Tras dos años y siete meses, el Banco Popular salió de irregularidad financiera y ascendió a la calificación de normalidad 3, aunque la entidad pública mantiene deficiencias a nivel de Junta Directiva.
Así consta en la resolución SGF-RES-0055-2026, del 11 de setiembre de 2026, firmada por Hazel Valverde, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), y de la cual La Nación tiene copia.
“Comunicar al BPDC (Banco Popular y de Desarrollo Comunal) la calificación global de Normalidad 3, conforme lo dispuesto en el Acuerdo SUGEF 24-22 (Reglamento para calificar a las entidades supervisadas)”, se indica en el documento.
La entidad pública estaba en irregularidad 1 desde enero del 2024.
El Banco Popular se abstuvo de brindar una posición porque, según informó la entidad, algunas de las consultas se refieren a oficios y asuntos que permanecen en análisis y no cuentan con una resolución definitiva o cuya atención formal sigue en proceso.
Por su parte, la Sugef respondió que se encuentra sujeta al deber de confidencialidad, por lo que no puede referirse sobre los resultados particulares de las entidades supervisadas.
La operación del BP tiene un impacto relevante en Costa Rica porque es una de las cuatro entidades bancarias catalogadas como sistémicas por Sugef. A setiembre pasado, contaba con activos por ¢4,42 billones y un patrimonio de ¢1,10 billones.
Nueva evaluación de supervisión
La calificación se otorgó luego de efectuarse una nueva evaluación. La Sugef determinó que el BP continúa con deficiencias en calidad del gobierno corporativo y calidad del ambiente de cumplimiento legal y regulatorio.
La institución pública obtuvo un nivel adecuado en calidad de la gestión de riesgos, evaluación de la situación económica financiera, y nivel y calidad del capital base.
El análisis de la Superintendencia se hizo con corte al 31 de mayo pasado, cuando el banco público aún tenía Directiva. Actualmente carece de órgano de dirección, pues se desintegró el 31 de julio pasado y está en proceso la designación de los nuevos integrantes.
La Superintendencia ordenó el envío de un plan de acción integral orientado a la atención de las debilidades comunicadas.
“Dicho plan deberá estar debidamente conocido y aprobado por la Junta Directiva Nacional, e incluir, como mínimo, para cada hallazgo u observación, la valoración de la causa raíz, la acción correctiva correspondiente, el responsable de su ejecución, la fecha o plazo de implementación”, se precisa en el oficio firmado por Hazel Valverde.
La Sugef juzga la situación económica y financiera de una entidad en los grados de normalidad 1, 2 y 3 y por irregularidad financiera 1, 2 y 3. La normativa establece que una entidad es intervenida cuando cae en irregularidad 3.
Deficiencias detectados en la evaluación
La Superintendencia identificó debilidades en el área de idoneidad del órgano de dirección (actualmente sin integración) a la cual le otorgó una nota de 3, en una escala de 1 a 4, siendo 1 la mejor calificación y 4 la peor calificación. La normativa de supervisión dicta que cuando dos o más categorías tienen una nota de cuatro, la institución evaluada cae en irregularidad.
“La evaluación evidenció debilidades en las características y en el desempeño de las funciones de gobierno, particularmente en materia de composición e idoneidad del órgano de dirección; seguimiento de iniciativas estratégicas; revisión crítica de información financiera y de riesgos”, se precisa en el oficio de la Superintendencia.
La Sugef consideró que estas situaciones, en conjunto, reducen la efectividad del marco de gobierno para dirigir y supervisar la entidad de forma consistente con su naturaleza, complejidad, importancia sistémica y perfil de riesgo.
En la función de cumplimiento legal y regulatorio la insitución bancaria muestró avances en el fortalecimiento de su marco de gestión.
Aun así, la ente fiscalizador identificó defiencias en las metodologías que soportan el sistema de cumplimiento normativo, la formalización de políticas y procedimientos, los mecanismos de evaluación del desempeño y la calidad y el contenido de la información.
“Estas situaciones limitan de manera relevante la consistencia del monitoreo, la trazabilidad de las acciones y la capacidad de demostrar resultados”, dice la resolución de la Sugef que otorgó la calificación de 3.
En cuanto a la calidad de la gestión de riesgos, la Superintendencia determinó que el Banco Popular mantiene, en términos generales, una “capacidad aceptable” para identificar, evaluar, medir, controlar, monitorear e informar sobre sus riesgos relevantes.
Sin embargo, señaló oportunidades de mejora en aspectos relacionados con la gobernanza, la segregación de funciones y la administración del marco de apetito de riesgo.
Según la revisión, estas debilidades requieren atención para fortalecer la independencia, la capacidad prospectiva y la sostenibilidad del marco de gestión de riesgos. En este componente recibió una calificación de 2.
En la evaluación de la situación económica financiera, la entidad obtuvo una nota de 2. La Sugef señaló que BP mantiene niveles holgados de suficiencia patrimonial, una posición de liquidez suficiente y capacidad para generar resultados.
Por su parte, el componente relacionado con el nivel y la calidad del capital base se ubicó en normalidad 1. La Superintendencia explicó que tanto el indicador de suficiencia patrimonial como la composición del capital base y el indicador de apalancamiento se encuentran dentro de los rangos correspondientes a esa categoría.
Más oportunidades de mejora
Además de las debilidades consideradas en la calificación global del Banco Popular, la Superintendencia identificó oportunidades de mejora en la gestión de riesgos de la línea de crédito corporativo e institucional.
Estas se relacionan con la especialización técnica del personal encargado de los análisis crediticios, la dependencia de procesos manuales y herramientas ofimáticas, así como limitaciones vinculadas con las fuentes de fondeo y los mecanismos de retención de clientes.
Según la resolución, estas situaciones se comunican por separado y, por tanto, no inciden en la calificación de la entidad conforme al Acuerdo Sugef 24-22.