Las medidas adoptadas en las cárceles para evitar contagios de covid-19 complican la realización de la audiencia para revisar la prisión preventiva dictada contra uno de los tres sospechosos de asesinar a la doctora María Luisa Cedeño.

Es el caso del ingeniero de sistemas, de apellidos Miranda Izquierdo, recluido en la cárcel 26 de julio, en Puntarenas, desde julio, para cumplir la medida de seis meses de prisión preventiva dictada en su contra, mientras avanzan las investigaciones.

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Dicha medida debe ser revisada según una decisión del Tribunal de Quepos, que el 28 de setiembre resolvió en su favor una apelación presentada por la defensa. Ordenó, además, señalar la fecha de la audiencia en las 48 horas posteriores.

La jueza penal Evelyn García Monge explicó, en un fallo emitido el 6 de octubre, que el Ministerio de Justicia le hizo saber que cualquier traslado de reclusos de la cárcel puntarenense a algún despacho judicial o bien al espacio destinado para videoconferencias debe realizarse posterior al 15 de octubre.

Por esa razón, dijo, la audiencia se realizará hasta dentro de casi dos semanas, pese a que es una diligencia urgente por tratarse de reo preso.

“Ante ello, se procede con el señalamiento de manera más próxima a la fecha establecida, sea para el día 22 de octubre 2020 a las 09:00 horas”, resolvió.

La audiencia

La audiencia de revisión debe realizarse luego de que Simón Ángulo y Érick Gatgens, abogados del imputado, pidieran el 9 de setiembre cambiar la medida cautelar porque consideran que las circunstancias que rodeaban el crimen cambiaron a favor de su cliente.

Los defensores detallaron los supuestos vínculos de Miranda con el crimen de la anestesióloga, ocurrido el 20 de julio en el hotel La Mansion Inn, en Quepos, eran unas mordeduras halladas en el cuerpo. No obstante, una pericia de saliva y ADN lo excluyó tanto a él como a Harry Bodaan, dueño del alojamiento y quien también figura como imputado.

Al único que presuntamente inculpaban esos dictámenes es a un hombre de apellido Herrera, quien fue detenido un día después del asesinato.

Pese a estos alegatos, el Juzgado Penal de Quepos consideró que las circunstancias no pudieron cambiar en pocos días, por lo que les rechazó de plano la petición.

Eso provocó que la defensa apelara ante el Tribunal de Quepos, que finalmente les dio la razón y reprochó que el Juzgado no diera el espacio para que los abogados plantearan sus argumentos. Por eso, le ordenó que en un término de 48 horas señalara fecha para la audiencia de revisión.

En el voto 65 -TJPQP-2020, del 28 de setiembre de la jueza Maureen Víquez, se lee:

"El juez penal debió haber otorgado la vista oral para escuchar los argumentos de las partes, garantizando el derecho de audiencia que tiene el imputado, posterior a ello hacer la valoración jurídica de la existencia o no de un cambio de las medidas.

“Postergar el análisis sobre circunstancias nuevas que, de acuerdo con la información que brinda la defensa del imputado, podrían variar la necesidad de mantener la prisión preventiva contra su defendido, es un tema que no puede ser debatido en otro momento, por cuanto la discusión sobre la libertad personal de todo ciudadano costarricense debe ser atendida de forma inmediata, de lo contrario se estaría lesionando dicho principio constitucional sin posibilidad de reparación”.

En atención a lo dispuesto por el Tribunal, el 5 de octubre, la jueza penal Evelyn García les notifica que la audiencia será el 22 de octubre; es decir casi seis semanas después de que la defensa pidiera por primera vez revisar la prisión preventiva de su representado, lo cual es visto por los abogados como una intención del juzgado de “retrasar la solicitud”.

Por ello, los abogados hicieron una solicitud de reconsideración de la fecha, la cual fue rechazada.

"Alega el gestionante que este despacho ha realizado un señalamiento con aras de retrasar la solicitud planteada por la defensa técnica, lo que claramente es una perspectiva del solicitante que en todos sus extremos se aleja de la realidad (...) De una simple lectura al legajo se logra extraer las diligencias oportunas realizadas por este despacho en aras de contar con la presencia del imputado.

“No obstante, los funcionarios del CAI 26 de julio (cárcel puntarenense donde está el ingeniero) ante la consulta de este despacho, remiten colilla de correos y ademas adjunta orden sanitaria N203-REG-0495 en donde, en su punto primero, refiere que el traslado de la población penitenciaria se deberá de realizar posterior al 15 de octubre 2020, cabe indicar que misma suerte con respecto al egreso de los privados de libertad al espacio destinado para las audiencias virtuales".

Paseo trágico

El crimen de María Luisa Cedeño Quesada, quien era jefa del Servicio de Anestesiología y Recuperación del Hospital Cima, en Escazú, San José, ocurrió cuando tomaba vacaciones de tres días.

Según la información dada por las autoridades, llegó al hotel La Mansion Inn el sábado 18 de julio y se hospedó en la habitación número 3.

El domingo, a las 9 p. m., bajó a recepción a pedir una botella de vino. Sin embargo, después de ese momento, no se le vio más.

Debido a que su salida del hotel estaba prevista para el lunes 20 de julio al mediodía, el personal de limpieza del hotel llegó a buscarla. Al no obtener respuesta, ingresó y fue cuando encontró el cuerpo envuelto en una cobija, ensangrentado y con varios golpes.

El hecho trascendió el martes 21 de julio, mismo día en que se informó sobre la detención de Herrera Martínez, quien era un conocido bailarín de clubes nocturnos josefinos.

Cuando lo llegaron a detener, los policías le observaron rasguños en su cuerpo y eso, entre otros elementos, fue clave para su captura. Este hombre cumple seis meses de prisión preventiva.

Cinco días después de esa captura, el 25 de julio, las autoridades detuvieron a Miranda Izquierdo por la supuesta participación en el homicidio. A él también le impusieron seis meses de prisión preventiva.

La última persona que fue detenida por este caso fue el dueño del hotel, a mediados de agosto. Se le vinculó por unas mordeduras que tenía la víctima en su mejilla y antebrazo.

El juez le impuso arresto domiciliario con tobillera electrónica también por seis meses.