El Ministerio Público solicitó este miércoles al Tribunal Penal de Hacienda, con sede en Goicoechea, que se quite la fianza para los dueños de las empresas constructoras H Solís y MECO, Mélida Solís y Carlos Cerdas, y en su lugar se les dicte prisión preventiva.
La gestión la presentó la Fiscalía en una audiencia que se realiza en los Tribunales de Goicoechea y donde se analizan las medidas cautelares impuestas a 28 imputados en el denominado Caso Cochinilla, que investiga la presunta corrupción en contratos de obra pública. En este caso hay otros dos implicados cuyas medidas se conocen por aparte.
En un escueto comunicado de prensa el Ministerio Público informó: “La Fiscalía Anticorrupción informó que, en virtud de que la audiencia es privada, lo que puede mencionarse por ahora es que se está reiterando la petición inicial de medidas cautelares en contra de las 28 personas imputadas; de momento esta es toda la información con que se cuenta”.
La solicitud la fundamenta en que las medidas sustitutivas (imposición de fianzas, impedimento de salida del país y no tener contacto con testigos) no son idóneas para hacerle frente a todos los peligros procesales, pues argumentaron que tal vez el peligro de fuga estaba cubierto, pero no así el riesgo de reiteración delictiva y de obstaculización de la investigación.
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El abogado Erick Gatgens, uno de los defensores de Mélida Solís, dueña de la empresa H Solís dijo: “En el caso de doña Mélida, indicó que las medidas sustitutivas no son idóneas para hacerle frente a los peligros procesales. Ellos son de la tesis que la única medida que es suficiente para tales efectos es la prisión preventiva.
“Incluso llegaron a pedir de manera sorpresiva que el mismo juez del tribunal revoque la decisión de la jueza inicial y dicte la prisión preventiva, a lo cual obviamente nosotros nos opusimos, por cuanto con eso se violentarían los derechos de Mélida pues no habría derecho a la doble instancia, es decir no habría derecho a reclamar ante un tribunal cualquier error en que el juez incurra”, añadió.
En anteriores ocasiones, cuando un tribunal revoca la medida cautelar dictada por el juzgado, el asunto vuelve de nuevo a conocimiento del juzgado para que emita una nueva disposición.
Erick Gatgens manifestó que en este caso, como defensores de Solís, se opusieron a la pretensión del Ministerio Público porque no hicieron una fundamentación adecuada y no señalaron las razones concretas por las cuales las medidas sustitutivas de la prisión preventiva no eran las idóneas.
Esta audiencia que lleva el tribunal, que es unipersonal y lo conforma el juez Hugo Porter Aguilar, seguirá este jueves en la mañana cuando otros defensores expongan los argumentos por los que se oponen a la gestión del Ministerio Público. Todavía no se sabe cuándo podría terminar.
Antecedente
El caso Cochinilla trascendió el lunes 14 de junio, cuando se realizaron más de 50 allanamientos que permitieron la detención de 30 personas, mientras que otras 40 también están siendo investigadas sin haber sido detenidas. Los nombres de esas personas todavía no han trascendido.
Se trata de empresarios de constructoras, así como empleados y exempleados del Conavi y de otras dependencias del Estado.
A los implicados se les atribuye la presunta malversación de fondos del Consejo Nacional de Vialidad, que generó un déficit de ¢78.000 millones entre el 2018 y el 2020 en contratos de obra pública y se tramita en la causa 19-000025-1218-PE, y es conocida como Caso Cochinilla.
En la documentación judicial se detallan los supuestos sobornos con licor, dinero en efectivo, vehículos y “favores sexuales”, para premiar a ciertas constructoras que competían por proyectos financiados con fondos públicos.