El aparente secuestro de un hombre de 29 años, para obligarlo a pagar una deuda de ¢15 millones, tiene a cuatro sujetos al borde de ser condenados a pena máxima que se impone en el país: 50 años de cárcel.
El lunes comienza el juicio por secuestro extorsivo en los Tribunales de Turrialba, el cual se espera que finalice el viernes 14 de agosto.
Los acusados son de apellidos Molina Varela, de 28 años, Ramírez Rosales de 22, Amaya Hernández, de 31 y un jamaiquino de apellidos Hurace Tyurell, de 33.
Los hechos ocurrieron en agosto del año pasado, cuando los sospechosos del secuestro, que integraban un grupo en común, intentaron tomar la justicia en sus manos y secuestraron al deudor para obligarlo a pagar.
Se trata de un hombre de apellido Villalta, de 29 años, quien a sabiendas de que lo iban a buscar, dejó su casa en Turrialba y se trasladó a vivir a Aguas Zarcas de San Carlos.
Hasta ese sitio llegaron, el 28 de agosto del 2019, los cuatro miembros del grupo al que Villalta al parecer adeudaba el dinero.
Aparentemente lo amenazaron con arma de fuego y lo obligaron a subirse a un vehículo.
Descuido y astucia
A petición del propio secuestrado, sus captores se lo llevaron desde San Carlos hasta Turrialba, en un trayecto de 168 kilómetros, pues el hombre les dijo que sus padres podrían ayudarle con el pago de la deuda y comprometerse a depositarles el dinero.
Al llegar a Turrialba, unas cuatro horas después, el sospechoso de apellido Molina se bajó del carro con el retenido e ingresaron a la casa de los padres. Los otros tres sujetos esperaban afuera, en el vehículo.
Molina les advirtió que tenían que darle ¢15 millones que adeudaba Villalta o de lo contrario se lo llevarían a San José para matarlo.
Un descuido durante ese careo, permitió al ofendido tomar un celular y avisar a un amigo sobre el secuestro y las amenazas.
El hombre alertado llamó al sistema 9-1-1 cuyo personal de inmediato coordinó con Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Turrialba.
Fue así como los agentes, con la colaboración de la Fuerza Pública, llegaron a la vivienda donde todavía se encontraban los involucrados.
Primero se detuvo a los tres que se encontraban en el carro y luego a Molina Varela, quien permanecía dentro de la casa con Villalta y su familia.
En el carro el OIJ los agentes encontraron el arma de fuego calibre 9 milímetros con la que amenazaban a Villalta y un teléfono celular.
Los cuatro quedaron a las órdenes del Ministerio Público, entidad que formuló la acusación por secuestro extorsivo, delito que dispone penas de hasta 50 años de cárcel, por el que deberán responder a partir del lunes.