Las ocho personas detenidas el pasado sábado en La Palma de Pérez Zeledón, con 312 kilos de droga y seis fusiles de asalto, descontarán seis meses de prisión preventiva.
De acuerdo con el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza, ese tipo de grupos son los que más violencia generan en nuestro país, pues además de movilizar drogas, están fuertemente armados.
Tras una inspección realizada por los agentes judiciales en los vehículos en que se trasladaba la banda, se encontraron 312 paquetes de cocaína, así como marihuana y se decomisaron nueve armas, entre ellas seis fusiles de asalto AK-47 y AR.15, con sus respectivas municiones y tres pistolas.
La portación de armas automáticas de grueso calibre está prohibida en nuestro país para personas particulares.
Ese grupo, que sería parte de una organización mayor, cayó luego de que la Policía Judicial recibiera una información confidencial que indicaba que esas personas viajaban a bordo de un camión de carga liviana y dos automóviles, transportando drogas y armas.
Fue así como se organizó un retén policial en conjunto con la Fuerza Pública y avanzada la tarde del sábado se asestó el golpe policial.
La Fiscalía Adjunta de Pérez Zeledón pidió la medida cautelar contra la organización por infracción a la ley de psicotrópicos y la ley de armas. La medida cautelar fue acogida por el Juzgado Penal la tarde del lunes.
Los imputados son de apellidos Segura Villalobos, Arias McCloud, Ellis Bolívar, Miranda Jiménez, Martínez Hidalgo, Sáenz Sandía, Valverde Gamboa y una mujer apellidada Herrera Rodríguez. Sus edades van entre los 25 y 37 años.
Al parecer, estas personas formaban parte de una red criminal, dedicaba al trasiego de drogas y el transporte de armas prohibidas.
El caso se mantiene bajo investigación, dentro de la causa 21-000123-0064-PE.
Narco genera el 60% de asesinatos
Para el director del OIJ, la permeabilidad de las fronteras terrestres y su extensión facilitan el paso de armas, muchas de las cuales fueron usadas por guerrilleros en viejos conflictos armados, pero se mantienen en perfecto estado.
En un recuento reciente sobre la criminalidad, Espinoza afirmó que al menos el 60% de los asesinatos en nuestro país obedecen a vendetas o ajustes entre grupos que se disputan territorios para el narco y que son alimentados por crimen organizado.
Esas redes incorporan a personas para sicariato, administración, contabilidad y otras, como las que cayeron en La Palma, encargadas de transporte y custodia de cargamentos hacia bodegas en su ruta a los países del norte, principalmente Estados Unidos y Canadá, o Europa.
Un kilo de cocaína pasa de costar $1.500 en el país de origen hasta $150.000 en Europa, es decir aumentó en cien veces su valor durante el trayecto y por eso atrae a tantos grupos que se enfrentan para posicionarse en la estructura financiera.
La violencia también se genera a lo interno de la estructura, cuando alguien sustrae droga, se apropia de un dinero de las ventas o incumple las órdenes de los jerarcas.
En el 2020 en nuestro país se registraron 570 homicidios y se decomisaron más de 72 toneladas de droga.