El allanamiento se efectuó en la desaparecida Unidad Operativa de Dirección Funcional, donde además se ordenó investigar a más de siete funcionarios y funcionarias por el presunto delito de incumplimiento de deberes. La diligencia de investigación que se desarrolla es el respaldo de las computadoras que usaban esas personas.

La investigación inició luego de que en junio anterior se presentaran informes a la Fiscalía General, con aparentes irregularidades en la gestión de los casos.

Algunos de los hallazgos de los informes reportaron casi 20.000 informes policiales del OIJ sin atenderse, retrasos de al menos cinco años en la atención de casos con informes del OIJ, unas 5.400 causas cercanas a la prescripción y aproximadamente 3.600 correos electrónicos del OIJ, dirigidos a las unidades, sin tramitar.

Estos fueron presentados por la recién nombrada fiscala adjunta del Primer Circuito Judicial de San José, tras una supervisión exhaustiva que la funcionaria llevó a cabo en la mencionada unidad, así como en otras dos: la Unidad Centralizada de Desestimaciones y la de Archivos Fiscales.

Una vez que conoció los informes, la fiscala Navas ordenó tomar acciones inmediatas, entre las que destacan hacer un plan de trabajo de emergencia, para que se revise cada uno de los expedientes, que se amplíe la investigación (en caso de requerirse), o que los expedientes se acusen, archiven o se pidan desestimaciones o sobreseimientos a los juzgados penales, según corresponda en cada caso particular, para dar una respuesta a la persona usuaria.

También comunicar los hechos a la Inspección Judicial y abrir una causa penal, además de cerrar las tres unidades; distribuir al personal en diferentes despachos del país y distribuir los casos en las distintas fiscalías, según la jurisdicción correspondiente.

Entre desórdenes y atrasos

En declaraciones a La Nación, el 28 de febrero anterior Navas, de 53 años, manifestó que a cuatro meses de estar en el cargo halló “mucho descontrol, mucho atraso y mucho desorden”.

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“La bodega de evidencias no tenía control. Es un desorden; no había sistema de gestión, que sí hay en todas las fiscalías del país. Entonces no se sabía cuántas denuncias entraban, quién denunciaba, hacia dónde iban las denuncias, cuál era el resultado final de las denuncias que se presentaban en la Fiscalía General”.

La funcionaria también reveló que “en la Fiscalía General había casos contra personas, que tienen fuero (jerarcas de supremos poderes con inmunidad), totalmente abandonados. Nosotros estamos tratando de salvarlos. Algunos están prescritos. Ya se comunicó a la Inspección Judicial y estamos atendiendo el resto”.

También detalló que otra de las dificultades es la alta carga de trabajo en ciertos despachos como los de Alajuela y Cartago, donde un fiscal tiene bajo su responsabilidad hasta 350 expedientes