Una mujer intentó cobrar ¢15 millones luego de que un conductor irrespetara una señal de alto y destrozara su vehículo, el cual manejaba su padre al momento del accidente. Sin embargo, un error común le impidió obtener una indemnización para las reparaciones y otros gastos derivados del choque, pese a que se determinó que fue responsabilidad del otro chofer.
El reclamo incluso, llegó hasta la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, luego de que los tribunales ordinarios rechazaran la demanda civil presentada contra el conductor responsable del accidente.
La mujer buscaba recuperar el dinero gastado en la reparación de los daños materiales y otros perjuicios que, según alegó, le ocasionó la colisión.
El caso puso en discusión dos aspectos fundamentales para reclamar una indemnización por daños de tránsito:
- La acreditación de la titularidad del vehículo.
- Las pruebas necesarias para demostrar que los gastos reclamados fueron asumidos por quien solicita el resarcimiento.
Su padre manejaba el vehículo cuando ocurrió el choque
De acuerdo con la resolución judicial, en febrero del 2021, el padre de la demandante conducía el vehículo bajo disputa en San Ramón centro cuando fue embestido por otro automóvil, cuyo conductor irrespetó una señal de alto.
El impacto provocó daños en la parte frontal y lateral derecha del automotor, así como en la suspensión delantera, la dirección asistida electrónicamente, el sistema de frenos y las bolsas de aire.
Mujer reclamó pago de daños
En junio de ese año, a raíz de los daños ocasionados al vehículo, la mujer presentó una demanda ordinaria ante los tribunales de justicia contra el conductor del automóvil que provocó la colisión y una sociedad de la cual este era propietario.
En el proceso reclamó una indemnización de casi ¢15 millones por daños y perjuicios, además de las costas procesales.
El monto solicitado incluía los siguientes conceptos:
- ¢2 millones por mano de obra para reparar el vehículo.
- ¢9,6 millones por los repuestos necesarios.
- ¢800.000 por un repuesto que aún estaba pendiente de compra al momento de presentar la demanda.
- ¢2 millones por el alquiler de otro automóvil, debido a que el accidentado se utilizaba para transportar muebles del negocio de su padre.
Ante estos reclamos, el conductor demandado rechazó los cargos y opuso excepciones de falta de derecho y de legitimación activa y pasiva.
Primera instancia descartó demanda por elemento registral
En febrero del 2022, el Tribunal de primera instancia declaró improponible la demanda contra la sociedad del conductor. Además, los jueces acogieron la defensa de falta de legitimación activa y determinaron que la demandante tampoco tenía interés actual para reclamar una indemnización.
Argumentaron que la responsabilidad civil por un accidente de tránsito surge a favor de quien figure como propietario registral del bien al momento de la colisión. Sin embargo, para entonces, la mujer no aparecía como titular registral de ninguno de los vehículos involucrados.
Además, no se demostró que ella hubiera pagado las reparaciones ni los demás gastos derivados del choque. Según el Tribunal, ninguno de los montos reclamados correspondía a desembolsos hechos por la demandante y el daño al vehículo ocurrió antes de que se convirtiera en su propietaria.
Los jueces también concluyeron que la mujer no podía reclamar una indemnización en sustitución de otra persona, pues no cumplía las condiciones del artículo 790 del Código Civil. Este canon permite a las personas ejercer los derechos de un tercero mediante subrogación en casos específicos.
Por esos motivos, el Tribunal rechazó la demanda contra el conductor y le impuso a la actora el pago de ambas costas.

Mujer acudió a casación para revertir fallo
Inconforme con el fallo, la mujer acudió a la Sala Primera con dos argumentos. Primero, alegó que el Tribunal omitió valorar su declaración y la de su padre, quienes afirmaron que él le había donado el vehículo antes del accidente, aunque el traspaso registral se formalizó después.
A su juicio, esos testimonios demostraban que era la propietaria cuando ocurrió el choque. Por ello, sostuvo que correspondía resolver el fondo de la demanda al existir un interés legítimo de resarcimiento.
En segundo lugar, señaló que el artículo 201 de la Ley de Tránsito permite reclamar una indemnización al “perjudicado o su representante”, no únicamente a quien figure como propietario registral.
Argumentó, entonces, que una persona puede ser dueña de un vehículo aunque este continúe inscrito a nombre de otra y que ella tenía derecho a exigir el resarcimiento por los daños sufridos.
También cuestionó que se le negara legitimación para reclamar, pese a que el expediente de tránsito ya estaba anotado cuando el automotor se inscribió a su nombre. Según planteó, esa anotación podía obligarla a responder con el vehículo ante una eventual sentencia desfavorable, lo que consideró contradictorio con negarle el derecho a solicitar una indemnización.
Sala Primera descartó reclamos
En enero del 2025, la Sala Primera rechazó los argumentos de la mujer y confirmó el fallo de primera instancia. Los magistrados señalaron que, aun si se aceptaba que ella era propietaria del vehículo antes del accidente, como alegó en el recurso, esa circunstancia no bastaba para cambiar el resultado del proceso.
Esto se debía a que la demandante no cuestionó otro fundamento de la sentencia: la falta de pruebas de que hubiera asumido los gastos reclamados. Según lo establecido en el proceso, su padre pagó las reparaciones y el vehículo alquilado se utilizó para transportar muebles de su negocio, no para uso de ella. Por ende, no se acreditó que las pérdidas económicas alegadas afectaran su patrimonio.
La Sala también consideró que, aunque el artículo 201 de la Ley de Tránsito permite reclamar a quien resulte perjudicado, la mujer no demostró esa condición en el caso concreto. Como no impugnó el fundamento relacionado con los gastos, discutir la titularidad del automotor no habría cambiado la decisión.
Por tanto, rechazó el recurso de casación y confirmó la sentencia, incluido el pago de las costas procesales.
