Una niña de 7 años y una muchacha de 13 fueron acompañadas por funcionarios de la Unidad Regional de Atención Inmediata (URAI) Huetar Norte, del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el 13 de diciembre anterior, luego de que su padre rociara gasolina sobre su madre y le prendiera fuego.

Inicialmente, las menores fueron llevadas a la Fiscalía Guatuso, Alajuela, y después se les trasladó hasta Alajuelita, San José, para que sus abuelos maternos se encarguen de su cuido provisional.

“Se inició el proceso especial de protección para dar atención integral a las personas menores de edad y su familia y se dictó medida de protección de cuido provisional en los abuelos”, afirmó el PANI, que detalló que el seguimiento institucional estará a cargo de la oficina local de Alajuelita.

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Este es apenas uno de los cientos de casos atendidos por una URAI en este 2020. Las dos primeras unidades de este tipo se abrieron en Alajuela y la región Brunca el 27 de abril de este año, con el objetivo de atender emergencias 24 horas al día los siete días de la semana.

Desde entonces, vino un proceso paulatino que permitió habilitar en total ocho oficinas. Además de las dos anteriores, en junio se comenzó a ofrecer el servicio en Cartago y la zona Huetar Caribe, dos meses después se hizo la apertura en las áreas Chorotega y Huetar Norte, mientras que a finales de octubre se abrieron las últimas dos en las regiones del Pacífico Central y Heredia.

Entre el 27 de abril y el 30 de noviembre, el PANI contabilizaba 2.983 denuncias atendidas por las diferentes URAI, lo cual equivale a 4.700 menores en alto riesgo atendidos.

Alajuela, una de las zonas con mayores cuestionamientos por la falta de atención de casos, concentra el 26,8% de las denuncias, es decir, 800.

Para Gladys Jiménez Arias, la presidenta ejecutiva del PANI, la apertura de esas unidades, tanto en la provincia alajuelense como en otras zonas del país, es fundamental para realizar mejores abordajes ante situaciones de riesgo que atraviesan los niños, niñas y adolescentes.

“Esta era una deuda que el país tenía con la niñez, ya que no se daba esa respuesta inmediata en horarios no hábiles. Incluso, hemos podido ver que entre 10 p. m. y 2 a. m. es cuando más incidentes se presentan.

“Tenemos unidades donde el trabajo ha apoyado a oficinas locales para bajar la cantidad de denuncias, su apoyo es fundamental”, aseguró la jerarca.

Reconoció que cuando asumió la presidencia de la institución, en enero pasado, el rezago en atención de casos en Alajuela era significativo, pero que poco a poco, con la implementación de la URAI y la apertura de dos oficinas locales, una en San Rafael de Alajuela y otra en Poás – Varablanca, han logrado manejar de mejor forma la situación. Afirmó que también se revisó el modelo de gestión y las cargas de trabajo.

Toda esa fórmula hizo que la cantidad de las denuncias pendientes de atención bajara y la calidad de estas fuera mejor.

“Esas acciones nos tienen sin denuncias pendientes de prioridad uno (las más graves) y los números son bajitos en prioridad dos y tres”, recalcó.

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Jiménez contó que además de las ocho URAI, hay que tomar en cuenta que en San José se contaba con el Departamento de Atención Inmediata (DAI), que cubre el sur y oeste de la provincia, por lo que la extensión institucional en todo el país es bastante amplia.

Sin embargo, dijo que es necesario mantener un análisis y revisión del programa para determinar si se le da cobertura a todas las zonas del país, tomando en cuenta que en ocasiones hay mucha distancia entre las oficinas y el punto de emergencia.

Ante ello, se coordina con equipos de primera respuesta, como Cruz Roja, Fuerza Pública y Cuerpo de Bomberos; empero, el objetivo es brindar acompañamiento a todos aquellos niños o jóvenes que lo requieran.

Funciones específicas

Las funciones de las URAI son específicas, ya que luego de recibir la alerta donde se indica una situación de emergencia, los funcionarios se trasladan al lugar y analizan la situación.

Una vez en el lugar, se coordina con la Unidad de Respuesta y se revisan los datos para determinar si existen antecedentes de violencia o riesgo.

A partir de eso se define si es necesario ubicar a los menores con un recurso familiar o si por el contrario se debe coordinar con otra institución para la atención familiar.

Por ejemplo, en los casos donde la madre es víctima de violencia doméstica, se establece comunicación con el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), para que sea esa entidad la que se encargue de buscar una alternativa para la familia.

La presidenta del PANI destacó que una vez realizado ese proceso, el caso es remitido a la oficina de la localidad, para que se le dé seguimiento al caso, ya que ellos se encargan de la primera intervención.

“Se traslada el caso a la oficina local que le corresponde, donde un equipo realiza una investigación preliminar, analiza el caso, si hay antecedente y si hay que dictar medidas adicionales o seguir con las determinadas por la URAI, dependiendo del riesgo se puede judicializar el asunto.

“URAI atiende emergencia y traslada incidente a la oficina local para todos los demás trámites.

“La prioridad es buscar que los niños estén en un ambiente lo más familiar posible. Por ello, se ven todas las posibilidades antes de llevar un menor a un albergue”, manifestó Jiménez.

Cada unidad tiene en total 10 profesionales en diversas áreas como Trabajo Social, Psicología, Derecho y Criminología. Ellos se dividen en tres turnos de trabajo, los cuales les permiten tener disponibilidad 24/7.

Conflictos de familia y negligencia

De las 2.983 denuncias atendidas entre abril y noviembre por las URAI, la mayoría obedecen a conflictos de familia, seguidos de negligencia, castigo físico y abuso sexual.

“Todavía se normaliza el castigo físico como un método de crianza o disciplina, entonces atendemos denuncias por eso”, aseguró.

Para el 2021, las unidades seguirán siendo monitoreadas cada tres meses, con el objetivo de que el trabajo sea cada vez de mayor calidad.

“Hay que seguir fortaleciendo el trabajo. Los datos reflejan apoyo a gestión y respuesta inmediata para garantizar derechos de menores que sufren agresión o abuso”, finalizó Jiménez.