Cinco policías de la cárcel de Pococí fueron detenidos la mañana de este miércoles como supuestos integrantes de una banda narco que operaba en el centro penitenciario Carlos Luis Fallas, ubicado en La Leticia de Pococí, Limón.

Con el grupo están vinculadas otras siete personas, entre ellos un recluso. En total 11 involucrados fueron aprehendidos durante los 13 allanamientos realizados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y miembros de la Fiscalía, confirmó el director de la Policía Judicial, Wálter Espinoza.

Según las pesquisas, el grupo de funcionarios del Ministerio de Justicia podía cobrar hasta ¢900.000 por cada libra de marihuana que introducían al penal. Aparentemente, también introducían teléfonos celulares por cuales recibían hasta ¢80.000.

“Es un operativo masivo y simultáneo dirigido contra una organización criminal que se dedica a traficar drogas de distinta naturaleza. La particularidad de este caso es que hemos detectado la participación de varios funcionarios penitenciarios, de carácter policial, vinculados con el tráfico de drogas y con organizaciones criminales que introducen esas sustancias prohibidas al centro penal”, agregó.

Los cinco policías penitenciarios fueron identificados con los apellidos Brenes Vega, Paguaga Jiménez, Anzora Salazar, Jiménez Sandoval y Rivera González. Este último, al parecer, habría renunciado recientemente ya que tenía mejores oportunidades laborales.

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Los otros arrestados responden a los apellidos de Pérez Montero (mujer), Brenes Vega, Martínez Slack (mujer), Vargas Arias (mujer), Hurtado Muñoz y Araya Sibaja. En apariencia, algunos de ellos tiene un grado de familiaridad con los policías.

Entre los imputados está un privado de libertad apellidado Camacho Chaves, quien está preso desde el 2009 por un delito sexual.

“El grupo tenia un enlace directo con la población penitenciaria. Un privado de libertad, de apellido Camacho Chaves, era proveído por funcionarios policiales que trabajan en el centro y que aprovechaban cuando estaban destacados en las áreas denominadas fortines, recibían las drogas y una vez con ellas las entregaban a este privado para su distribución”, explicó Espinoza.

En las cuentas de Camacho, según el OIJ, se registran transferencias internacionales de sumas “importantes”, razón por la cual se coordina con la Agencia para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), para ampliar las pesquisas y determinar si existen vinculaciones internacionales.

“Son en dólares. (Este sujeto) no tiene actividades conocidas o lícitas de otra naturaleza. Está privado de libertad desde el 2009 por un delito sexual, lo que nos hace pensar que podría haber un inversor internacional”, agregó el jefe del OIJ.

Marcia González, ministra de Justicia, recordó que de acuerdo con estudios del Instituto Contra las Drogas (ICD), este mercado en las prisiones mueve alrededor de $8 millones anuales.

Gran despliegue

Las acciones de este miércoles también se realizaron en los distritos Cariari, de Pococí y Pocora de Guácimo así como en San Rafael de Heredia y Puriscal. En estos últimos residen dos policías presuntamente implicados.

La investigación se inició en agosto del año pasado luego de que el Ministerio de Justicia recibió avisos de parte de compañeros de los policías implicados. La información se trasladó a la Policía Judicial.

“Alertaron a la Policía Judicial acerca de la existencia de un grupo que estaba distribuyendo sustancia ilegales, particularmente cocaína y marihuana en este centro penal,”, puntualizó el jerarca.

Según Espinoza, como parte de las pesquisas se realizaron 12 incursiones que permitieron establecer movimientos de naturaleza delictiva relacionados con transporte, elaboración y la venta de drogas por parte de los imputados. Esto hace creer a las autoridades que se trata de un negocio muy lucrativo.

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En este momento, dijo, hay más trabajadores de Justicia en proceso de “valoración” y que podrían ser incluidos en la causa penal, ya que “que presentan movimientos y conductas compatibles con la de los policías detenidos".

Pablo Bertozzi, director de la Policía Penitenciaria, informó de que algunos de los funcionarios involucrados tenían hasta 10 años de laborar para la institución.

Bertozzi también resaltó la política de transparencia y combate a la corrupción. “Desde que asumimos la Dirección de este cuerpo policial, hemos fortalecido las acciones para denunciar y combatir las acciones ilícitas que puedan cometer los funcionarios del sistema penitenciario, realizamos operativos constantes para concretar estos esfuerzos”, expresó el director.

