Un sujeto de apellidos Garita Oviedo, de 26 años, será enjuiciado este miércoles y jueves por el feminicidio de su expareja Eva Morera Ulloa, de 19 años.

El asesinato ocurrió el 1.° de noviembre del 2019 cuando al parecer el sospechoso citó a Morera en una vivienda en calle Matilde de San Pablo de Barva, Heredia, y luego de una discusión le disparó en la espalda, delante de algunos niños.

El debate estará dirigido por las juezas Katherine Chaves Alvarado, Laura Chinchilla Rojas y Maureen Sancho González y se realizará en el Tribunal Penal de Heredia.

A Garita, exconvicto y padre de dos hijos, uno de ellos procreado con la víctima, se le acusa por homicidio calificado, desobediencia y portación ilícita de arma de fuego, informó el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.

Durante el juicio, la sala 4 tendrá todas las disposiciones de prevención por la emergencia sanitaria de la covid–19. Se espera que nueve testigos declaren durante los dos días.

Cayó el mismo día

Garita fue detenido por la Fuerza Pública el mismo día del asesinato, luego de que su madre alertara de los hechos al llamar al 9–1–1.

Lo anterior porque el sujeto luego de disparar trató de esconder el arma de fuego, la cual colocó entre unos ladrillos y luego se fue para la casa de su madre, que queda a unos 75 metros de la entrada de la alameda donde ocurrieron los hechos.

El sospechoso tenía cinco meses de estar fuera de prisión cuando se registró el asesinato. Él había sido sentenciado a seis años de cárcel en 2017 por el delito de venta de droga, pero había salido de la cárcel gracias a dos beneficios que le habían otorgado.

Según las autoridades, a Garita, su hermano y otros cuatro sujetos se les investigó por vender cocaína, marihuana y crack en el parque de Barva.

La Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres establece que quien cometa feminicidio podrá ser castigado con una pena de prisión que oscila entre 20 años y 35 años de prisión.

Morera estudiaba Trabajo Social en la Universidad Latina desde enero del 2018 y para el momento del crimen realizaba su práctica profesional en el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Su muerte generó una serie de marchas en protesta contra el feminicidio ya que en ese mismo año perdieron la vida de forma similar otras 15 mujeres y durante el 2018 fueron 28 el total de casos.