa de Saneamiento Pluvial de Limón, respectivamente.
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Ortiz añadió que el acceso del gobierno a estos fondos puede incidir en el comportamiento del mercado cambiario, debido a que el Ejecutivo, al tener ingresos tan altos en dólares, necesitará demandar menos divisas en el mercado. En ese sentido, la demanda disminuye y puede hacer que el precio de la divisa caiga, como pasó en 2023 tras la colocación de $3.000 millones de eurobonos, opinó.
Según el informe de cifras fiscales al cierre del 2024, el Gobierno cerró con una relación deuda-PIB menor a 60%, lo que le permitirá aumentar el gasto en algunos rubros para el 2026. Sin embargo, en comparación con el cierre de 2023, el saldo de la deuda a diciembre de 2024 mostró un crecimiento de 2%.
Al cierre de diciembre de 2024, la deuda del Gobierno Central ascendió a ¢29.348.438 millones, equivalente a $57.374 millones.
Según el perfil de deuda, para diciembre anterior el 6,4% de la deuda estaba denominada en otras monedas distintas al dólar estadounidense; 29,6% en dólares estadounidenses y 64,0% en colones. En términos de composición, el 73,4% correspondía a deuda interna y el 26,6% a deuda externa.
