El Ministerio de Justicia y Paz anunció que ampliará el plazo para recibir ofertas en la licitación que se realiza para contratar un nuevo proveedor del servicio de monitoreo electŕonico.

Dicho cartel, que se lanzó el 2 de febrero pasado, estaba previsto para cerrar el próximo 29 de abril. No obstante, según confirmó la oficina de prensa de esa cartera, la fecha se correrá para un día que no especificó.

Mencionó que la decisión obedece a que, desde febrero (mes en el que se abrió el concurso), se han recibido solicitudes de aclaración y recursos de objeción de proveedores interesados, por lo que se prefiere extender el plazo para atender las dudas.

Además, alegó, la ampliación del plazo también permite “incorporar en el expediente de la licitación la información adicional requerida por la Contraloría General de la República (CGR)”.

Así las cosas, mientras se atienden esas gestiones, Justicia también enviará la comunicación a las embajadas nacionales en el exterior y a las embajadas extranjeras con representación en nuestro país, para así promover aún más la licitación y obtener más concursantes.

LEA MÁS: Justicia acude a portillo legal para sostener contrato de tobilleras electrónicas

Cuestionamientos

Poco después de que el Ministerio de Justicia y Paz publicara la licitación de monitoreo electrónico, varias empresas se quejaron, principalmente, con el peso solicitado para las nuevas tobilleras: 130 gramos o menos.

Las empresas señalaron su disconformidad porque consideraron que ese requisito no tiene fundamento técnico y que les impediría a varios proveedores concursar, lo cual podría favorecer a uno de los oferentes.

No obstante, pese a eso, en marzo Justicia rechazó variar el peso. Por el contrario, mantuvo su decisión al descartar que se ajuste a un solo proveedor, ya que, según dijo, hay cuatro empresas que sí cumplen con peso; sin embargo, no aclara si cumplen con el resto de requerimientos del cartel para poder participar.

Ante esa situación, los proveedores interpusieron recursos ante la Contraloría General de la República (CGR), entidad que días después declaró parcialmente con lugar los reclamos de once posibles oferentes, entre los cuales estaban el peso de las tobilleras, la obligación de las empresas extranjeras de inscribirse en el Registro Nacional para obtener una cédula jurídica y el requisito de que los equipos cuenten con un certificado de homologación ante la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

Una vez ocurrió eso, el Ministerio de Justicia debía justificar los requisitos con el respaldo técnico necesario y, si hacía falta, debía hacer las correcciones al cartel.

Justo en ese proceso anterior es en el que está esa cartera y por lo cual también decidió alargar el plazo de recepción de ofertas para este cartel.

Mientras se elige un nuevo proveedor, el monitoreo electrónico de los más de 1.800 reos continuará a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).