Hugo Solano C.. 17 junio
La cuidadosa recolección de evidencias balísticas en escenas de homicidios y tiroteos puede marcar la diferencia a la hora de dar con los responsables al determinarse el arma usada. Foto: Archivo Camille Zurcher.
La cuidadosa recolección de evidencias balísticas en escenas de homicidios y tiroteos puede marcar la diferencia a la hora de dar con los responsables al determinarse el arma usada. Foto: Archivo Camille Zurcher.

El uso de munición percutida con las mismas armas en al menos 11 casos de homicidio, lesiones,tiroteos, asaltos y lesiones, ocurridos entre el 2015 y 2016, en lugares muy distantes entre sí, llevan a la Policía a concluir que en el país funciona un mercado ilegal de alquiler de armas.

Algunos de los hechos investigados ocurrieron en Limón, Heredia, Guácimo, Cartago, Moravia y Curridabat, además eran delitos que no se relacionaban.

De igual manera, el año pasado se analizó una seguidilla de asesinatos en Siquirres y alrededores, donde, al parecer, se usó un mismo fusil.

Para el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, esos hechos plantean la existencia de un método que se utiliza “para diluir responsabilidades y para evitar que haya posibilidad de establecer relaciones entre el hecho criminal, una persona y un arma de fuego determinada”.

Las autoridades presumen que, con el fin de deshacerse de evidencias que los puedan relacionar con los ilícitos, los grupos organizados acuden al alquiler de las armas.

“Significa que hay una modificación en el pensamiento de las personas que se dedican al sicariato y que hay más estructuras en el ‘mundillo’ de la delincuencia que participa en eventos criminales violentos que implican el uso de armas de fuego”, puntualizó Espinoza.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Michael Soto, afirma que los ‘minicarteles criollos’ prefieren tener armas alquiladas por un tiempo para evitar que, por medio de evidencias balísticas, se les relacione con otros casos.

Si un sujeto mató a dos o tres personas y al momento de ser capturado anda con el arma, se le vincula de inmediato con todos los hechos, pero si anda otra, difícilmente lo puedan relacionar”, dijo .

Las pistolas de calibre 9 milímetros, las de calibre 38, y calibre 0.40 son las que más se usan en actividades criminales, aunque también aparecen casos con fusiles de guerra como AK-47 o fusil AR-15, que usan munición de mayor calibre.

El director del ICD, Guillermo Araya, dice que como parte de la diversificación del delito y la visión corporativa del crimen organizado, buscan administrar mejor los riesgos y costos de operación, lo que les mueve a que un tercero consiga las armas y corra con todo el riesgo.

Esa es la tendencia internacional ya que, según Araya, en los diversos foros se comenta que incluso en el Internet Profundo (Deep Web) se ofrecen diversas modalidades de alquiler de armas y servicios de sicariato. “Aunque puede ser de manera ficticia, preocupa que sea real, mucho más que está en un canal no regulado, que es de acceso global”, afirmó.

La mayoría de las armas que tienen quienes se dedican a alquilarlas, provienen del mercado legal, pues se las roban a empresas de seguridad o provienen de empresas de seguridad que dejaron de existir y nunca hicieron el reporte.

En los operativos policiales constantemente encuentran armas con series limadas, otras que nunca fueron reportadas como robadas, otras con denuncia por robo y otras sin registro alguno, que ingresan ilegalmente al país.

Entre el 2006 y el 2018 el Instituto Costarricense de Drogas (ICD) decomisó 903 armas de fuego vinculadas al narcotráfico, un promedio de 69 anuales.

En los primeros cuatro meses de este año ya se contabilizan 59 armas decomisadas en casos de narcotráfico, por lo que la cifra va en ascenso, pues el año pasado cerró con 112, la cifra más alta de los últimos 13 años.

El director del ICD explicó que a la hora de atender las operaciones en contra del narco, la Policía de Control de Drogas, el OIJ y las Policías Municipales tienen el cuidado de anotar cuáles armas decomisan y pasarles el informe.

