El Cuerpo de Bomberos adjudicó a dedo la compra de 40 ambulancias por casi ¢6.500 millones a un consorcio brasileño vinculado con dos financistas de la campaña presidencial de Laura Fernández, pese a que conocía ofertas de empresas nacionales hasta ¢1.058 millones más baratas.
La contratación se realizó sin una licitación mayor, mediante un procedimiento excepcional por urgencia, después de una instrucción de la presidenta Fernández.
El caso, revelado por La Nación, es investigado por la Fiscalía Anticorrupción por el presunto delito de influencia contra la Hacienda pública. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) también investiga el origen de los recursos de los financistas vinculados con la empresa adjudicataria.
Estos son cinco aspectos centrales de la contratación, los vínculos de las personas involucradas y las investigaciones abiertas.
1. Bomberos utilizó una excepción por urgencia para adjudicar a dedo las ambulancias
La compra no se sometió a una licitación mayor, pese a que su costo superaba ampliamente el umbral de ¢258,2 millones establecido para ese tipo de concursos.
Bomberos recurrió al artículo 66 de la Ley General de Contratación Pública, que contempla contrataciones excepcionales por urgencia. Bajo ese mecanismo, invitó únicamente al consorcio brasileño SGSV-Bem Estar y dejó fuera a dos proveedores nacionales que habían presentado cotizaciones durante el estudio de mercado.
La decisión se fundamentó en una instrucción de Laura Fernández del 31 de julio de 2026, mediante el Consejo Sectorial de Salud, para reforzar la atención prehospitalaria en al menos 25 estaciones.
Bomberos argumentó que la accidentabilidad vial y laboral justificaba la urgencia. El 28 de setiembre adjudicó las ambulancias por $13,88 millones, a razón de $347.000 por vehículo, un 6% más del precio estimado por la propia institución.
2. Dos empresas nacionales ofrecían precios menores, pero fueron descartadas
Comercializadora Técnica Industrial del Oeste (Cotisa) ofreció suministrar las 40 ambulancias por $11,57 millones, es decir, $2,31 millones (¢1.058 millones) menos que el consorcio ganador. AutoStar Vehículos presentó una cotización de $13,74 millones, inferior en $140.000.
Bomberos descartó ambas propuestas porque contemplaban plazos de entrega de 240 días, considerados excesivos. Sin embargo, al consorcio brasileño le otorgó una vigencia contractual de siete meses, equivalentes a 210 días.
La institución sostuvo que la vigencia del contrato era distinta del plazo de entrega y aseguró que el proveedor suministraría una unidad modelo en 30 días y las restantes en otros 100 días después de su aprobación.
También hubo cuestionamientos sobre la experiencia del adjudicatario. El cartel exigía acreditar la fabricación de 200 ambulancias para cinco clientes en los dos años anteriores. Bem Estar presentó certificaciones de 210 unidades, pero para solo dos clientes brasileños.
AutoStar solicitó anular el procedimiento por presuntos “vicios groseros”. Bomberos rechazó tramitar su gestión por considerarla extemporánea.
3. Dos personas vinculadas con SGSV financiaron la campaña de Laura Fernández
Cristian Rodríguez Villalobos, representante legal y director regional de ventas de SGSV, compró ¢43 millones en bonos de deuda política del PPSO. Hermmoth Rothe Paniagua, fiscal de la sociedad desde 2015, adquirió otros ¢9 millones.
Ambos aparecen en comunicaciones relacionadas con la cotización de las ambulancias. El 26 de agosto, Bomberos remitió información técnica a Rodríguez, quien posteriormente compartió correos con Rothe y otros representantes de la empresa.
El consorcio también cambió su versión sobre cuándo conoció el procedimiento. Primero aseguró que se enteró mediante Sicop, pero posteriormente reconoció comunicaciones con Bomberos desde el 7 de agosto, antes de la publicación del concurso.
Rothe confirmó la compra de bonos como una inversión con rendimiento del 15%. Rodríguez no respondió las consultas periodísticas. El TSE investiga la solvencia económica de ambos financistas.
4. SGSV también estuvo involucrada en los contratos del marchamo digital y las tobilleras
En 2024, SGSV integró el consorcio E-Pass, que buscaba obtener el contrato del marchamo digital por $7,3 millones.
La entonces presidenta ejecutiva del INS, Mónica Araya, denunció que el expresidente Rodrigo Chaves la presionó para adjudicar ese negocio. Araya afirmó que recibió alertas internas sobre cuestionamientos por corrupción contra SGSV y detectó una diferencia de $1,8 millones respecto de una oferta previamente adjudicada.
El INS declaró desierto el concurso el 8 de mayo de 2024 y Araya fue destituida ese mismo día.
SGSV también integra, junto con Racsa y Synergye, el consorcio encargado de las tobilleras electrónicas del Ministerio de Justicia.
En diciembre de 2025, ese grupo reclamó $1,31 millones por menores ingresos y equipos perdidos o dañados. Además, solicitó elevar hasta un 72,2% la tarifa diaria por dispositivo. El Ministerio rechazó las pretensiones y el consorcio presentó un recurso de nulidad.
5. La Fiscalía investiga la adjudicación y la presidenta del INS se desmarca de la compra
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió de oficio, el 2 de noviembre de 2026, una investigación por el presunto delito de influencia contra la Hacienda pública.
Por separado, el TSE mantiene una investigación administrativa sobre la solvencia económica de Rodríguez y Rothe, iniciada el 17 de setiembre y ampliada el 4 de noviembre.
En medio de los cuestionamientos, Gabriela Chacón, presidenta ejecutiva del INS y de Bomberos, ofreció versiones distintas sobre su conocimiento de la compra.
El 7 de octubre anunció en Casa Presidencial que las 40 ambulancias ya estaban adjudicadas y que esperaba ponerlas en servicio en febrero de 2027.
Sin embargo, el 2 de noviembre aseguró que desconocía los detalles del procedimiento y atribuyó su aprobación al director de Bomberos, Héctor Chaves León, o a la Administración.
*Esta nota resume un trabajo de investigación publicado por los periodistas Arianna Villalobos Solís, Natasha Cambronero, Esteban Oviedo, Natalia Vargas y Sebastián Sánchez.