Dos magistrados hicieron pública en sesión de Corte Plena de este lunes su preocupación porque en varios casos de hostigamiento y acoso sexual dentro del Poder Judicial, las sanciones que se aplican a personas que ocupan una jefatura son muy leves y la víctima continúa como subordinada.
La observación la hicieron luego de que este domingo La Nación divulgó un caso en el cual el Consejo Superior le atenuó la sanción a un juez contravencional que, según una investigación de la Inspección Judicial, acosó sexualmente a una subalterna entre el 2012 y el 2019 e, incluso, le restregó los genitales contra su voluntad.
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En una primera instancia, el Tribunal de la Inspección Judicial dispuso destituir al funcionario, pero, en una revisión del caso, el Consejo Superior, por voto de mayoría, cambió el despido por una suspensión de tres meses sin goce de salario, decisión que se tomó el pasado 7 de octubre.
Una de las que se pronunció sobre el tema fue Roxana Chacón Artavia, integrante de la Sala Segunda y coordinadora de la Comisión de Género. “Se trata de procesos desgastantes para la víctima, cuyos hechos se logran probar en el Tribunal de la Inspección Judicial y salen con una recomendación de sanción, que luego el Consejo Superior, como instancia superior, cambia e impone sanciones menores o en algunos casos deja libre a las persona”, dijo la alta jueza.
Añadió que desde hace varios meses vienen detectando que son “muchos los casos” de hostigamiento sexual en los cuales se varía la sanción. “Estamos levantando en conjunto con la Dirección de Tecnología de la Información la información, una lista para acreditar cuántos casos son. Muy pronto podremos tener los resultados y así sabremos si se han aplicado las sanciones o se liberó a los acosadores, a lo que ya se les probaron los hechos”, agregó.
Al mismo tiempo, el magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado, de la Sala Constitucional y quien solicitó conocer el resultado de esos datos estadísticos en Corte Plena advirtió: “No deja de existir también una preocupación, en el sentido de que hay muchas funcionarias interinas, subalternas de un juez que se animan a un procedimiento administrativo sancionador y según el resultado que se obtenga en la Inspección Judicial o el Consejo Superior, se determina una sanción menor que no sea la revocatoria de nombramiento.
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“Entonces esa servidora debe continuar laborando bajo esa persona, que normalmente ejerce sobre ella los poderes de dirección. Es importante darle un seguimiento a esas interinas que se animaron a denunciar a sabiendas de que el superior jerárquico, después del proceso disciplinario, ella continúa en esa condición de subordinación”, concluyó Salazar.
Caso del juez
En el asunto divulgado por La Nación este domingo, se trata de un caso de acoso que denunció una auxiliar judicial el 19 de agosto del 2019. Según su relato, el hostigamiento comenzó desde el 2011 cuando un juez de apellido Jarquín fue nombrado en el Juzgado Contravencional del cantón de Mora, en San José.
La víctima relató a la Inspección Judicial La víctima que desde el momento en que inició hostigamiento “hubo lapsos de abstinencia, pero también hubo miradas libidinosas, e insinuaciones para mantener relaciones sexuales con él (...) Sin precisar fechas, en una ocasión me llamó a su oficina (...), entré a la oficina y él me mostró un vídeo de un hombre teniendo relaciones sexuales con una mujer sobre un escritorio. En ese momento me dijo: ‘Yo quiero que usted me haga eso’. Eso me hizo sentir molesta y acosada sexualmente”.
Otro de los episodios descritos por la víctima ocurrió el 3 de enero del 2019, el cual coincidió con el cierre colectivo del Poder Judicial, por lo que ese día solo ella y el juez fueron a trabajar. Cuando estaban en el juzgado en Ciudad Colón visitaron una oficina, en la cual no habían cámaras de vigilancia, para analizar la ubicación de un escritorio.
“Donde yo entro al cuarto, en contra de mi voluntad, él me jalo del brazo. Él está recostado en la pared y me tomó fuertemente por detrás, rozando sus genitales con mis glúteos. Forcejeamos, le quitaba las manos y él las volvía poner. Esa situación me hizo sentir muy asustada y acosada sexualmente (...). Ese mismo día llegó y me tiró una cajeta en el escritorio, y me dijo: ‘Se la cambio por una mamada’. Interpreté que se refería a que le realizara sexo oral”, añadió la mujer en su declaración.
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Para la Inspección Judicial, las conductas denunciadas tienen un evidente contenido sexual, pues en ningún momento fueron deseadas por la víctima y le crearon un ambiente hostil para el trabajo y humillaciones que ella calló durante varios años por temor, por lo cual recomendó la revocatoria de nombramiento.
Sin embargo, el Consejo Superior del Poder Judicial dio por probados los hechos y concluyó que el funcionario, de 45 años, cometió una falta gravísima, pero dispuso atenuar el castigo: “Se modifica la sanción inicial (despido sin responsabilidad patronal) a una suspensión de tres meses sin goce salarial, en atención a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, la cual deberá ejecutarse en el plazo de un mes, contado a partir de la comunicación de este acuerdo”.