1.800 reos tendrían que volver a cárceles si se vence contrato de monitoreo electrónico

A solo 37 días de que venza el contrato vigente con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) para el monitoreo electrónico de reos, las 1800 personas favorecidas con ese beneficio tienen un futuro incierto en caso de que la Contraloría General de la República no avale la prórroga.

Para rendir cuentas sobre este asunto, este jueves compareció la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

En dicho foro, la diputada Floria Segreda indicó que hizo una consulta a la Procuraduría General de la República, sobre la vialidad de prorrogar el plazo a una empresa que, además de ineficiente, esté siendo penalmente investigada.

“No estoy de acuerdo en que una empresa (ESPH) cuestionada penalmente siga en el ejercicio de sus funciones, cuando en realidad ni siquiera ha hecho un buen papel”, dijo.

Segreda se refiere a la investigación que realiza el Ministerio Público sobre la forma en que se adjudicó esa contratación, en 2016, ante la posibilidad de que hubiese algún eventual tráfico de influencias, según el expediente expediente 18-000094-1218-PE.

Ante este panorama, el diputado Gustavo Viales le preguntó a la ministra Salazar qué pasa si después del 27 de febrero el país no tiene la posibilidad de ampliar ese contrato.

“Nosotros necesitaríamos sentarnos a conversar el tema con los jueces de ejecución de la pena, porque en este país ellos son los únicos que deciden qué pasa con una persona sujeta al sistema penitenciario”, respondió la jerarca de Justicia.

A sabiendas de que la Ley Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal (N.° 9721) se creó en el 2014 como alternativa para reducir el hacinamiento carcelario, no se puede pensar en la posibilidad de que el actual sistema penitenciario, con la mayoría de sus centros saturados, pueda asimilar esa población.

Otra observación de los diputados a la ministra se refiere al tipo de personas que reciben ese beneficio.

Gustavo Viales dijo que la actual Asamblea tiene la responsabilidad de pulir la ley vigente, para así garantizar el perfil adecuado de quienes puedan acceder a esa solución alternativa a la prisión.

“Se está otorgando un beneficio o una modalidad alternativa con un perfil que nosotros no logramos identificar”, dijo.

Lo anterior se refiere a vacíos en la ley vigente, entre ellos, el hecho de que a indiciados por delitos como narcotráfico, abuso sexual y robos agravados, se les apruebe el uso de tobillera.

Ante esto, la ministra acogió la recomendación del diputado para una propuesta de reforma a la legislación vigente.

En su exposición, la ministra Salazar explicó que ya se han corregido muchas de las irregularidades que un reciente informe de la Contraloría encontró en el sistema de monitoreo vigente, entre ellos más de 900.000 alertas desatendidas entre mayo y octubre del año pasado.

Salazar dijo que ya esa cifra se logró bajar, lo mismo que el tiempo de respuesta en la comunicación de las alertas del monitoreo que solicitan los jueces.

Según el ente contralor, en una muestra de 66 personas, solo el 14% de las alertas se atendió rápido, para el 86% restante a veces se duraban meses. Salazar afirmó que ahora es al contrario, de modo que casi la totalidad de alertas se tramitan el mismo día.

Al igual que años atrás, el costo para atender a la población que usa esos dispositivos electrónicos de monitoreo, el Ministerio de Justicia tuvo que pedir un presupuesto extraordinario, pues actualmente cada reo con tobillera les cuesta unos ¢7.575 diarios.