El Fondo Monetario Internacional (FMI) apremió a Costa Rica a aplicar reformas urgentes al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para asegurar su sostenibilidad futura.
Entre las medidas sugeridas se encuentran ajustes en la edad de jubilación, en las contribuciones del Estado y en la cuota obrero-patronal.
La propuesta forma parte del informe final del artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI para Costa Rica, publicado el 13 de mayo. Este documento incluye recomendaciones de mediano plazo orientadas al fortalecimiento del sistema de seguridad social costarricense.
FMI propone cambios estructurales al régimen de pensiones
El FMI planteó sustituir la estructura de contribución del Estado al régimen. Actualmente, el aporte estatal es equivalente al 1,57% de la masa salarial que contribuye al sistema.
Para el organismo multilateral, dicho esquema podría sustituirse por asignaciones presupuestarias acordadas entre la CCSS y el Ministerio de Hacienda.
Además, el organismo advierte de que “podrían ser necesarias reformas paramétricas adicionales al sistema de pensiones del IVM para garantizar su sostenibilidad”.
Estos cambios son los referentes a la edad de jubilación, la cuota obrero-patronal y el cálculo del monto de la pensión.
“Si bien los sistemas de salud y pensiones cuentan con importantes reservas líquidas que respaldan su funcionamiento, se necesitan reformas integrales bien diseñadas para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de seguridad social a medida que aumenta la presión del gasto", precisó el FMI.
En febrero pasado, trascendió un documento de la CCSS que planteó elevar la edad de pensión de los 65 a los 70 años. Además, propuso modificar el monto de la pensión para que las personas reciban un monto equivalente al 40% del promedio salarial de su vida laboral, en vez del rango actual, que va del 43% al 52,5%.
Por otra parte, el FMI planteó que para contener los gastos derivados del aumento de beneficiarios por el envejecimiento de la población, tanto los servicios de salud y el de pensiones deben ser acordados entre la CCSS y Hacienda.
Además, sugiere introducir fuentes adicionales de financiamiento como contribuciones adicionales después de un máximo de personas cubiertas por afiliado. También planteó una coparticipación progresiva opcional para los servicios médicos para asegurar un acceso más rápido a ciertos servicios y reducir las listas de espera.
Jaime Barrantes Espinoza, gerente de Pensiones de la CCSS, indicó a La Nación que “posiblemente” las consideraciones del FMI se valorarán en el equipo técnico intersectorial establecido para plantear propuestas de fortalecimiento al IVM.
La formación del equipo técnico fue acordada por la Junta Directiva de la CCSS, en abril pasado.
El IVM enfrenta un déficit actuarial de ¢74,6 billones, lo que compromete su capacidad para financiar las jubilaciones futuras. Las dificultades para cumplir con las obligaciones del principal sistema previsional de Costa Rica comenzarán en 2047, según el último estudio actuarial de setiembre del 2024.
Si se materializa el escenario donde se acaba la reserva del régimen, corresponderá al Ministerio de Hacienda aportar el dinero necesario para el pago de pensiones, pues así lo ordena la Constitución Política.
En el caso del IVM, el déficit actuarial ascendería en el primer año a ¢2,36 billones, recursos que deberían aportarse vía Presupuesto Nacional.
El IVM es el principal fondo de jubilaciones de Costa Rica con 378.309 jubilados,1,7 millones de trabajadores cotizantes y 78.000 patronos, según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La Superintendencia de Pensiones (Supén) explicó a La Nación, la semana anterior, que los estudios actuariales identifican los riesgos de sostenibilidad y brindan orientación para la toma de decisiones de reformas para garantizar el pago de prestaciones a los actuales y futuros jubilados.
La Supén consideró de forma urgente afrontar cambios en el IVM porque las más recientes reformas “no tuvieron el impacto requerido o no resultaron suficientes”. El último cambio empezó a regir en enero del 2024 y, entre otros ajustes, eliminó el adelanto de pensión para los hombres y lo elevó en las mujeres de 60 a 63 años.
Envejecimiento presiona gasto en salud y pensiones
Por otro lado, el FMI advirtió de que el envejecimiento de la población de Costa Rica amenaza aún más la sostenibilidad del sistema de seguridad social.
El organismo proyecta que entre 2024 y 2035, el gasto en salud y pensiones aumentará alrededor de 2 puntos porcentuales de la producción debido al envejecimiento de la población.
“Al implementar estas reformas, reequilibrar los ingresos fiscales provenientes de las contribuciones sociales y los impuestos sobre la nómina hacia fuentes alternativas también promovería el empleo formal, simplificaría el sistema y mejoraría la equidad”, aseveró.
Elian Villegas, exministro de Hacienda, señaló que la contribución del Estado es un porcentaje de ingresos que viene de los impuestos, por lo que está directamente relacionada con la situación fiscal del Estado.
“El tema de fondo es quién pone la plata y la estamos poniendo entre todos los contribuyentes”, apuntó Villegas, quien consideró que el FMI no está considerando el tema de fondo, que a su juicio es meramente fiscal.
A criterio del exjerarca, hay que buscar fuentes de ingresos fuera de la Hacienda Pública que no comprometan un mayor aporte fiscal que se traduce en el incremento de las tasas de los impuestos.
FMI recomienda mejorar gobernanza y transparencia en la CCSS
El FMI también recomendó profesionalizar la Junta Directiva de la CCSS y asignar funciones diferenciadas para supervisar el IVM y el Seguro de Salud.
Asimismo, instó a divulgar los estados financieros de CCSS, junto con los costos y servicios de salud, siguiendo las mejores prácticas internacionales, como la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).
El informe plantea, además, que la CCSS debe rendir informes periódicos a la Asamblea Legislativa sobre la calidad, eficiencia y financiamiento del sistema de seguridad social, para evitar que se aprueben medidas que lo afecten sin evaluar sus implicaciones fiscales y laborales.
El FMI aconsejó que, en el corto plazo, las autoridades deberían fortalecer la calidad de los registros y las facturas, y facilitar el intercambio de información entre la CCSS y el Ministerio de Hacienda para ayudar a resolver las reclamaciones existentes.
El Fondo Monetario hace referencia que la prolongada disputa entre la CCSS y el Ministerio de Hacienda por la deuda histórica del Estado con la institución asciende a un reclamo equivalente al 8,5% del producto interno bruto (PIB).
“Una solución duradera a esta disputa requerirá reformas integrales, que incluirían el desarrollo de sistemas y registros de facturación robustos y el fortalecimiento de la estructura de gobernanza de la CCSS", señala el informe.
El organismo detalló que al cierre del 2024, el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) representó el 82% de las reclamaciones de la Caja para Hacienda, mientras que las pensiones del IVM representan el 18%.
Sin embargo, la insuficiencia de los registros dificulta la conciliación de las reclamaciones, un requisito previo para los reembolsos.