“La sociedad costarricense no tolera que un médico abuse de su posición de poder para atentar contra una mujer que llegó a recibir los servicios de salud, en busca de ayuda y esperando que el sistema de seguridad social le responda”.
Así se expresó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) respecto al caso del médico del Hospital Max Peralta que es investigado por cuatro posibles delitos de abuso sexual en perjuicio de pacientes, incluida una menor de edad.
El doctor, de apellidos Camacho Aguirre, continúa trabajando en el centro médico y fue trasladado a realizar labores administrativas de manera temporal, para que –por el momento– no atienda pacientes.
Ante una consulta de La Nación, el Hospital Max Peralta confirmó que no removerá al médico de su cargo de forma permanente, ni realizará alguna otra diligencia similar hasta que finalicen las investigaciones internas en la institución.
Sobre esto, el Inamu indicó que espera que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) actúe de manera diligente en este proceso, para que se investigue y garantice que no se pondrá en riesgo a otras aseguradas.
También manifestó que confía en que la investigación del Poder Judicial llegue “hasta las últimas consecuencias”, ya que se trata de “hechos que no pueden ser tolerables ni mucho menos quedar impunes”.
Al menos cuatro pacientes, incluida una adolescente de 16 años, se apersonaron a instancias judiciales en los últimos dos meses para denunciar que el galeno abusó sexualmente de ellas cuando las atendió en el centro médico de Cartago.
La madre de la víctima menor de edad dijo a este medio que el doctor Camacho Aguirre la sacó del consultorio cuanto atendió a su hija en diciembre anterior y que, posteriormente, aprovechó para ponerle el pene en la mano a la adolescente.
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De acuerdo con el Inamu, la CCSS, como entidad que forma parte del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia Contra las Mujeres, tiene que generar acciones que permitan garantizar que ninguna mujer experimente este tipo de eventos abusivos por parte de un médico o cualquier otro funcionario.
Precisamente, el artículo 168 de la Normativa de Relaciones Laborales de la Caja habla sobre las obligaciones que tiene la institución en relación con la tutela de derechos en materia de hostigamiento sexual y personas responsables.
En dicho apartado, la CCSS se compromete a brindar un proceso de capacitación a sus funcionarios sobre la normativa en materia de hostigamiento sexual, así como su debida divulgación, interpretación y aplicación.
Además, asegura que la institución “promoverá actividades que fomenten valores y principios de respeto a la dignidad humana y la no discriminación”.
El mismo documento indica que los funcionarios que noten cualquier conducta que pudiera inducir a un caso de hostigamiento sexual, tienen la obligación de denunciarla a sus superiores para comenzar una investigación.
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Consecuencias del abuso
El Inamu también se mostró preocupado por las consecuencias que pueden generar los presuntos abusos sexuales a las pacientes, principalmente en dos de las víctimas, que ya de por sí sufrían afectaciones relacionadas a su salud mental.
Una de ellas es Mariela Bonilla De Franco, quien se había acercado al Hospital Max Peralta para buscar atención médica por un ataque de ansiedad y luego denunció a través de sus redes sociales los supuestos tocamientos que le hizo el doctor.
“En este caso concreto, el abuso sexual que cometió este médico no solo deslegitima la institucionalidad pública, sino que viene a poner en riesgo la estabilidad emocional y psicológica de la paciente que tuvo el valor de denunciar el abuso”, aseveró el Instituto.
De hecho, el Inamu explicó que esta paciente y cualquier otra que busque atención por algo relacionado a su salud mental, pueden experimentar un aumento en sus síntomas luego de ser víctima de abuso sexual.
Entre las consecuencias que puede generar el abuso se encuentran: dificultades en el desempeño académico y/o laboral, problemas en las relaciones interpersonales, falta de satisfacción personal, temor, ansiedad, pérdida de la sensación de seguridad personal, alteraciones en el sueño y la alimentación, entre otras.
El Inamu destacó que respalda el valor que tienen las mujeres de denunciar cualquier tipo de violencia que reciban, sea en su casa, en el trabajo, en la calle o en las instituciones públicas o privadas.
“Y en el caso de las instituciones, la responsabilidad de garantizar por medio de acciones inmediatas la no impunidad”, agregó.
Según el Instituto, es indispensable, en estos casos, restablecer la seguridad en la persona y que no se revictimice sobre hechos donde solo existe un responsable: el abusador.
“Solo cuando todas alcemos la voz y denunciemos los actos de violencia a los que nos enfrentamos, esta otra pandemia podrá empezar a bajar la curva”, finalizó el Inamu.
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