La Corte Plena del Poder Judicial acordó implementar la jornada laboral de seis horas, frente a la emergencia de covid-19, la enfermedad que produce el nuevo coronavirus.
La Comisión de Emergencias de esta institución presentó la propuesta este miércoles y la misma fue analizada y aprobada hoy mismo en una sesión virtual de los magistrados.
“Dada la situación de urgencia y necesidad existente, se modifica de manera emergente la jornada ordinaria de trabajo de los servidores del Poder Judicial, en aquellos despachos en que a pesar de la implementación de la modalidad de teletrabajo, no sea posible completar la reducción del 50% (del aforo) ordenada por el Ministerio de Salud, de manera tal que la misma sea de seis horas diaria”.
“A efecto de que puedan laborar en una sola audiencia, en horarios de 6 a. m. a 12 mediodía y de 12 mediodía a 6 p. m. en jornada continua, sin perjuicio de que dichos horarios se modifiquen de común acuerdo entre la respectiva jefatura y servidores, conforme al interés público”, se lee en la circular 50-2020.
Esto siempre y cuando no implique una afectación grave al servicio público, agrega ese mismo documento.
Esta medida temporal rige desde el propio miércoles y hasta el 12 de abril de este año y no aplica para quienes ya realizan teletrabajo. En el Poder Judicial operan 800 oficinas, que emplean a 12.500 funcionarios.
La Ley Orgánica del Poder Judicial faculta a la Corte Plena a tomar decisiones en un estado de emergencia como el que atraviesa el país actualmente.
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El artículo 59, inciso 20 de esta legislación señala que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia “fijar los días y las horas de servicio de las oficinas judiciales y publicar el aviso respectivo en el Boletín Judicial”.
Este miércoles, el Ministerio de Salud confirmó el contagio en 69 personas y el primer fallecido por esta enfermedad, un adulto mayor de 87 años en el Hospital San Rafael de Alajuela.
En la sesión de la mañana, en una votación de 13 contra 8, los magistrados rechazaron la posibilidad de ejecutar un cierre parcial del Poder Judicial, que implicaría reducir los servicios al mínimo vital.
Al respecto, Román Solís, de la Sala I, sostuvo que el país está en una situación de “excepcionalidad”, por una crisis que vive la humanidad entera y por ello era proclive al cierre parcial.
En cambio, su compañero de sala, Luis Guillermo Rivas, considera que, si bien está preocupado por los trabajadores y los usuarios del sistema, este no es el momento para un cierre de la administración de Justicia, que es necesaria para la sana convivencia en el país.
En esa misma sesión, Carlos Montero, del Consejo Superior, explicó que la institución mantiene un estricto protocolo para evitar el contacto físico y el hacinamiento en las dependencias y que se promueve el teletrabajo entre todos los funcionarios que pueden laborar a distancia.
Agregó que se le está dando prioridad de teletrabajo a población de riesgo como diabéticos, hipertensos o asmáticos.