Lo mismo hacen los oficiales del Ministerio de Seguridad cuando en los megaoperativos determinan que alguna de las armas halladas esté relacionada con narcotráfico.

Al salir percutidos, cada casquillo y cada bala adquieren marcas que pueden ayudar a la Policía a dar con el arma usada. Foto: Adrián Arias/ Archivo.
Al salir percutidos, cada casquillo y cada bala adquieren marcas que pueden ayudar a la Policía a dar con el arma usada. Foto: Adrián Arias/ Archivo.
Sistema permite identificar marcas únicas

Alimentar con datos durante cinco años el Sistema Automatizado de Comparación Balística (IBIS, por sus siglas en Inglés) permitió al OIJ determinar que dos pistolas de marca Glock y Smith & Wesson fueron usadas por diferentes agrupaciones delictivas.

El sistema IBIS, instalado en el 2003 con ayuda del gobierno de Canadá, permite almacenar imágenes de casquillos y balas de todos los casos en que se recuperan esos indicios. Luego, mediante la comparación, se pueden ligar diferentes denuncias y así dirigir la investigación hacia estructuras más complejas.

Michael Soto añadió que cuando se empezó a tener resultados con el sistema IBIS, les llamó mucho la atención que coincidieran muestras balísticas de San José con Limón, de Guanacaste con Alajuela y otros casos similares.

Primero se descartó que existiera un gran grupo que operaba en todo el territorio, sino que eran armas que se alquilaban a las organizaciones criminales que las usaban para diferentes delitos.

“Funciona como una especie de armería clandestina donde las personas tienen diferentes calibres y alquilan armamento al mejor postor por ciertos periodos”, afirmó.

Se determinó que un mismo lote de armas se usaba en diferentes lugares del país y con diferentes delitos.

Hay una unidad de vínculos que se encarga de establecer similitudes entre casos.

Cada bala disparada recibió un golpe de la aguja percutora del arma, la cual deja una marca en el casquillo, mientras que al pasar por el cañón, el proyectil queda marcado por unas estrías microscópicas que son en cada arma como las huellas digitales en el ser humano, no hay otras iguales.

Factores como el desgaste, el metal, la velocidad y otros hacen que cada arma deje su marca y eso es lo que se detecta en el sistema IBIS, del laboratorio de balística del OIJ.

Pueda que nunca se encuentre el arma, pero se pueden encontrar casquillos, así como proyectiles o balas que coincidan.

Con esos datos se puede determinar si un mismo homicida participó en distintos casos, ya que hay una unidad de vínculos que se encarga de establecer similitudes.

Por ejemplo, si un delincuente mata a tres personas en diferentes partes del territorio y solo en uno de los delitos se tuvo testigos o un video que lo incriminan con el homicidio, mientras que en los otros dos asesinatos solo se tienen casquillos recolectados en la escena, pero no hubo testigos, la Policía puede orientar la investigación específicamente hacia ese sujeto para buscar nuevas pistas que permitan vincularlo con los otros dos casos.

Es decir, la Policía deja de actuar a ciegas, porque se le abre una línea de investigación gracias a la contribución de la sección balística.

Trasiego de armas

Las dos fronteras terrestres de nuestro país presentan flujos de armas, lo mismo que muchas entran a nuestro país por vía marítima, pues llegan en lanchas hasta Limón.

Las investigaciones policiales han determinado que mucho de ese armamento es para organizaciones que no lo inscriben en el país pues el objetivo es reenviarlo hacia Panamá, dice el Reporte de Situación del OIJ.

Algunos asaltos a empresas públicas y privadas tienen como único objetivo el armamento, para sacarlo del país.

La demanda del mercado negro panameño aumentó, debido a que autoridades de ese país suspendieron desde el 2010 la importación de armas de fuego por parte de empresas privadas, así como de accesorios que permitan su ensamble en el país, con el fin de reglamentar su tenencia.

Lo anterior torna más lucrativo el trasiego de armas a ese país por Paso Canoas.

Colaboró: Carlos Arguedas C.