Juan Carlos Pérez Murillo, juramentado este lunes en la sesión de Corte Plena como nuevo jefe de la Defensa Pública, prometió convertir esa dependencia del Poder Judicial en un órgano que sea siempre el apoyo legal de las personas en vulnerabilidad.
El compromiso lo hizo público en un breve mensaje de agradecimiento por el nombramiento en el cargo, que es por tiempo indefinido.
Pérez, de 56 años, y quien se encontraba jubilado, asumirá el puesto a partir de este martes 1.° de setiembre. Sustituye en el cargo a Diana Montero Montero, quien fungía de manera interina desde hace tres años.
“Me debo a los usuarios. Me debo a las personas en vulnerabilidad, me debo a las hombres y mujeres de este país que requieren los servicio de la defensa y vamos a luchar porque la labor profesional de todos los defensores sean de excelencia en pro y en beneficio de la institución (...).
“Mi compromiso es trabajar por las personas en vulnerabilidad para que el acceso a la justicia siga y continúe siendo una realidad”, manifestó Juan Carlos Pérez.
La Defensa Pública empezó como un departamento del Poder Judicial en 1970 con cerca de 15 defensores, la mayoría a medio tiempo. Sin embargo, debido al crecimiento, en 1997 se hizo una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y se formó la Defensa Pública como un órgano dependiente de dicho Poder. En la actualidad cuenta con 847 defensores en todo el país.
Inicialmente, los defensores representaban a imputados que no tenían recursos económicos para pagar un abogado en asuntos penales, contravencionales, de ejecución de la pena, disciplinario (a lo interno del Poder Judicial) y agrario. Luego se ampliaron las obligaciones a familia, pensiones alimentarias y más recientemente a temas laborales.
Nuevos retos
La magistrada Patricia Solano, vicepresidenta de la Corte, dijo durante la sesión que la Defensa Pública enfrenta retos muy importantes.
Entre ellos, mencionó el buscar brindar el mismo servicio pero haciendo un mejor uso de los recursos del Estado y el otro que una importante cantidad de defensores interinos sean nombrados en propiedad.
“El reto que asume es grande. La Defensa Pública tiene 847 defensores en todo el país y hay 192 de esos servidores que están pendientes de ser designados en puesto de propiedad (...)
“Igualmente, desde mi óptica, la Defensa Pública requiere algunos ajustes y hacer una gran cantidad de mejoras, pero siempre tratando de mantener un departamento unido, como usted lo dice, pues no es sencillo liderar esa cantidad de profesionales”.