De acuerdo con un comunicado de prensa, emitido por el Ministerio de Justicia, además de la investigación de denuncias para detectar y sancionar la corrupción, se están realizando medidas como la aplicación de pruebas de dopaje a los policías penitenciarios, además de fortalecer los procesos de denuncias administrativas.

Modus operandi

En apariencia, la banda empleó a vecinos de Cariari para que llevaran la droga a través de un sector montañoso hasta la parte trasera del centro penitenciario. Ahí tiraban los estupefacientes dentro del recinto o los ponían en lugares accesibles para los oficiales involucrados.

Por su parte, los funcionarios aprovechaban cuando les correspondía vigilancia en los fortines –torres de vigilancia en los perímetros de la cárcel– para recoger los psicotrópicos. Finalmente, los entregaban a Camacho Céspedes para que hiciera la distribución.

Este último contaba con el apoyo de una mujer de apellido Pérez Montero, la cual se encargaba de la logística. Según la investigación, esta sospechosa llevaba la contabilidad y administraba dos cuentas bancarias a nombre de Camacho Chaves.

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En ellas se realizaban los depósitos del dinero que se generaba como producto de la venta de drogas dentro del centro penal. También eran utilizadas para pagar a los oficiales los montos exigidos por el ingreso de los estupefacientes.

“Era un proceso dirigido por los funcionarios públicos. Ellos captaban objetos y drogas y luego los distribuían, por lo cual recibían una enorme cantidad de dinero. Por medio de estas cuentas les pagaban (a los oficiales) las sumas que ellos pedían por ingresar al centro penal las cosas. También, por medio de estas cuentas, los clientes de las drogas hacían los depósitos para poder obtener los estupefacientes”, agregó Espinoza.

Hallazgo

El 19 de octubre se informó de que, durante una inspección realizada por la Policía Penitenciaria y la Unidad Canina, se hallaron 1.430 gramos de marihuana en un cajón del dormitorio de oficiales de este mismo centro penitenciario.

Además, se encontraron cuatro celulares con sus cargadores, dos picadoras de marihuana, dos envoltorios de cocaína que pesaron poco más de un gramo, varios machetes, una romana y 1,5 litros de whisky.

Según estimaciones del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), esa cantidad de droga comercializada en prisión está valorada en ¢2,8 millones.

Negocio en la mira

Luego de que trascendiera el operativo, la ministra de Justicia aseguró que una de sus prioridades será trabajar para que no se cometan delitos dentro de los centros penitenciarios.

Según ella este es el primero de varios operativos en estos centros.

“Que la población en general tenga la garantía de que no se están cometiendo delitos en los mismos centros, ya que tenemos sospechas de que pasa en otros”, aseveró.

La sospecha fue confirmada por el director de la Policía Judicial, quien ratificó que problemas de ese tiempo se detectaron en otros centros de reclusión, sin especificar.

“Estamos haciendo investigaciones en otras áreas y hemos logrado verificar que, aparentemente, existen grupos que tienen la misma estructura y de pronto más nivel que el que operaba acá en Guápiles (cárcel de Pococí)”, expresó.

De acuerdo con el jerarca, trabajos como el concluido procuran eliminar el suministro de sustancias ilegales dentro de las cárceles, principalmente cuando también están de por medio asuntos de probidad, corrupción y transparencia de funcionarios públicos.

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Dentro de las prisiones, el costo de las drogas se duplica, pero regularmente eso depende del cliente final y la ubicación que tiene.

En el 2015 se incautaron 126 kilos de droga en penales de todo el país (tanto a reos como a funcionarios); en el 2016 la cifra aumentó a 155 kilos, mientras que en el 2017 fue de 216 kilos, según datos del Ministerio de Justicia. Este año, hasta setiembre, habían contabilizado 126 kilos.

También el trasiego de teléfonos se ha convertido en una actividad fuerte en los centros penitenciarios. Entre el 2015 y setiembre de este 2018 se han incautado 12.243 celulares.

Cifras de la Policía Penitenciaria revelan que las bandas que operan en las cárceles pagan entre ¢80.000 y ¢400.000 para que personas que están fuera de prisión y hasta funcionarios se presten para introducir los móviles y, una vez con los teléfonos dentro, los venden a precios mucho más altos de los que pagaron por su ingreso, ya que pueden cobrar hasta ¢800.000.

Colaboró en esta información la periodista Eillyn Jiménez