El líder de una banda dedicada al contrabando de licores y seis de sus cómplices pasarán seis meses en prisión preventiva.

Así lo determinó el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública este jueves al final de la tarde, luego de la audiencia de solicitud de medidas cautelares, la cual se desarrolló en dos días.

Se trata de un hombre de 44 años de apellidos Sandoval Matamoros, quien residía en una vivienda en Bribri de Talamanca, Limón, y en ocasiones se movilizaba a otra propiedad en San Rafael de Alajuela.

Además, de este sujeto, se determinó que mientras avanza la investigación del caso también estarán en la cárcel dos hermanos apellidados Jiménez Saravia, un hermano del cabecilla de apellidos Sandoval Matamoros, así como otros tres sujetos identificados como Al Yasir, Soto Herrera y Vásquez Castillo.

Uno de los Jiménez era el encargado de logística y el enlace con contactos policiales, mientras que el otro se encargaba de extraer y acarrear el licor. Esa última función era hecha con ayuda de Al Yasir, quien también buscaba a los clientes.

En tanto, el otro Sandoval distribuía licores en comercios de Alajuela, al tiempo que Soto Herrera y Vásquez Castillo recibían el licor para colocarles etiquetas falsas y distribuirlos como si fueran traídos a Costa Rica legalmente.

Las otras 24 personas relacionadas con la organización criminal, entre ellas 20 oficiales de la Fuerza Pública, seguirán ligadas a la investigación sin medidas cautelares.

La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual informó de que a los uniformados se les vincula con los presuntos delitos de cohecho propio e incumplimiento de deberes y los particulares son señalados como sospechosos de contrabando agravado.

Sobre estos hechos, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) dijo que era respetuoso de las competencias de los poderes de la República e informó que, "en relación con los 20 oficiales investigados, por el momento no se ha establecido ninguna medida cautelar.

"Ante esta situación jurídica, los funcionarios regresaron a sus labores y estaremos atentos a la investigación en curso.

“En cuanto a las acciones administrativas, estamos en la recopilación de datos que serán remitidos oportunamente al Departamento Disciplinario Legal para lo que corresponda”, precisó la entidad por medio de su oficina de prensa.

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Alertas sobre retenes

De acuerdo con la investigación del caso, la organización reclutó a 20 oficiales de la Fuerza Pública y les pagó hasta ¢100.000 a cada uno para burlar los retenes que podían encontrar en carretera mientras movilizaban la carga ilegal.

El grupo adquiría la mercancía en los Duty Free de Panamá y desde ahí la movilizaba en embarcaciones pequeñas por el río Sixaola. En las márgenes de dicho afluente, había varios atracaderos improvisados, donde integrantes de la agrupación recolectaban la carga y la metían en vehículos.

Luego, los licores eran guardados en una casa ubicada en Bribri de Talamanca, Limón, donde estaba el primer punto de almacenamiento y, en ocasiones, se quedaba el líder de la agrupación, de apellidos Sandoval Matamoros.

En otras viviendas y bodegas de la provincia limonense, así como en recintos de San Rafael y La Guácima, en Alajuela, también había puntos de operación, precisaron las autoridades.

Sin embargo, para poder movilizar la carga desde el Caribe, la agrupación contactaba policías de Fuerza Pública para conocer los puntos donde había retenes o para evitar ser detenidos si pasaban por el lugar.

Los pagos hechos a los uniformados eran variados, pero rondaban entre los ¢20.000 y ¢100.000, ya que todos los días había movimiento.

“En apariencia, le pagaban a oficiales de algunas sedes policiales, para que les informaran cuándo y dónde había operativos en carretera, o bien, para que una vez que el carro en que llevaban el licor de contrabando llegaba a un retén policial o pasaba por una delegación de dicha Policía, no fuera detenido, ni revisado y así poder pasar los cargamentos”, explicó el OIJ en un boletín de prensa.

Christian Montenegro, jefe de la Sección de Crimen Organizado de la Policía Judicial, precisó que los oficiales “facilitaban el traslado de los licores, así como el hecho de que los cargamentos no fueran detectados”.