Fernando Cruz deja la presidencia de la Corte: ‘No vienen buenos tiempos para la independencia judicial’

“Tenemos muchos retos. Así que soy optimista, el próximo presidente o presidenta tendrá más luces, tendrá renovadas energías y mejores consensos, eso es importante, porque debemos ser constructivos, preocuparnos por definir una reforma y no simplemente ejercer un poder, que a veces no son más que podercillos, efectivamente, podercillos.

“Creo que no vienen buenos tiempos para la independencia judicial. Ojalá me equivoque. Quizás haya más habilidad y mejor trabajo de quien me suceda, ojalá sea así. Tal vez sean tiempos en que no sea suficiente el silencio prudente o calculado, quizás tengamos que alzar la voz con respeto y prudencia, para alzar la voz y no apostarle tanto al silencio”, indicó Cruz en la primera sesión de Corte Plena después del fin de su periodo de cuatro años, que culminó el 31 de julio.

De inmediato, Cruz aseguró que la Ley de Empleo Público, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (reforma fiscal) y la intervención de la Contraloría General de la República (CGR) son un “golpe serio a la independencia judicial”. “Somos muy vulnerables, tanto que ni siquiera podemos hacerle sugerencias al Parlamento o expresar nuestra disidencia frente a decisiones o actos de los otros poderes”.

También se mostró inquieto por el proyecto de ley tramitado bajo el expediente 20.893, que busca limitar los periodos de magistratura de ocho a cinco años; así como por el expediente 21.386, que pretende reformar la Constitución para que la Asamblea Legislativa no tenga que consultar a la Corte Suprema de Justicia aquellos proyectos de ley sobre asuntos administrativos y salariales del Poder Judicial.

Cruz asumió la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia en agosto de 2018 y su periodo como magistrado vence en octubre del 2028.

Elecciones claves

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Asimismo, Fernando Cruz Castro, magistrado desde el 2004, señaló que uno de los mayores retos del Poder Judicial es mejorar el sistema de selección de magistrados, quienes son elegidos por los diputados. En reiteradas ocasiones, el constitucionalista ha abogado por un nuevo mecanismo de selección que tenga criterios más objetivos.

Actualmente, los legisladores escogen magistrados por medio de un sistema de puntuación que incluye los atestados profesionales y académicos de los postulantes, así como una nota otorgada luego de una entrevista.

Cruz además externó preocupación por la elección de fiscales, e incluso criticó a la exfiscala general, Emilia Navas.

“La señora Navas parecía interesada en la carrera fiscal, pero en la práctica mantuvo una amplia discrecionalidad en el nombramiento de fiscales que no fueran de primer nivel”, aseveró.

“Defensa, Fiscalía, órganos desconcentrados, deben dar un paso al frente para que los nombramientos se hagan conforme a idoneidad y objetividad. Pasaron cuatro años y todavía no hay un sistema de nombramientos de fiscales y defensores que esté a la altura de una democracia efectiva”, aseguró el magistrado.

Entre los logros durante su gestión, Cruz resaltó que se potenció el uso de la tecnología durante la pandemia de covid-19, y recalcó que el Estado de la Justicia reconoció una buena respuesta del Poder Judicial a la emergencia sanitaria.

Mencionó también el impulso a la justicia restaurativa, la creación del Observatorio Judicial, y la creación de la Oficina de Cumplimiento en el 2019, la cual es una entidad con autonomía funcional cuyo fin es combatir la corrupción en el Poder Judicial.

Entre los aspectos por mejorar, Cruz se mostró insatisfecho por la concentración de poderes que existen en el sistema judicial, y la gran cantidad de comisiones creadas para administrar los asuntos de la Corte Plena.

“Qué importante que examinemos si nuestra estructura de organización es vertical y con poderes concentrados e ineficientes. Qué buen ejercicio sería reflexionar en esta ruta. ¿Será que podemos seguir como hasta ahora? Esta es una ruta crucial que no puede evadirse. ¿Será que la Corte se puede administrar con 50, 60, 80 comisiones? Hay que pensar, no parece ser una buena ruta”, manifestó.

Cruz, cuyo periodo como magistrado vence en el 2028, fue electo como presidente de la Corte el 1.° de agosto del 2018, luego de superar en una cuarta ronda a su último contendor, Orlando Aguirre Gómez, magistrado de la Sala Segunda.

Aquella elección se realizó de manera urgente, pues la Corte debía definir el reemplazo de Carlos Chinchilla Sandí, magistrado de Sala III que se acogió a su jubilación el 16 de julio del 2018, cuatro días después de ser amonestado por desestimar una causa contra dos diputados por el escándalo del cemento chino, pese a que luego se comprobó que había prueba suficiente para proseguir con el caso.

El pasado 4 de julio, Cruz anunció que no buscaría la reelección como presidente de la Corte Suprema de Justicia, aduciendo que su mandato era de transición, ante la crisis que enfrentó el Poder Judicial durante el escándalo del cemento chino.

Además, manifestó que él había sido elegido por magistrados suplentes que ya habían sido reemplazados por un grupo de magistrados propietarios, por lo que debía haber una elección que diera legitimidad a un nuevo presidente.

La Corte Plena, interinamente presidida por Patricia Solano, de Sala III, decidió que el 16 de agosto, a las 4:30 p. m., sea el límite para la presentación de postulaciones de candidatos para la presidencia.

De igual manera, el 29 de agosto será el debate entre los candidatos. Ese mismo día, los 22 magistrados votarán para escoger al sucesor de Cruz como jerarca de la Corte Suprema.