La Corte Plena aprobó este lunes por la mañana un incremento salarial de ¢4.000 a la base por mes, lo cual beneficia a los 13.000 empleados judiciales, con excepción del extracto gerencial.
La decisión se hizo con fundamento en la política salarial que sigue el Poder Judicial y tiene el aval del Ministerio de Hacienda, explicó Roxana Arrieta Meléndez, directora de Gestión Humana.
El aumento rige a partir del 1.° de julio del 2018 y representa un costo mensual de ¢105 millones del cual se cuenta con el respectivo contenido presupuestario, agregó la funcionaria.
Este incremento no es aplicable a 48 funcionarios denominados como el extracto gerencial. Entre ellos están los 22 magistrados, la fiscala general, el subjefe del Ministerio Público, el jefe y subjefe de la Defensa Pública, el director y subdirector ejecutivo, la directora y subdirector de Gestión Humana, el director de Planificación, el director Jurídico, el director de la Escuela Judicial, la secretaria general de la Corte, el auditor judicial y el director y subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Asimismo, el ajuste va de acuerdo a los lineamientos que estableció Casa Presidencial en mayo pasado para contener el gasto y que rigen para todo el sector público.
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar había explicado que a partir de ahora, todos los semestres, el 100% de los empleados del Gobierno recibirá un aumento salarial idéntico, independientemente del monto de su salario base, en lugar de un porcentaje de aumento sobre su sueldo.
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Para el segundo semestre del 2018, ese monto será de ¢3.750. El ajuste se calculará al aplicar el porcentaje del costo de vida al salario base más bajo.
En el caso del Poder Judicial fue ¢250 más alto, porque el sistema que registra la planilla únicamente admite montos ajustes de ¢400 en ¢400. En este caso o se bajaba a ¢3.600 o se subía a ¢4.000.
Suplentes piden vehículo
Paralelamente, en la sesión de Corte Plena de este lunes varios magistrados suplentes (asistieron ocho a la reunión de este lunes) solicitaron se les facilite el uso de vehículo discrecional. En la actualidad solo los magistrados titulares cuentan con ese beneficio.
Una de las impulsoras fue Rosibel López, presidenta interina de la Sala Tercera, quien fundamentó la gestión en aspectos de seguridad.
Esa iniciativa fue secundada por Jorge Desanti, también de la Sala Tercera, y Marta Sequeira, de la Sala Constitucional.
Otros magistrados suplentes como José Paulino Hernández (Sala Constitucional), Jaime Robleto (Sala Tercera), María Alexandra Bogantes (Sala Segunda) y Héctor Blanco (Sala Segunda) dijeron que ese tema nos les interesaba y que ellos seguirán usando el vehículo personal, o utilizarán servicios públicos como el taxi o tren, como lo han hecho en los últimos meses.