El Tribunal de Juicio de Hacienda absolvió, por segunda ocasión, al alcalde de Mora, Gilberto Monge Pizarro, de los delitos de peculado e influencia contra la hacienda pública.
A él se le había acusado por, presuntamente, desviar fondos de un acueducto en favor de una asociación de desarrollo integral.
La sentencia se dictó el viernes anterior tras concluir un juicio en el cual se analizaron hechos que ocurrieron entre los meses de enero a marzo del 2009 y que empezaron a ser investigados por el Ministerio Público en el año 2010.
Este asunto ya había sido juzgado una primera vez por otros jueces en diciembre del 2012, cuando también se exoneró de los cargos a Monge Pizarro. Sin embargo, luego de una apelación de la Fiscalía, se ordenó la realización de un nuevo debate que se efectuó la semana anterior.
El abogado Federico Campos Calderón, defensor de alcalde, calificó la sentencia como justa, al tiempo que atribuyó este caso a una persecución política.
"En el juicio quedó evidenciado de que se trató de una persecución política contra del alcalde para evitar su reelección y que fue un montaje del auditor municipal. Dichosamente la comunidad de Mora ha creído en el trabajo y en la honestidad de don Gilberto, y le han reelegido.
"Lamentablemente, personas sin escrúpulos utilizan a la Fiscalía, con preocupante frecuencia, para estas patrañas políticas, pero en este caso se demostró la inocencia del alcalde quien fue sometido injustamente a un proceso que dilató ocho años”, manifestó.
Campos agregó que luego de esta resolución están analizando la posibilidad de una demanda contra el Estado, por el daño causado, y contra el auditor municipal por denuncia calumniosa.
Hechos juzgados
El Ministerio Público en este caso atribuyó, al alcalde de presuntamente utilizar las influencias para transferir ¢3 millones de fondos del acueducto a la Asociación de Desarrollo Integral de Guayabo de Mora.
Según la Fiscalía, esos dineros por ley están destinados solo al mantenimiento o mejoramiento del acueducto y no podían utilizarse con otros propósitos.
La operación, de acuerdo a la acusación fiscal, fue promovida por el alcalde Gilberto Monge, quien se comprometió a devolver el dinero con fondos de la Municipalidad.
El 8 de marzo del 2010, el Ayuntamiento aprobó una modificación presupuestaria para reponer los ¢3 millones a la Asada de Guayabo. La restitución se hizo con materiales para el acueducto.
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Para la Fiscalía, “esta disposición patrimonial que realiza el imputado violentó el deber de probidad que debía tener de los bienes bajo su custodia, razón por la cual la reposición de los bienes distraídos no elimina la tipicidad de la conducta”.
El Ministerio Público atribuyó al alcalde el delito de peculado (sustracción de bienes públicos) en su modalidad de instigador que es sancionado en el artículo 361 del Código Penal con tres a 12 años de prisión.
Asimismo, acusó el delito de influencia contra la hacienda pública, que es sancionado en el artículo 57 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, con prisión de dos a ocho años al que influya en otras personas para tener un resultado determinado.