La Sala IV prohibió a los custodios del Ministerio de Justicia utilizar gas OC, conocido como gas pimienta, dentro de la cárcel La Reforma, en Alajuela, hasta que no se cuente con un sistema de grabación en video que registre los momentos en que se aplica.
La resolución fue tomada ayer, de forma unánime, por los seis magistrados de la Sala Constitucional. La magistrada Nancy Hernández fue la encargada de redactar el fallo completo.
La decisión respondió a un recurso de hábeas corpus presentado por reo de apellido Rodríguez, el cual es uno de los más de 35 casos que esa Corte analizó donde se denunciaban distintos tipos de tortura por parte de policías penitenciarios en ese centro penal.
Entre las agresiones denunciadas en los recursos se mencionaba el uso de este gas en rostro y genitales de los reclusos.
Los presos aseguraron que los oficiales carcelarios usan ese método porque no deja marcas. Según la información de la Sala IV, los denunciantes afirman que los esposan y les rocían el químico.
Fiscalización. En su resolución, los magistrados explicaron que las grabaciones servirán para que “queden constando las circunstancias del uso excepcional de gas pimienta o irritante por la policía penitenciaria y que pueda ser verificado por un tercero imparcial, para valorar el principio de proporcionalidad”.
Los jueces además ordenaron la elaboración de un protocolo de uso con ayuda del Mecanismo Nacional para la Tortura de la Defensoría de los Habitantes.
“En tanto no se implementen esas dos medidas, debe mantenerse la prohibición absoluta de adquisición y uso, así como deberá hacerse un retiro de los cilindros existentes en el centro La Reforma y ser almacenados en otra ubicación física”, añadió el fallo.
La semana pasada, la Sala Constitucional ordenó a la ministra de Justicia, Cristina Ramírez, intervenir la sección de Máxima Seguridad de La Reforma, tras detectar una red de custodios penitenciarios que ejercía torturas a los reos. En el voto detallaron nombres de unos 30 policías denunciados.
Respuesta. Consultada sobre esta nueva resolución, Ramírez indicó que esos cambios ya eran parte del “plan remedial” que se está ejecutando bajo su gestión.
“Se determinó recoger todos los artefactos de gas pimienta o irritante para que sean traídos a las oficinas centrales. Esta mañana se ordenó a los policías penitenciarios no usarlo”, dijo ayer la ministra.
“Se ha tomado esta disposición a efectos de que no sea usado sin que se cuente con los sistemas de seguridad”, agregó.
La jerarca explicó que se está analizando cuál será la inversión requerida para instalar el sistema de cámaras de video, tanto en los ámbitos como en los pasillos.
“No estaba en el presupuesto. La administración anterior no lo dejó presupuestado. Estamos haciendo una serie de ajustes para ver cómo lo tramitamos mediante el Ministerio de Hacienda”, manifestó Ramírez.
Criterios. La discusión sobre el uso del gas tuvo dos valoraciones entre los magistrados. Unos, como Nancy Hernández, Gilbert Armijo y Fernando Castillo, consideraron que la prohibición de compra y uso debe ser absoluta.
Pero otros jueces no coincidieron, por lo que los criterios se condensaron en el impedimento para emplear el gas en tanto no hayan dispositivos de grabación.