La Comisión Permanente Especial de Discapacidad y Adulto Mayor dictaminó por mayoría un proyecto de ley que propone trasladar la mitad del aporte patronal que recibe el Banco Popular al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), para el pago de pensiones del Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC).
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, plantea destinar esos recursos al otorgamiento de pensiones a personas adultas mayores en condición de pobreza extrema y pobreza básica.
Según los cálculos incluidos en el proyecto, en 2025 los recursos equivalentes a la mitad de los aportes patronales destinados al Banco Popular ascendieron a ¢37.506 millones.
De acuerdo con la iniciativa, ese monto permitiría otorgar aproximadamente 31.221 pensiones adicionales y atender la totalidad del rezago reportado al cierre de ese año.
“Esta priorización no implica disminuir ni sustituir el financiamiento destinado por el Régimen No Contributivo de Pensiones a otras poblaciones beneficiarias amparadas por el ordenamiento jurídico (como personas con discapacidad y otras que se encuentran en condiciones de desamparo)”, aclara el texto base del proyecto, que se tramita bajo el expediente 25.721.
Actualmente, los patronos deben pagar mensualmente al Banco Popular (BP) el equivalente al 0,5% de la planilla salarial: un 0,25% permanece en la entidad financiera y el otro 0,25% se redirige a las cuentas del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) después de 18 meses.
El proyecto dictaminado pretende que el 0,25% que permanece en el Popular se traslade al Fodesaf.
El texto base del plan señala que esta reforma no modificaría el aporte obligatorio del 1% que realizan los trabajadores al BP ni alteraría los recursos destinados al ROP.
El proyecto de ley dictaminado se denomina Reforma del artículo 6 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Ley N.° 4351 del 19 de julio de 1969, Ley para el Fortalecimiento del Régimen No Contributivo de Pensiones.
Tras recibir los votos a favor de los diputados oficialistas Esmeralda Britton, Kattia Ulate y Roberth Barrantes, y los votos en contra de los liberacionistas Karol Matamoros y Ronald Campos, el plan avanzará al Plenario Legislativo para continuar su trámite.
La Nación consultó al Banco Popular sobre su posición respecto al dictamen del proyecto de ley; sin embargo, al cierre de edición, no había recibido respuesta.
Más de 32.000 personas en Costa Rica se encuentran en lista de espera para recibir una pensión del Régimen No Contributivo. (Shutterstock/Foto)
Argumentos para reasignar los recursos
Como justificación, el texto base de la iniciativa sostiene que el Popular, el cuarto banco con más activos en Costa Rica, cuenta con solvencia financiera y márgenes suficientes para mantener sus funciones sociales y financieras pese a la reducción planteada.
“El Banco Popular es una institución financieramente solvente, estable y segura, que cuenta con márgenes suficientes para continuar cumpliendo su función social y financiera aun con una reducción parcial de la carga parafiscal que actualmente recibe. En consecuencia, la reasignación propuesta no compromete su viabilidad ni su rol dentro del sistema financiero nacional”, señala el documento.
En contraste, la iniciativa señala que el Régimen No Contributivo de Pensiones, administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), enfrenta riesgos estructurales “de mayor magnitud”, cuyo impacto potencial recaería directamente sobre adultos mayores que se encuentran “en situación económica desfavorable”.
Por ello, el proyecto considera que fortalecer oportunamente el régimen es una prioridad de interés público orientada a garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y la protección de los derechos sociales. Además, sostiene que la eventual nueva fuente de financiamiento no sustituiría ni reduciría los recursos ordinarios que actualmente sostienen al régimen.
“La iniciativa busca armonizar la solidez financiera del Banco Popular con la urgente necesidad de fortalecer el Régimen No Contributivo de Pensiones, sin generar desequilibrios institucionales ni afectar la estabilidad del sistema financiero. Se trata de una decisión legislativa responsable, sustentada en evidencia técnica objetiva y alineada con los principios de solidaridad, sostenibilidad y justicia social que informan el ordenamiento jurídico costarricense”, agrega el texto base.
