Empresaria reclama como suyo el estadio de Nicoya

La demanda, presentada hace tres años ante el Tribunal Contencioso-Administrativo en Goicoechea, trascendió ayer cuando se realizó el juicio sobre el caso en los Tribunales de Nicoya.

Precisamente, al cerrar el debate, a las 4 p. m., los jueces Isaac Amador Hernández, quien preside; Amalia Umaña Salazar y Rodrigo Campos Leal anunciaron que emitirán la sentencia de manera escrita dentro de 15 días.

Antecedente. La empresaria que hace el reclamo, Katya Sanchún Acosta, dijo durante el debate que su padre (Julián Alfonso Sanchún Chen) le dejó como herencia la propiedad donde la Municipalidad, “por error”, construyó el estadio.

Agregó que desde el año 1990, cuando falleció su papá, ha ido en múltiples ocasiones al municipio para que le resolvieran la situación; sin embargo, no obtuvo una respuesta positiva.

Agregó que, debido a que nunca se le pagó, fue que decidió llevar el asunto a la vía judicial.

La abogada Odilí Altamirano Urrutia, representante de Sanchún, dijo que piden que se restituya la propiedad a la mayor brevedad a su legítima dueña, y que, además, se le reconozcan por el daño moral, psicológico y patrimonial ¢1.300 millones. “La Municipalidad ha usufructuado la propiedad durante muchísimos años”, dijo.

El terreno que reclaman mide unos 13.000 metros cuadrados e incluye tres calles públicas que rodean el estadio.

Descargo. Humberto León Abadía, uno de los abogados de la Municipalidad, explicó durante el juicio que se trata de dos terrenos. Al respecto dijo: “Fueron comprados el primero por licitación a Andrés Sanchún Chen, pero, por error, el estadio se construyó en el lote del hermano Julián Alfonso Sanchún Chen, padre de la actora, pero en segunda instancia se le pagó, de lo cual están las pruebas”.

Para fundamentar su alegato, recordó que durante el debate un testigo, Elvin Aguilar, dijo: “Recuerdo que se decía en la comunidad que el estadio se había pagado dos veces por la Municipalidad”.

Mientras tanto, Eduardo Villalobos, abogado del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), codemandado en este proceso, consideró que quedó plenamente demostrado con las pruebas que se aportaron que no hubo usurpación de ningún terreno e insistió en que la Municipalidad hizo dos pagos por la finca.