En el 2018, Marcia González, entonces ministra de Justicia y Paz, anunciaba las prioridades de su cartera en cuanto a infraestructura penitenciaria: descartaba construir una cárcel para mujeres en Alajuela y, en su lugar, levantaría otro centro penal para hombres, llamado Terrazas.

Su decisión, explicó en aquel momento, se debía a dos razones: la primera, bajar el alto hacinamiento en prisiones para hombres; la segunda, que el mayor problema de las reclusas no era el edificio en el que estaban, sino el desarraigo que sufrían por estar alejadas de su familia y entorno.

En el país solo existe un centro penal para privadas de libertad: el Vilma Curling, en Desamparados. Por ello, desde aquel año el plan era reubicar a algunas de las 545 internas en módulos que se construirían dentro de otras prisiones más alejadas.

LEA MÁS: Privadas de libertad descontarán penas más cerca de sus familias

Sin embargo, casi tres años después de aquel anuncio, las reclusas siguen esperando que Justicia cumpla su promesa.

Según confirmó Fiorella Salazar, actual ministra de esa cartera, aún no se sabe cuándo será efectiva la regionalización de las privadas de libertad, pese a que la mayoría de los espacios ya están construidos.

La razón es sencilla: No hay presupuesto.

Esto hizo prender alertas en organismos adscritos a la Defensoría de los Habitantes y en exjerarcas de esa cartera, pues consideran que los años pasan y no se salda una “deuda histórica” con la población penal femenina.

Salazar detalló que el objetivo sigue siendo trasladar a las reclusas a cuatro módulos, ubicados en las prisiones Carlos Luis Fallas (Pococí), Pérez Zeledón, Puntarenas y Liberia. De todos ellos, solo el de Guanacaste funciona desde hace bastantes años.

Por su parte, los módulos de Pococí y Pérez Zeledón están listos. Su inversión fue de ¢502,8 millones y ¢482,4 millones, respectivamente, cada uno con espacio para 36 personas, indicó Salazar.

Mientras que la construcción del módulo de Puntarenas, cuyo presupuesto es de ¢469,2 millones, aún depende de permisos.

Así las cosas, y aunque la gran mayoría de los espacios para mujeres están listos para usarse, la falta de recursos frena su entrada en operación, pues no hay con qué pagar policías penitenciarios, personal administrativo y técnico.

Lo mismo ocurre con la cárcel Terrazas, que es para hombres. Por esta razón, Justicia acudió al Congreso en busca de nuevo contenido presupuestario. “Dependemos de estas cosas, pero sabemos que cuando pasen por la Asamblea Legislativa, tendremos muchas cosas buenas que contarles”, insistió Salazar.

Y es que ella asegura estar consciente de lo importante de realizar estas reubicaciones, las cuales surgieron como alternativa a la cárcel con perspectiva de género que pretendía construir Marco Feoli, en su condición de ministro en el 2018.

LEA MÁS: Justicia impulsa construir una nueva cárcel para mujeres con un ambiente parecido a la libertad

“A los hombres (privados de libertad) los tenemos por todos lados, pero a las mujeres solo en un lugar (Vilma Curling). Para la gente que viene de zonas alejadas del país, esto les genera temas de desarraigo importantísimos y ahora que vivimos la pandemia (por covid-19) y que las visitas solo pueden durar una hora, alguien que venga de Chomes (Puntarenas) no le funciona”, explicó la jerarca.

Agregó: “Queremos distribuir de una mejor manera a la gente para que no pierdan su lugar de origen”.

Deuda histórica

El retraso que ha tenido este proyecto viene a preocupar a organismos e instituciones, como el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNPT), adscrito a la Defensoría de los Habitantes.

Su director, Róger Víquez, indicó que desde tiempos remotos se le ha dado “poca importancia” a la población penal femenina y eso genera una deuda histórica.

“Dentro de la discriminación hacia esta población, es que tampoco se consideró la construcción de una infraestructura específica para esta población. En el CAI (Centro de Atención Integral) Vilma Curling Rivera se construyeron módulos bajo el diseño de hombres con características de encierro represivo”, dijo Víquez, quien también lamentó la decisión de Marcia González, del 2018, de declinar la construcción de un espacio con perspectiva de género.

Con estos criterios coincidió Marco Feoli, exministro de Justicia, quien también lamentó el trato que se les da a las reclusas.

Por su parte, en el Instituto Nacional de Mujeres (Inamu) consideran que, más allá de si los módulos entran en operación ya o en unos meses, la cartera sí hace un esfuerzo por las privadas de libertad.

“En este momento, es de nuestro conocimiento que el Ministerio de Justicia y Paz está trabajando en el perfil de las mujeres que estarían siendo trasladas del CAI Vilma Curling Rivera a estos módulos”, indicó la entidad en respuesta a consultas de este medio.

En paralelo, señaló que varias instituciones colaboran en la formación de los profesionales que eventualmente atenderán a esta población penal.

“Buscamos profundizar en el perfil de esta población, en las materia de derechos humanos de las mujeres, la aplicación de la perspectiva de género y en el desarrollo del ‘Modelo de Atención a mujeres en procesos penales o medidas privativas de libertad’, construido por el Ministerio de Justicia y Paz, el cual fungirá como el marco conceptual, ético y técnico para el abordaje integral de las mujeres sujetas al sistema penal”, concluyó el Inamu.

Se intentó obtener criterio de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes, pero no fue posible al cierre de este artículo.