El Consejo de Gobierno asumirá el nombramiento de los siete integrantes de la Junta Directiva del Banco Popular (BP), que actualmente permanece sin conformar, “con el fin de no afectar la gobernanza” ni las funciones de la cuarta entidad financiera más grande de Costa Rica.
La Ley Orgánica del Banco Popular dispone que la integración de la Junta Directiva del Popular involucra competencias de dos instancias.
A la Asamblea de Trabajadores del banco le corresponde elegir a cuatro miembros en el órgano colegiado, los cuales deben ser ratificados por el Consejo de Gobierno. Adicionalmente, el Poder Ejecutivo designa a otras tres personas.
Sin embargo, una reforma al transitorio II del Decreto Ejecutivo N.º 44331-MP-MTSS, publicada en el diario oficial La Gaceta este lunes 9 de noviembre, permitirá que el Consejo de Gobierno designe de forma pro tempore a los cuatro directores titulares representantes de la Asamblea de Trabajadores del BP.
El Consejo de Gobierno también nombrará de forma temporal a los cuatro directores suplentes que también representan a la Asamblea de Trabajadores de la entidad bancaria.
De esta forma, el Ejecutivo tendrá en sus manos la designación de toda la Junta Directiva del Banco Popular.
La medida fue decretada por Francisco Gamboa, primer vicepresidente de la República; Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia; y Mercedes Flores Badilla, ministra de Trabajo y Seguridad Social.
Consideraciones para el decreto
Para decretar la medida, se consideró que actualmente se encuentra en desarrollo el proceso ordinario de integración de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular para el período 2026-2030, con el fin de poder efectuar a su vez la designación de los cuatro directores representantes ante la Junta Directiva.
“Para garantizar la continuidad del servicio y el funcionamiento del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, y hasta tanto se complete de forma efectiva el proceso de nombramiento y ratificación de los miembros representantes de los trabajadores y trabajadoras ante la Junta Directiva Nacional por parte de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco 2026-2030, resulta necesario designar una junta pro tempore, de forma excepcional”, dicta el documento.
También se tomó en cuenta que, en agosto de 2026, el auditor general del Banco Popular, Gustavo Flores, calificó de “jurídicamente imposible” un planteamiento de la Gerencia General que le permitiría aprobar, en casos de suma urgencia, cualquier asunto que sea competencia de la Junta Directiva de la entidad financiera, mientras ese órgano permanece sin integración.
Adicionalmente, se contempló que la Gerencia General del Banco Popular informó, mediante el oficio GGC-1040-2026 del 9 de setiembre de 2026, que el no contar con una Junta Directiva integrada podría afectar asuntos urgentes e impostergables, como la aprobación del Presupuesto Institucional 2027, aprobación de normativa interna y la contratación de la firma de auditoría externa.
“Resulta urgente atender el requerimiento de la Gerencia General Corporativa del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, con el fin de reestablecer de manera temporal el funcionamiento del máximo órgano de dirección institucional, cuyas funciones son de carácter indelegable y así evitar la materialización de riesgos normativos, regulatorios, operativos, financieros y reputacionales”, agrega el texto.
¿Cómo serán designados los directores pro tempore?
Según el decreto, el cuerpo administrativo de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular deberá enviar al Consejo de Gobierno la lista vigente de postulantes a la Junta Directiva de dicha entidad, y sus expedientes, en los tres días hábiles siguientes a partir de la publicación del decreto de este 9 de noviembre.
El listado deberá estar integrado por los postulantes que a este lunes se encontraran preseleccionados mediante los mecanismos establecidos por ese órgano para evaluar la idoneidad.
Es pertinente normar por medio de un transitorio un procedimiento para la designación de la junta pro tempore que considere su voluntad y que pueda incluir criterios de carácter objetivo, directamente relacionados con las competencias y requisitos establecidos para ser parte de este órgano colegiado.
— Decreto publicado este lunes 9 de noviembre en 'La Gaceta'
Posteriormente, la Secretaría del Consejo de Gobierno con el apoyo técnico de la Unidad Asesora para la Dirección y Coordinación de la Propiedad Accionaria del Estado y de la Gestión de las Instituciones Autónomas (UAPA) aplicará una verificación al listado remitido, con el objetivo de acreditar que las personas no presentan situaciones de incompatibilidad por las que no puedan optar por el nombramiento en la Junta Directiva del BP.
“A estos efectos podrá requerir declaraciones juradas o información adicional de los postulantes en relación con lo que establece la normativa mencionada (Ley Orgánica del Banco Popular, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, y Acuerdo Conassif 15-22). En caso de que se detecte alguna situación de incompatibilidad el oferente será descartado de la lista”, se lee en el texto.
Seguidamente, la Secretaría de Consejo de Gobierno, en conjunto con la UAPA, elaborará una lista de los candidatos y la trasladará al Consejo de Gobierno para su valoración.
Esta última instancia deberá nombrar mediante acto motivado, de manera pro tempore, cuatro miembros titulares y cuatro miembros suplentes representantes de la Asamblea de Trabajadores, en el tanto finaliza el proceso para la integración de dicha Asamblea para el período 2026-2030 y su respectiva ratificación.
Para designar a los directores, el Consejo de Gobierno deberá considerar paridad y alternabilidad por género, experiencia general en entidades financieras supervisadas, experiencia reciente o actual como miembro de órganos colegiados o de alta gerencia en entidades financieras catalogadas como de importancia sistémica, y estar afiliado a una organización de alguno de los sectores que integran la Asamblea de Trabajadores.
Ejecutivo ya había tenido control total de Junta del BP
Durante la administración de Rodrigo Chaves, el Gobierno tuvo control absoluto del órgano colegiado de la entidad, pues nombró a los siete miembros en una Junta Directiva pro tempore, ya que no se aceptaron los nombres propuestos por la Asamblea de Trabajadores.
La designación hecha por el Ejecutivo generó que el BP cayera en irregularidad financiera 1 porque hubo directivos que no cumplían con los requisitos de idoneidad, según la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
La operación del Banco Popular tiene un impacto relevante en Costa Rica porque es una de las cuatro entidades bancarias catalogadas como sistémicas por Sugef, es decir, que tiene el poder de impactar todo el sistema financiero y la economía del país si, en un eventual escenario, sufrieran un deterioro en su funcionamiento o cayeran en insolvencia.
A setiembre pasado, el Banco Popular contaba con activos por ¢4,42 billones y un patrimonio de ¢1,10 billones.