Un terreno privado superior a las 32 hectáreas en Quepos fue invadido desde hace más de un mes por unas 200 familias, sin que la Fuerza Pública ni el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) hayan intervenido pese a cuatro denuncias interpuestas por propietarios.

El subdirector regional de la Fuerza Pública en el Pacífico Central, Nelson Barquero, señaló que la invasión comenzó hace tiempo, cuando en ese cantón se difundió falsamente la noticia de que las tierras pertenecían a un sujeto que había fallecido.

“Por mala información que alguien les suministró a los vecinos, algunos de una manera irregular e irrespetuosa decidieron invadir la finca. Al averiguar con el Registro de la Propiedad, vimos que el terreno no le pertenecía a esa persona”, acotó Barquero.

Afirmó que el trámite de desalojo está en proceso, pero debe considerar muchas aristas. Por lo anterior, estima que un eventual operativo podría durar dos meses más.

Betsaida Novoa, educadora pensionada, de 58 años, fue una de las que denunció el caso, pues para entrar y salir en motos, bicicletas y a pie, los precaristas usan su propiedad.

Según manifestó, los invasores cortan cercas para cruzar y algunos ranchos ya están cerca de los terrenos que ella comparte con otros nueve hermanos y que fueron adquiridos por una herencia de su padre.

Esa finca queda unos cinco kilómetros al este del puente Lolo, cerca del barrio Los Alfaro, en Quepos, Puntarenas.

Entre las partes invadidas está una que colinda con el manglar y otra que tiene una laguna, la cual, según Novoa, también podría ser contaminada pues en esas propiedades no se cuenta con ninguno de los servicios básicos como agua potable y electricidad.

Posible daño ambiental

La denunciante asevera que con motosierras talan árboles, cuya madera usan para cocinar y hacer fogatas. Añadió que algunos precaristas son de Parrita y Quepos, pero otros de Cartago y San José.

Ella vive en Boca Vieja, a menos de dos kilómetros en línea recta de la zona invadida y dice que hasta ahí llega en las noches el olor de madera quemada. A veces tienen que llamar a los bomberos para que controlen las quemas de los precaristas en la finca.

“Esa gente ha hecho muchísimo daño ambiental, sobre todo corta de árboles y quemas”, sostuvo. Recalca que ha visto personeros del Minae, pero ni siquiera se bajan del carro.

Ella teme por la eventual contaminación de una laguna, cercana a unos pastizales para ganado. “No me extraña un brote de diarreas, porque ahí la gente no tiene ni dónde hacer sus necesidades, hay muchos niños. En cuanto al coronavirus, dice que nadie usa mascarillas.

Añade que entre las propiedades afectadas también está la de un cubano y las de algunos hermanos de ella.

Son áreas de vegetación, frutales y residencias, algunas de esas tierras son costosas pues tienen vista al mar e incluso colindan con casas grandes. “Estamos hablando de tierras donde el metro cuadrado vale $100, apuntó.

Su familia aprovecha las cosechas de cítricos y de mamón chino para venderlos, pero ahora relata que hasta amenazas y malos tratos han recibido de los invasores.

“Es una propiedad familiar, incluso vendimos unos lotes para pagar la segregación y cada hermano quedó con su espacio. Tener papeles al día es caro y pagamos impuestos de bienes inmuebles cada año”, explicó la mujer, quien estima que alguien tiene que solucionarles.

También contó que incluso han habido pleitos entre los mismos precaristas en disputa por algunas zonas.

Novoa acudió a la Fuerza Pública y a la municipalidad, porque asumía que, como sus impuestos están al día, el ayuntamiento debería ayudarle.

Pandemia incide

El alcalde de Quepos, Kim Jim Jong Kwan, declaró que cuando la invasión es en propiedad privada, la municipalidad no puede intervenir y solo colabora después de que la Fuerza Pública ingresa.

Kim reveló que también en lugares públicos de Portalón y cerca del estadio de Quepos hay invasiones, por lo que han solicitado a la Policía ayuda, pero por razones de la pandemia les han dicho que los operativos han disminuido.

El funcionario sostiene que muchos de los precaristas no invaden por necesidad de vivienda, sino para buscar apropiarse de tierras ajenas.

Los afectados aseguran que mientras desde San José analizan el caso, el daño ambiental sigue adelante

“Un grupo de personas toma la decisión de invadir un conjunto de propiedades privadas, las cuales están inscritas en el Registro de la Propiedad y están debidamente declaradas en la Municipalidad de Quepos. Simplemente invadieron”, explicó el abogado Roldán Morales, representante de algunos afectados.

Consultado sobre el caso, el jefe interino de la Fuerza Pública de Quepos, Marvin Mora, argumentó que “el desalojo no se ha ordenado y lleva su debido proceso porque hay que hacer una intervención con el apoyo de otras instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, porque hay familias con niños y con adultos mayores”.

Mientras tanto, de acuerdo con Novoa, los fines de semana en la zona invadida aumentan los daños.

Por su parte, Barquero, confirmó que a partir de las denuncias planteadas, la Oficina de Desalojos Administrativos de la Fuerza Pública comenzó las gestiones al respecto.

Eso obliga a la Policía a tramitar con las instituciones pertinentes para buscar una solución a aquellos que verdaderamente no tienen dónde vivir, y no dejarlos en la calle.

Esos procedimientos deben ser revisados por personeros de Casa Presidencial y estos últimos son los que ordenan a la Dirección General de la Fuerza Pública el desalojo. “No se trata de inacción, sino de hacerlo lo más ordenado posible”, manifestó Barquero.

Admitió que por la pandemia de covid-19 deben tener consideraciones adicionales a la hora de intervenir, para no ponerlos en condición vulnerable, pues estima que se trata de muchas personas, ya que la finca es muy grande.

Estimó que en un máximo de dos meses se habrá coordinado con instituciones de bienestar social, así como el municipio, la Policía de Migración y con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), pues también deben quitar algunas conexiones clandestinas que las familias han hecho.

El jefe policial recalcó que el impacto de la pandemia, el desempleo y otras circunstancias sociales han generado grandes invasiones como esa, que también existen en otros puntos de Quepos.

Para un desalojo de tantas familias, la Fuerza Pública necesita al menos 150 policías, por lo que una vez que se gire la orden, la operación tendrá refuerzos de otras regiones.

Amenazas con machete

Luis Sánchez Director Regional del Área de Conservación Pacífico Central del Minae, informó de que desde el 31 de mayo interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público, acerca de una posible invasión al patrimonio natural del Estado en ese sector, la cual se tramita dentro del expediente 21-000325-0457-PE.

Añade que los funcionarios de la oficina subregional Aguirre - Parrita, en compañía de personal de Fuerza Pública y de la estación de Guardacostas Quepos se apersonaron al sitio el 28 de mayo, donde encontraron hallazgos de invasión y corta de árboles en un área de bosque.

“En otra inspección ocurrió una reacción violenta de parte de los ocupantes, que amenazaron con machete a los funcionarios del Minae”, denunció Sánchez.

Actualmente, los jerarcas están a la espera del operativo interinstitucional para abordar de forma conjunta y lo antes posible el caso, pues necesitan recabar mayor información que pueda ser aportada al Ministerio Público para continuar con el proceso correspondiente.

De momento no han intervenido de manera formal, pese a la tala y quema de árboles denunciada por vecinos.