La Corte Plena consideró, este lunes, que el proyecto de ley que propone unificar todos los regímenes de pensiones e integrarlos al fondo que maneja la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sí afectaría el funcionamiento del Poder Judicial.
Con una votación de mayoría, los magistrados atendieron una consulta sobre el expediente núimero 21.539, que se denomina Ley Para la Unificación de los Regímenes de Pensiones, el cual fue presentado por el diputado socialcristiano Pedro Miguel Muñoz Fonseca.
La iniciativa consta de un solo capítulo que dice: “Todos los trabajadores del sector público o privado, que sean contratados después de la entrada en vigencia de esta ley, cotizarán para el régimen de pensiones administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social”.
Debido al pronunciamiento de la Corte, cuando este proyecto sea sometido a votación en la Asamblea Legislativa se requerirá del apoyo de una mayoría calificada de los diputados (39 votos) para que pueda convertirse en ley de la República.
Sobre este asunto, los siete magistrados de la Sala IV se abstuvieron de votar este lunes. Tampoco quisieron hacer comentarios sobre la iniciativa pues, a futuro, podría ocurrir que les corresponda resolver algún recurso de inconstitucionalidad sobre esa materia.
El diputado Muñóz sostiene que su proyecto pretende alcanzar “un sistema de pensiones básicas que sea congruente con el principio de unidad de la seguridad social en materia de pensiones y con los de igualdad, solidaridad y dignidad humana”.
En octubre del 2018, los magistrados emitieron un criterio similar cuando conocieron otro proyecto denominado Ley de Justicia, Solidaridad y Solidez de las Jubilaciones en Costa Rica, que está en el expediente Nº 20.927, el cual también establecía que a partir de su vigencia, las personas que ingresen a trabajar al Estado, sin importar el Poder, deberán cotizar para la CCSS.
La decisión, en aquella oportunidad, fue apoyada por 11 magistrados y se adoptó porque consideraron que la iniciativa afectaría el funcionamiento del Poder Judicial, pues significaría el cierre de su propio régimen de jubilaciones, que en este momento aglutina a cerca de 13.000 empleados.
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Este lunes, los magistrados emitieron criterios similares. Incluso Julia Varela, integrante de la Sala Segunda y a quien le tocó analizar la iniciativa de Pedro Muñoz, insistió en que de aprobarse ese proyecto sería el “cierre técnico del regimen de pensiones del Poder Judicial”.
Para una próxima sesión los magistrados tendrían que pronunciarse sobre otro proyecto legislativo que recorte las pensiones de lujo.
El texto original, impulsado por la diputada Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional (PRN), proponía cobrar la contribución especial solidaria a todas las pensiones superiores a ¢2,2 millones, en los regímenes de Gobierno, Magisterio Nacional y Poder Judicial.
Sin embargo, en la recta final, los diputados dispusieron que la base para el régimen judicial no sería desde los ¢2,2 millones, como se impondría a los otros dos regímenes, sino desde los ¢2,6 millones.
Esa base de ¢2,6 millones fue exactamente la que sugirió un estudio actuarial contratado por el Poder Judicial, el cual detectó que el régimen aún es insostenible pese a la reforma del 2018.
Otro criterio negativo
La Corte Plena también votó de manera negativa otra consulta legislativa sobre un proyecto que pretende incorporar un transitorio a la ley fiscal y que se tramita en el expediente 21.573.
Dicho plan busca que el gasto corriente de las instituciones del Estado a partir del presupuesto del 2021 “se mida en base al presupuesto ejecutado durante el periodo anterior, en este caso 2019, y no sobre la base del presupuesto finalmente aprobado para el 2020”.
El presidente de la Corte, Fernando Cruz, dijo que el plan sí afecta el funcionamiento del Poder Judicial.
Cruz agregó que el Poder Judicial tiene un 97,5 de ejecución del presupuesto, el cual calificó de excelente.
No obstante, hizo ver que en cualquier momento podría ocurrir alguna situación imprevista, como alguna contingencia natural, que impida ejecutar el presupuesto y, entonces, si se aprobara el proyecto, el Poder Judicial resultaría castigado.
Durante la sesión de esta manaña, los magistrados conocieron, además, dos asuntos disciplinarios, razón por la cual la sesión se declaró privada.