Gina Carvajal, gerenta general del Banco Popular (BP), dejó sin efecto el comité creado en abril del 2026 por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras para revisar la idoneidad de los candidatos a ejercer cuatro puestos en la Junta Directiva del BP que son la representación laboral.
La jerarca del BP informó el pasado 10 de setiembre a Edith Ramírez, coordinadora ejecutiva de la Asamblea de Trabajadores, de que el Comité Técnico de Nominaciones no está apegado a la legalidad y no puede continuar funcionando.
“Deberá considerarse que el nombramiento de este Comité no puede prorrogarse más allá del plazo legal ni podrán tenerse como válidas las actuaciones que sobrepasen dicho plazo”, sostuvo Carvajal en el oficio GGC-1041-2026, del cual tiene copia La Nación.
La funcionaria respaldó su decisión en un documento elaborado el 7 de setiembre por la Dirección Jurídica del BP (el DIRJC-1374-2026), el cual fue emitido a raíz de una consulta de Carvajal.
La jerarca cuestionó el hecho de que el Comité lo constituyó la Asamblea de Trabajadores del periodo 2022-2026, cuyos miembros dejaron sus cargos el pasado 31 de julio, en vez de los nuevos delegados del plazo 2026-2030 que aún están en proceso de selección.
Carvajal también mostró dudas sobre el procedimiento para crear al Comité, pues el nombramiento se hizo en una sesión virtual y con 94 delegados presentes, de un total de 290.
Si bien la Dirección Jurídica no encontró vicios en la creación del órgano, señaló que el nombramiento no puede prorrogarse más allá del plazo legal de los asambleístas del periodo 2022-2026.
Por su parte, la gerenta adujo que su intervención se da en el marco de garantizar el resguardo de fondos públicos, pues a la Asamblea de Trabajadores se le asigna más de $1 millón anuales para su funcionamiento.
El banco público confirmó que el órgano cuestionado no está en funcionamiento.
“La valoración jurídica determinó que las personas que integraban ese comité no contaban con nombramientos vigentes en su condición de delegados, condición necesaria para el ejercicio de esas funciones”, se indicó por escrito.
¿Qué está en juego con la confrontación?
La Asamblea de Trabajadores del BP es el órgano que propone a la mayor cantidad de miembros para formar parte de la Junta Directiva de la entidad.
La Ley Orgánica del Banco Popular dispone que la Asamblea elige a cuatro miembros en el órgano colegiado, quienes deben ser ratificados por el Consejo de Gobierno. Adicionalmente, el Poder Ejecutivo designa a otras tres personas.
La Asamblea de Trabajadores la integran representantes de cooperativas, educadores, profesionales, sindicatos, asociaciones solidaristas, trabajadores independientes y artesanos.
Previo al nombramiento para la Junta Directiva del BP, cada candidato debe someterse a una revisión de idoneidad, honestidad e integridad, así como de formación académica, conocimientos, dedicación de tiempo y gestión y prevención de conflictos de interés.
Durante la administración de Rodrigo Chaves, el gobierno tuvo control absoluto del órgano colegiado de la entidad, pues nombró a los siete miembros en una Junta Directiva pro tempore, pues no se aceptaron los nombres propuestos por la Asamblea de Trabajadores.
La designación hecha por el Ejecutivo generó que el BP cayera en irregularidad financiera 1 porque hubo directivos que no cumplían con los requisitos de idoneidad, según la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
La operación del Banco Popular tiene un impacto relevante en Costa Rica porque es una de las cuatro entidades bancarias catalogadas como sistémicas por Sugef. A agosto pasado, contaba con activos por ¢4,46 billones y un patrimonio de ¢1,09 billones.
Esto quiere decir que tiene el poder de impactar todo el sistema financiero y la economía del país si, en un eventual escenario, sufrieran un deterioro en su funcionamiento o cayeran en insolvencia. Las otras entidades nacionales con dicho peso son el Banco Nacional, BAC Credomatic y el Banco de Costa Rica.
La Directiva del BP no es solo relevante para el banco. Sus miembros también forman parte de las juntas directivas de las subsidiarias de la institución, como Popular Pensiones, la mayor operadora de pensiones de Costa Rica con más de ¢6,31 billones de recursos de dos millones de afiliados del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y ¢171.152 millones del Fondo de Capitalización Laboral (FCL), según la Superintendencia de Pensiones a agosto.
En otras palabras, el activo solo del ROP y el FCL, resguardado por Popular Pensiones es 1,5 veces mayor al peso del propio Banco Popular.
Origen de la disputa del Banco Popular
La reacción de la Gerencia General del BP ocurre después de que, el pasado 25 de abril, la Asamblea de Trabajadores acordara crear el Comité Técnico de Nominaciones para hacer la revisión de los atestados de los candidatos a ocupar un puesto en la Directiva de la institución.
Según el Acuerdo N.º 2-LXXVIII-2026, el fin es cumplir con las reglas dictadas en el Reglamento sobre idoneidad y desempeño de los miembros del órgano de dirección y de la alta gerencia de entidades supervisadas.
La Asamblea tomó la decisión de crear el Comité “como un órgano colegiado, permanente, técnico e independiente, encargado de identificar, evaluar y postular a las personas candidatas” para ocupar un cargo en la Directiva de la entidad bancaria.
El BP explicó, por escrito, que la Gerencia General no se opone a la creación del comité, sino que su objetivo es velar por que los procesos relacionados con la gobernanza institucional se desarrollen conforme a la normativa vigente.
“La revisión realizada no tuvo como propósito cuestionar la necesidad de contar con mecanismos técnicos de apoyo, sino verificar que cada etapa del proceso se ajustara plenamente al marco jurídico aplicable y que se desarrollara sobre bases sólidas que brindaran certeza a todas las partes involucradas”, argumentó la institución pública por escrito.
Adicionalmente, se informó que la Gerencia General puso a disposición de la Asamblea de Trabajadores una empresa externa especializada para realizar los estudios técnicos con el fin de verificar la idoneidad de los candidatos a la Junta Directiva.
“La prioridad de la Gerencia General no ha sido intervenir ni obstaculizar el proceso de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, sino contribuir a que se desarrolle con los más altos estándares de legalidad, transparencia, idoneidad y seguridad jurídica”, afirmó la institución pública.
Por su parte, Edith Ramírez, coordinadora ejecutiva de la Asamblea de Trabajadores, confirmó que recibieron el criterio de la Dirección Jurídica y lo incorporaron en el proceso de la elección de los candidatos.
Además confirmó que el trámite para la selección y postulación de sus representantes ante la Junta Directiva Nacional continúa en marcha.
El proceso avanza conforme a la planificación establecida para que, una vez instalada la Asamblea para el periodo correspondiente, “pueda conocer, analizar y resolver oportunamente sobre las postulaciones”, detalló Ramírez.
Por último, el BP descartó que la falta de Junta Directiva afecte la gestión institucional a la continuidad operativa de la institución.
También añadió que el proceso de designación del órgano colegiado aún no ha concluido y el banco funciona con normalidad y apego a sus planes de negocio.