El Tribunal Penal de Juicio de San José señaló al menos cuatro acciones ilícitas cometidas por fiscales y policías, durante una investigación que llevó a las autoridades a desarticular una banda, a la cual se le atribuyó lavar más de $4 millones (¢2.396 millones).
Los señalamientos constan en la sentencia número 0518-2020, en la cual se absolvió, el pasado 6 de julio, a cuatro ciudadanos chinos del delito de legitimación de capitales.
En el documento, los jueces también criticaron al Ministerio Público porque, “faltando al principio de objetividad, decidió sostener una causa ayuna de prueba, tratando de falsear la verdad con invenciones de vigilancias y seguimientos que no ocurrieron”.
En la parte dispositiva, el tribunal, además de ordenar la inmediata liberación de los acusados Jing Feng Weng, de 26 años; Huahui Feng de 27; Cai Ying Li (mujer) y Shuhong Hu, ambos de 50, quienes permanecían en prisión preventiva, dispuso dejar el dinero decomisado en esta causa (cerca de $4 millones) a la orden del Juzgado Penal de San José.
Argumentaron que el proceso todavía no se puede cerrar, pues hay dos imputados que están en fuga y deben ser juzgados por los mismos hechos y por tanto no se puede disponer del dinero.
El fallo lo dictaron los jueces Mercedes Jiménez Rojas, Laura Sánchez Sánchez y Fredy Arias Robles.
Por su parte, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Capitales Emergentes, ante una consulta de La Nación, anunció que un fiscal se encuentra elaborando el respectivo recurso de apelación contra la sentencia absolutoria y que una vez redactado será remitido al Tribunal de Apelación de la Sentencia de Goicoechea.
Respecto a las acciones ilícitas mencionadas por el Tribunal Penal agregó: “Esta Fiscalía rechaza absolutamente las afirmaciones que señalan fallas en la investigación y eso forma parte de los puntos de la impugnación que se está formulando. A criterio de ese despacho, la sentencia absolutoria contiene vicios de fundamentación”.
Entre tanto, Luis Alonso Salazar Rodríguez, defensor de uno de los imputados, estimó que lo resuelto por el tribunal “puede considerarse como correcto desde el punta de vista de aplicación del derecho. En este caso el Ministerio Público cometió serios y gravísimos errores procesales. No se si se puede atribuir a una novatada del fiscal a cargo del caso”.
El abogado solo cuestionó al tribunal por no resolver nada con relación al dinero.
Recuento del caso
Las pesquisas sobre este caso se iniciaron en junio del 2018 y se cerraron el 30 de abril del 2019.
Según la sentencia, a los imputados se le atribuyó, presuntamente, reclutar en Estados Unidos y México a personas para que trasladaran alijos de dinero producto de actividades como el narcotráfico, a Costa Rica. Luego ese dinero era distribuido a personas desconocidas para que lo introdujeran a la economía.
Para las autoridades, el líder del grupo era Ruiquan Weng, actualmente en fuga. Inicialmente operaron en una torre de apartamentos situada en el Paseo Colón y luego en un café Internet en el Barrio Chino, ambos en San José.
Las pesquisas tomaron impulso cuando el 8 de agosto del 2018 fue capturado en el aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela, Li Gong-Su Chang, de nacionalidad mexicana, con $70.000. Su esposa Alejandra Rojel Urquidi, que lo acompañaba traía $8.000.
Los $70.000 eran trasladados en una valija, dinero que fue sacado y contado por los policías, además de que interrogaron a los imputados por espacio de 11 horas sobre la procedencia del dinero, señala la sentencia.
A esa pareja no se le informó que podrían tener un abogado y del derecho de abstenerse de declarar. Ambos fueron llevados a la Fiscalía de Alajuela y horas después quedaron en libertad.
Sin embargo, nuevamente los detuvieron el 21 de agosto del 2018 cuando pretendían salir del país. En ese momento Li Gong-Su Chang rinde varias declaraciones con la expectativa de beneficiarse de un criterio de oportunidad. Es allí donde incrimina a las otras personas miembros del grupo.
Esta pareja, que enfrenta una causa aparte por legitimación de los $78.000, quedó en libertad, pero desaparecieron del país. Están declarados como reos rebeldes.
Faltas irreparables
Precisamente, es con la detención de esa pareja donde el tribunal señala que se produjo la primera de las acciones anómalas en el proceso.
Al respecto, precisan que el 8 de agosto del 2018, cuando los capturan en el aeropuerto Juan Santamaría, se les dejó sin el derecho de defensa, pues nunca se les dijo que tenían derecho a un abogado y a abstenerse de declarar.
“Eso perjudicó y los colocó en una condición autoincriminatoria sin posibilidad de contar con los medios que la ley otorga para ser asesorados e informados previo a decidir si declaraban o no”, dice la sentencia.
Como consecuencia de lo anterior los jueces consideraron como ilícita la declaración rendida por Li Gong-Su Chang, pues “se le ocultó que ya era sospechoso y se utilizó un ardid policial, al dejarlo en libertad, sin indicarle que había una investigación en su contra (...)
“La policía debió impedir que el imputado rindiera declaración autoincriminatoria, sin haber sido prevenido de su derecho de abstención y que cualquier cosa que dijera podía ser utilizada en su contra como finalmente ocurrió”.
El tercer elemento mencionado por el tribunal fue la falta de un traductor oficial en dos allanamientos realizados, uno el 24 de agosto en una torre de apartamentos en el Paseo Colón, y el otro el 30 de abril del 2019 en un local comercial en el barrio chino.
En esas acciones policiales se detuvo a las personas que fueron juzgadas y en aquel momento no se tenía un traductor que les dijera a los imputados los derechos, ni que acciones estaban ejecutando las autoridades judiciales, dice la sentencia.
Finalmente, otro de los hechos ilícitos mencionados fue “la utilización de información privada de naturaleza bancaria por parte del Ministerio Público, sin contar con una orden de levantamiento de secreto bancario”.
En esta causa hubo otras dos personas acusadas que están en fuga se trata de Ruiquan Weng y Hailong Hu. Contra ellos hay orden de captura internacional.